El caso Leire y la incomodidad del PSOE
BarcelonaCuando todavía no se ha disipado el impacto de la imputación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el caso Leire, que investiga una presunta trama para torpedinar casos judiciales que afectaban a miembros del gobierno o del entorno de Pedro Sánchez, amenaza con convertirse en una bomba de relojería contra el PSOE. En las últimas horas hemos visto cómo el sumario ha obligado a los socialistas a matizar o directamente rectificar declaraciones anteriores. Ahora, por ejemplo, ya no se puede afirmar que Leire Díez no era nadie en el PSOE, cuando sabemos que se reunió 22 veces con Santos Cerdán; que entraba con normalidad en Ferraz; que hablaba con la presidenta del partido, Cristina Narbona, y que se reunió hasta en tres ocasiones con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.
El hecho de que antes Narbona hubiera negado que la conocía y que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hubiera desmentido cualquier reunión con González no hace más que aumentar las sospechas sobre cuánta gente estaba al tanto dentro del PSOE de las maniobras de Díez. La acumulación de indicios contra la fontanera del PSOE es de tal magnitud que los dirigentes actuales del partido han decidido asumir las tesis del sumario y cargar contra ella, Cerdán y algunos otros implicados calificándolos de "farsantes y resentidos", pero no se acaba de entender por qué se mantiene la confianza en algunos de los imputados, como la gerente del partido. La única línea de defensa que le queda al PSOE es afirmar que Pedro Sánchez no sabía nada, como él mismo ha querido dejar claro este viernes, y que el error fue poner el partido en manos de alguien como Santos Cerdán (y antes José Luis Ábalos).
Ahora bien, que se pusiera en marcha una operación tan torpe contra casos con tufillo a lawfare como el que afecta al hermano de Sánchez no quiere decir que este lawfare no exista. Estos días estamos asistiendo a un juicio penal por un caso, el de la presunta contratación fraudulenta del hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz, que debería ir por la vía administrativa. Sobre todo porque las pruebas de la adulteración del concurso brillan por su ausencia y la Fiscalía pide su absolución. También sorprende que en este y en otros casos que afectan al PSOE sea la misma persona, el jefe de la UCO, Antonio Balas, el que lleve la voz cantante.
Que la Guardia Civil tiene ganas de convertir el caso Leire en una causa general contra el PSOE lo demuestra el hecho de que hayan pedido al juez toda la información bancaria y tributaria del partido desde el 2024. También quería la del PSC, al cual intenta involucrar con una campaña publicitaria que en realidad es del PSOE, pero el juez ha decidido dejar por el momento a los socialistas catalanes fuera de la investigación.
Por tanto, estamos ante un panorama judicial en el que es muy difícil distinguir el grano de la paja y en el que junto a indicios sólidos hay lecturas sesgadas de jueces y policías que, invariablemente, parecen responder a la famosa instrucción aznariana de "quien pueda que haga".
