“Se está haciendo política a golpe de sentencia”. Con esta contundencia explica una fuente financiera por qué ningún banco está firmando un aval que pararía el proceso de embargo a 34 responsables políticos catalanes. El argumentario se repite entre los diferentes bancos: “Hay dudas sobre la validez jurídica de la operación”, dicen, en referencia al hecho de que la misma Generalitat, que aparece en el caso como perjudicada, sea quien presenta las garantías de cara al hecho de que los bancos puedan dar los avales. 

El miércoles se acaba el plazo para que los investigados de la causa de Exteriores depositen la fianza de 5,4 millones de euros en el Tribunal de Cuentas. Para hacerles frente, la Generalitat puso en marcha un fondo para evitar los embargos de patrimonio de los encausados, pero a un día de la fecha tope no ha conseguido el aval bancario para cubrir las fianzas y la situación es ahora mismo complicada, al menos de entrada. Según varias fuentes conocedoras de la situación consultadas por el ARA, por ahora no se ha encontrado ningún banco que haga de intermediario –tenía que actuar de avalador y la Generalitat de contraavalador– y se espera poder cerrar algún acuerdo más adelante, una vez el Consejo de Garantías Estatutarias ya se haya pronunciado y el consejo de ministros haya desvanecido del todo la incógnita sobre si impugnará o no el decreto ley del Govern. Como solución transitoria, varias fuentes constatan que se está buscando el dinero a través de los partidos independentistas, particulares, la Caixa de Solidaritat o el mismo patrimonio de los encausados para hacer frente de entrada a la fianza de más de cinco millones. Una garantía que sería sustituida más adelante por el aval de la Generalitat si se cierra un acuerdo con una entidad bancaria –algunas fuentes apuntan que el pacto estaría terminado eb el mes de septiembre-. Fuentes oficiales de Economía se limitan a decir que siguen en contacto con entidades bancarias y que trabajarán hasta el último minuto para conseguir el aval de un banco.