El abogado general del TJUE avala gran parte de la ley de amnistía y dice que no afecta a los intereses financieros de la UE

BruselasSoplo de esperanza sobre la aplicación de la ley de amnistía, aunque con matices. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que la norma acordada entre la Moncloa y los principales partidos independentistas es contraria a la legislación comunitaria para restringir a sólo dos meses el plazo máximo que la medida da al Tribunal de Cuentas para analizar la solicitud de un encausado para los intereses de la UE, pero avala el objetivo de reconciliación política y social de la iniciativa. "No constituye una autoamnistía", concluye el letrado, que contradice así los argumentos de la derecha española y que defendió a la propia Comisión Europea en vista del juicio en Luxemburgo. Os desgranamos la opinión del letrado Dean Spielmann punto por punto.

Argumento a favor de aplicar la ley en casos de malversación

El letrado del TJUE no debía dictaminar directamente si la amnistía puede aplicarse en los casos de malversación relacionados con el Proceso y en el que se encuentran implicados una treintena de líderes independentistas, como el líder de Junts, Carles Puigdemont, y el de Esquerra, Oriol Junqueras. Ahora bien, el hecho de que Spielmann considere que no es contraria a los intereses financieros de la UE, tal y como se excusa y se pregunta el Tribunal de Cuentas, allana un poco más el camino a los solicitantes de beneficiarse de la ley que están encausados ​​por malversación y están en manos del Tribunal Supremo.

Spielmann se muestra claro en este sentido. "Los intereses financieros de la UE no se oponen a la extinción de responsabilidad prevista por la ley de amnistía porque no existe un vínculo directo entre los gastos relacionados con el Proceso y la reducción de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la UE", dictamina el letrado. Así, el abogado general del TJUE desmonta por completo el argumento del tribunal español, que considera que los gastos relacionados con el Proceso que tenía por objetivo la independencia de Catalunya habría provocado una reducción del producto interior bruto (PIB) —índice de referencia que se utiliza para calcular la riqueza de un país— y, por tanto, de la UE y de su presupuesto. De este modo, el tribunal español considera que habría obligado al resto de Estados miembros, también a España, a incrementar su aportación a las arcas comunitarias o se habría llevado a cabo un recorte de las cuentas generales del bloque europeo.

Aval a amnistiar el terrorismo

El letrado tampoco comparte las objeciones de los tribunales españoles a aplicar la amnistía a los CDR encausados ​​por terrorismo. Spielmann apunta que la ley "ya establece una exclusión explícita de los actos que hayan provocado de forma intencionada violaciones" relacionadas con el terrorismo y que, por ello, "no parece incompatible" con el objetivo de la medida de querer amnistiar a los independentistas. Además, el abogado general del TJUE indica que la normativa está muy clara a la hora de marcar los límites de alcance en materia de casos de terrorismo porque se remite "expresamente" al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En la misma línea, Spielmann recuerda que la naturaleza de una amnistía es la de una medida excepcional y que se aplica en casos concretos, como puede ser el del post-Proceso. Por tanto, el abogado general del TJUE no considera que ponga en riesgo la seguridad jurídica ni supone una discriminación por motivos ideológicos. "La ley de amnistía permite trazar una frontera suficientemente clara entre las conductas susceptibles de beneficiarse de una amnistía y las conductas que, por su gravedad, deben seguir sometidas al régimen de sanción penal que la propia legislación europea establece", concluye el letrado.

Demasiado poco tiempo para evaluar las solicitudes de amnistía

Por el contrario, el letrado del TJUE considera que el plazo de dos meses que la ley da al Tribunal de Cuentas para analizar la solicitud de un encausado para beneficiarse de la amnistía es contraria al derecho de la Unión Europea y asegura que es "excesivamente corto". Incluso apunta que "puede vulnerar" la independencia judicial. Así, pese a que recoge el argumento del gobierno español, que alega que se trata de un plazo indicativo, subraya que "ninguna de las partes interesadas" comparte esta visión y todas piden más margen de tiempo. Este matiz en el aval general de la amnistía por parte del letrado del TJUE puede dar alas a los argumentos del Tribunal de Cuentas —así como en el Tribunal Supremo— para tardar aún más en tomar una decisión sobre las solicitudes para beneficiarse de la amnistía que debe evaluar.

En este sentido, el abogado general del tribunal de máxima instancia de la justicia europea aboga por evitar a todas luces la exigencia de este plazo máximo de dos meses, cuestión que ya había puesto sobre la mesa la Comisión Europea. "Esta obligación privaría el procedimiento prejudicial de todo efecto útil", indica el letrado.

Por otra parte, la resolución del abogado general del TJUE apunta que es necesario que los tribunales españoles puedan escuchar a todas las partes, no sólo a las administraciones públicas que puedan verse directamente afectadas por los gastos del Proceso, y recuerda que aceptar una solicitud de amnistía sin cumplir con este principio "impediría mantener un debate contradictorio". Sin embargo, Spielmann duda de que realmente la ley niegue que los tribunales españoles puedan escuchar a todas las partes y deja en manos del Tribunal de Cuentas valorarlo.

Revés al principal argumento de la derecha española

El abogado general del TJUE avala el objetivo principal de la amnistía acordada entre el gobierno español y los partidos independentistas. "Se aprobó en un contexto real de reconciliación política y social", indica Spielmann. Además, tumba uno de los principales argumentos de la derecha española y del abogado de la Comisión Europea, el español Carlos Urraca, quien afirmó en vista del juicio el pasado verano que se trataba de una "autoamnistía" y que "no es compatible con los valores de la UE" aprobar una ley de este tipo "a cambio de apoyos para formar un gobierno". "No es una autoamnistía y tampoco incluye violaciones de derechos humanos, entre los que se pueden incluir las violaciones contra el derecho a la vida y la integridad física", apunta el letrado.

Los próximos pasos

El pronunciamiento del abogado general de la UE es clave para la aplicación de la ley de amnistía. Aunque el dictamen no es definitivo, suele tener gran influencia sobre la sentencia final. Puede marcar con mucha probabilidad el camino del veredicto del tribunal de máxima instancia de la justicia europea: cerca del 80% de las veces la posición del juez coincide con la previamente señalada por el abogado general. La sentencia definitiva suele hacerse pública a las pocas semanas o meses después del pronunciamiento del letrado del TJUE.