Mañana es fiesta, pero no estamos para muchas fiestas. No sólo porque la Constitución se ha convertido en una suerte de tablas de la ley y es imposible que se desarrollen sus capacidades integradoras.

La población que vive en el umbral de la pobreza sigue escalando y sólo el año pasado Cáritas Barcelona atendió a 44.526 personas. En los últimos años, la situación de vulnerabilidad ha crecido tanto que la entidad diocesana alerta de que ha llegado “al límite” de su capacidad para atender a población vulnerable y seguir el ritmo del crecimiento de la pobreza, que afecta no sólo a las personas que están en paro sino también a las que tienen un trabajo estable con contrato. “Hemos tocado techo. No podemos crecer al ritmo que crecen las necesidades sociales, tenemos el barco lleno y la gente de alrededor se sigue ahogando”, han advertido este jueves en la presentación de su memoria anual.

Ciento veinte euros al mes por vivir en una furgoneta aparcada en la calle y tener acceso a un espacio de cotrabajo donde se puede cocinar, trabajar o ir al lavabo: esta es la nueva fórmula con la que Haibu 4.0, la empresa impulsora de los polémicos pisos colmena en Barcelona, pretende volver a la ofensiva para implantarse en la capital catalana.

“El problema de la vivienda no se está dimensionando bien”. “Las estadísticas oficiales no recogen toda la casuística y, por lo tanto, no son fieles a la realidad”. “Hay miles de personas viviendo realquiladas, en infraviviendas o en pisos y locales insalubres”. Las entidades sociales catalanas hace meses que intentan levantar la voz para hacer llegar estos mensajes. Avisan que la bola se está haciendo demasiado gorda y que el parque público de pisos es alarmantemente pequeño en relación con la cantidad de gente que necesita ayuda.

La muerte de una pareja asfixiada dentro de una barraca en Montcada i Reixac, en un asentamiento a la orilla del río Besòs con medio millar de infraviviendas, nos pone frente a una realidad de extrema pobreza con la cual convivimos sin verla, o sin quererla ver. Es como los sinhogar que viven en la calle, que a menudo tienen la sensación de ser seres transparentes a los ojos de la gente. Las dos víctimas de ahora, que todo hace pensar que murieron por inhalación de humo, se suman a la familia (padres y dos hijos muy pequeños) que el 30 de noviembre perdieron la vida en unos bajos okupados en la plaza Tetuan de Barcelona, en el Eixample, debido a un incendio. Son realidades que tenemos al lado. Ni la suma de servicios sociales y entidades del Tercer Sector da abasto para atender una creciente pobreza que se queda en los márgenes de todo, en una complicada subsistencia. Como sabemos bien, la llegada del frío es el momento más crítico. Son situaciones enquistadas que han ido a más: la crisis del coronavirus, cuando todavía no habíamos acabado de salir de la crisis económica anterior, ha puesto mucha gente al filo del abismo. "Aquí no han venido nunca los servicios sociales, solo la policía a avisarnos para que no hagamos fuegos muy grandes. Esto es la frontera", decía ayer una vecina del asentamiento de Montcada i Reixac, una olvidada tierra de nadie. La misma alcaldesa de la población, Laura Campos, impotente, describe la situación como una favela en crecimiento constante en plena área metropolitana. En el caso de Tetuan, en el corazón de Barcelona, los servicios sí que estaban encima, y el niño mayor estaba escolarizado. Pero no se les había podido facilitar una vivienda digna y legal.

Han tenido una muerte tan silenciosa como invisible fue su vida para las administraciones públicas. Jéssica –el apellido no ha trascendido– y Munir Bakhatafdil murieron el domingo asfixiados por el humo de un fuego que habían encendido para calentarse en una barraca del gran asentamiento que hay cerca del cauce del río Besòs, en el término municipal de Montcada i Reixac. A la pareja la encontró ya sin vida el hermano del hombre, que dio el aviso a la policía ante la incredulidad del resto de vecinos, que como no había signos exteriores no se habían dado cuenta de la tragedia, la última de una larga lista de víctimas de la pobreza. En esta desgracia hay víctimas ausentes, los hijos, tutelados por la DGAIA "por desamparo y no por indicadores de pobreza": el hijo común, de dos años y medio y que vive con una tía paterna, y dos menores más, de una relación anterior de la mujer, que han quedado huérfanos. Ninguno de los muertos estaba empadronado en este municipio vallesano.

Los casos son habituales: las presiones de propietarios obligan a inquilinos a marcharse de su casa de manera forzada, sea por aumentos del precio del alquiler, porque no les renuevan el contrato o por las malas condiciones de la vivienda. Es lo que se conoce como desahucios invisibles: aquellos que no se recogen en los datos oficiales porque no se derivan de órdenes judiciales. Un estudio pone cifra a estos procedimientos y recoge que cerca de la mitad (45,8%) de las mudanzas que hubo en el área de Barcelona entre los años 2014 y 2019 fueron consecuencia de un desahucio invisible. El documento atribuye las mudanzas forzadas de los últimos cinco años a la "vulnerabilidad" asociada al alquiler. "La movilidad residencial y el nomadismo, lejos de ser una opción de vida, son una forma de precariedad. Es, en realidad, inseguridad residencial", sentencia.