Satisfacción en la Moncloa con el pronunciamiento del abogado general de la UE sobre la amnistía. Pocos minutos después de que se haya conocido el dictamen que avala gran parte de la ley, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, lo celebró en los pasillos del Congreso como una "victoria rotunda", ya que el informe, apuntó, "dice con toda claridad" que la norma "es conforme al derecho europeo". Por contra, para el PP el pronunciamiento del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "advierte de la vulneración del estado de derecho", según la vicesecretaria de Relaciones Institucionales conservadora, Cuca Gamarra. Desde Junts, el expresidente Carles Puigdemont, que sigue pendiente de que se le aplique la amnistía, aseguró que el pronunciamiento deja "en evidencia" la estrategia para "bloquear la aplicación de la ley", y el secretario general, Jordi Turull, pidió al TC que fuerce su aplicación. Asimismo, en ERC, el presidente de la formación, Oriol Junqueras, también pendiente de la plena aplicación de la norma, celebró la decisión a la espera del pronunciamiento definitivo del TJUE.

1. Alfonso Armada, general del ejército español, fue condenado a 26 años, ocho meses y un día de reclusión mayor por ser, junto a Milans del Bosch, el jefe del intento del golpe de estado militar de febrero de 1981. Solo siete años después, y casi como regalo de Navidad, el consejo de ministros del PSOE indultaba a Armada. El presidente de ese gobierno no era otro que Felipe González. Quienes querían revertir la democracia en España, quienes pretendían interrumpir la Transición para volver a los modos franquistas de los últimos cuarenta años, fueron indultados por un gobierno socialista que no tenía ninguna necesidad. Quizás allí ya tuvimos un indicio de qué pie calzaba, el personaje.

Catalunya, en plano jurídico: como el PSOE retrasó la publicación de la ley de amnistía no fue hasta ayer que los jueces empezaron a preguntar a las partes si la amnistía es aplicable, algunos con el nada disimulado propósito de no aplicarla nunca o de tardar en lo posible en aplicarla. Y, por encima de todo, está la pieza de caza mayor, que es Puigdemont. Aunque la ley de amnistía dice claramente que los jueces deben dejar sin efecto las órdenes de búsqueda y captura y las órdenes estatales, europeas e internacionales de detención, si el juez cree que Puigdemont o Rovira no son amnistiables porque están investigados por terrorismo o por malversación agravada, entonces no levantará las euroórdenes. De hecho, el juez Llarena mantiene sus órdenes de detención contra los exiliados. Y esto nos lleva a una posibilidad de que haría titulares informativos en todas partes: que Puigdemont venga el día 25 a la primera sesión de investidura y sea detenido. En cualquier caso, si quieren saber en qué tribunal, para qué procesado o condenado y por qué causa se aplicará la amnistía no se pierdan estas dos páginas de Ot Serra y Roger Palós.

Nuevo pronunciamiento desde el poder judicial en contra de la amnistía. En las críticas de las asociaciones de jueces y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se suma ahora la del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, el instructor de la causa del 1-O por la que acabaron condenados los presos políticos y que aún permanece abierta para el expresidente Carles Puigdemont y la resto de exiliados. "De la misma forma que una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley, el sistema de justicia penal tampoco admite que un ciudadano pierda su libertad en supuestos en los que otros no merecieron sanción por los mismo comportamiento", ha dicho en una clara alusión a la norma para el olvido judicial del Proceso.