La crisis energética y de precios que pasan España y el resto de estados miembros de la Unión Europea ha obligado al gobierno español a prorrogar por tercera vez un plan excepcional de medidas económicas para aligerar las consecuencias económicas de la inflación causada, sobre todo, por la guerra en Ucrania. El último consejo de ministros del año ha aprobado este martes un nuevo paquete de medidas de hasta 10.000 millones de euros para afrontar la crisis energética y de precios. Entre las novedades principales hay medidas para contener los precios de los alimentos y de la vivienda como la supresión del IVA para la comida de primera necesidad y la limitación durante medio año del aumento de precios del alquiler.

El impuesto sobre las eléctricas vuelve a marcar la pugna entre los dos socios de coalición del Gobierno español, PSOE y Unidas Podemos. Dos semanas antes de que decaiga el decreto de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra, las dos formaciones están negociando su prórroga durante tres meses más, es decir, qué medidas continúan y cuáles se modifican o si se introducen nuevas, como por ejemplo un impuesto sobre las eléctricas, como pide Unidas Podemos. De hecho, es precisamente en este último punto donde las posiciones están más alejadas.

Este es el tercer curso en el que en Barcelona está en marcha un renovador plan de choque contra la segregación que ha sacudido los centros educativos: debido a las alarmantes cifras de segregación escolar en la ciudad y con el objetivo de evitar que se creen escuelas gueto, el Consorcio de Educación decidió repartir a los alumnos pobres (los que los servicios sociales determinan como alumnos con necesidades socioeconómicas especiales) de manera "equilibrada" y "equitativa". La idea era detectar a los alumnos vulnerables de P3 y 1º de ESO –se calcula que cerca de un 14% de los menores de 17 años viven en pobreza extrema en Barcelona–, preasignarlos a un centro concreto, que las familias podían aceptar o rechazar, y darles gratuitamente los campamentos, el comedor, las extraescolares y actividades de verano, tanto si les tocaba un centro público como uno concertado.

Un mes después de su puesta en escena –con el nombramiento del president y los consellers a la sombra– el gobierno alternativo del PSC ha presentado este jueves su primera propuesta: un plan de choque de 1.500 millones de euros para hacer frente a la crisis social generada por el covid-19. Un documento de 28 páginas detalla las diversas medidas indicando el dinero que se tendría que invertir y las personas que saldrían beneficiadas, así como los diferentes fondos de donde se tiene que sacar el dinero. Todo como si se tratara de un plan de choque anunciado por Pere Aragonès, con la diferencia que el recorrido es más limitado: se presentará en forma de moción en el Parlamento, se trasladará su contenido al ejecutivo catalán y, como mucho, alguna de las medidas acabará convertida también en propuesta de ley por parte de los socialistas.