Dicho y hecho. El gobierno español ha acelerado el paso de cara a tener presupuestos del Estado para el próximo año y acabar con la prórroga de los del 2023. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles las líneas generales y criterios que tendrán que tener estas cuentas, que el presidente Pedro Sánchez aseguró que presentaría durante una entrevista en TVE1 el lunes.

Pedro Sánchez se ha ido de vacaciones con un reto: tener unos presupuestos generales del Estado en 2026, aunque ya va tarde en los trámites habituales. Durante esta legislatura, el gobierno español no ha intentado llevar unas cuentas públicas al Congreso de los Diputados –el Estado está funcionando con los presupuestos de 2023–. Ni siquiera ha presentado un anteproyecto de presupuestos, es decir, un texto que, al menos, pase por el consejo de ministros. Ahora, sin embargo, el propio Sánchez ha asegurado que quiere dejar atrás las cuentas de hace dos años. Para alcanzar este anhelo deberá convencer a la mayoría plurinacional que permitió su investidura –nadie prevé un acuerdo con el PP– y eso requiere presentar unos presupuestos que gusten desde Junts hasta Podem, formaciones que habitualmente tienen posiciones alejadas, lo que ha supuesto un obstáculo en muchas ocasiones. El horizonte, por tanto, no se presenta plácido. "No habrá [presupuestos]", sentencia un ex diputado catalán en el Congreso, que conoce de primera mano al entramado negociador tras unas cuentas públicas del Estado.

La negociación de los presupuestos generales del Estado (PGE) para 2011 nos da muchas lecciones. En el pico de la crisis financiera, el gobierno del PSOE dependía crucialmente del apoyo de varias minorías. La mayor era CiU. El gobierno del Estado estaba muy dispuesto a negociar para sobrevivir políticamente en aquellos momentos tormentosos, cuando muchos gobiernos europeos caían ante el embate incontrolable de la crisis financiera. CiU no quiso entrar en la negociación porque debía enfrentarse al PSC en las elecciones al Parlament de Catalunya que debían hacerse en noviembre. Sentía que un pacto en Madrid era incompatible con la competición electoral en Catalunya. Ante la negativa de CiU a pactar, el PSOE tuvo que ponerse en manos del PNV. Si el PNV hubiera seguido la lógica de CiU se habría negado a negociar dado que, desde 2009, estaba en la oposición, a consecuencia de los cambios de mayorías parlamentarias derivadas de la ilegalización de Herri Batasuna y de la formación que le había sustituido a efectos electorales. Tenía muy buenas razones para mostrar su disgusto en el PSOE y para votar movido por la rabia de haber perdido –en favor del PSE– la lendakaritza y el gobierno. Pero siguió su propia lógica, consistente en obtener lo máximo que pudiera en beneficio de su ciudadanía. Una lógica que separaba la política y los sentimientos, por calientes que fueran, de los intereses y del servicio a su ciudadanía aunque estuviera en la oposición. Además, no olvidemos que seguía habiendo más de mil vascos prisioneros a más de mil kilómetros de su casa. Con todas estas circunstancias en contra, que habrían justificado la renuncia de minorías catalanas a pactar mejoras económicas en Madrid, el PNV no sólo pactó sino que logró una de las mejores cosechas de ventajas económicas que había obtenido nunca desde la entrada en funcionamiento de su Estatuto de Autonomía. Puso las bases para la secuencia, ininterrumpida desde 2012, de gobiernos de Euskadi con presidencia del PNV.

Del dedo al hecho. El Partido Popular, con mayoría absoluto en el Senado, tumbará la senda de estabilidad del gobierno español y, por tanto, los objetivos de déficit y deuda que el ejecutivo de Pedro Sánchez había establecido para poder elaborar unos nuevos presupuestos generales del Estado (ahora siguen prorrogadas las cuentas públicas de 2023). Así lo ha anticipado el senador popular Gerardo Camps durante el pleno en la Cámara Alta española este miércoles por la mañana (la votación se celebra por la tarde).

Catalunya tendría que recibir 2.230,3 millones de euros en inversiones del Estado en 2022. Es una frase en condicional porque si los presupuestos ya no son una ciencia exacta, cuando además nos fijamos en las inversiones en Catalunya la capacidad de predicción prácticamente pasa a ser la de las cartas del tarot. Entre 2013 y 2020, por ejemplo, la ejecución de las inversiones se situó en el 67,4%, según calculó la Cambra de Comerç de Barcelona, con un pico del 81% en 2017. Es decir, ninguno de los años analizados se cumplió lo que se había presupuestado. La situación no parece haber cambiado desde entonces: durante el primer semestre del año pasado –los datos anuales todavía no son públicos– solo se había ejecutado el 13% de las inversiones. Eliminar la distancia entre lo que se dice que se hará y lo que realmente se acaba haciendo es la base del último informe del Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA), que plantea tres posibles soluciones. Todas ellas, eso sí, tendrían que contar con el acuerdo del gobierno español, el mismo que hoy por hoy continúa sin cumplir.

Una línea ferroviaria que una las localidades de Gandia y Dénia, y termine así el tantas veces reclamado tren de la costa; el túnel pasante de Valencia, fundamental para completar el Corredor Mediterráneo; el acceso ferroviario al aeropuerto de Alicante-Elx Miguel Hernández o la mejora de la línea de tren entre Xàtiva y Alcoi. Son tres de las grandes infraestructuras que olvida el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022 que presentó la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ayer miércoles en el Congreso de Diputados.

Catalunya recibirá el 17,2% de la inversión regionalizable del gobierno español. En total, la cifra equivale a 2.230,34 millones de euros, según el proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2022 que se ha presentado este miércoles en el Congreso de Diputados. Una vez más, esta cifra está por debajo del peso de Catalunya en la economía española (19%). El conjunto de comunidades recibirán 13.007 millones de euros (el año pasado recibieron 12.125 millones) si se cumple el presupuesto para el año 2022, es decir, si se ejecuta toda la inversión presupuestada. La encargada este miércoles de presentar las cuentas públicas en el Congreso ha sido la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la sala Ernest Lluch.

ERC ha empezado la semana endureciendo el discurso sobre la negociación de los presupuestos generales del Estado. Los republicanos mantienen que están dispuestos a negociarlos con el PSOE, pero este lunes han introducido un matiz importante: ahora mismo no solo dirían no en la votación final, sino que incluso serían partidarios directamente de que el Congreso no los aceptara ni a trámite. "Hoy desde ERC votaríamos no en los presupuestos generales del Estado", ha dicho la secretaria general adjunta de los republicanos, Marta Vilalta.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que los presupuestos generales del Estado incluirán un bono de 400 euros para los jóvenes que cumplan 18 años para destinar a cultura. Se trata de una ayuda directa y de carácter finalista, con el objetivo de crear un "círculo virtuoso" entre la juventud, el acceso a la cultura y la promoción de la industria cultural. El jefe del ejecutivo español ha hecho el anuncio desde Eslovenia, donde participa en la cumbre Unión Europea-Balcanes, y coincidiendo con el Día del Cine Español.

Fumata blanca en el gobierno español. PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo para los presupuestos generales del Estado y la ley de vivienda, que la formación lila vinculaba a la negociación para desencallar las cuentas. Esta vez debería ir en serio, porque esto es lo que ya acordaron para las cuentas del año pasado. A través de un breve mensaje, la Moncloa ha explicado que se darían más detalles del contenido más adelante y el entorno a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha confirmado el acuerdo al ARA.

Este martes empieza oficialmente la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para negociar los presupuestos generales del Estado y los socios de la investidura, con los que el gobierno español prevé aprobar las cuentas, han empezado a pedir concreciones. Desde el atril del Congreso, ninguno de los grupos ha querido hablar de líneas rojas, pero sí han fijado sus prioridades. Para ERC, por ejemplo, la ley del audiovisual y la ley de memoria histórica son normativas que tendrían que avanzar en paralelo a la negociación de las cuentas. Estos son dos de los temas que los republicanos pondrán encima de la mesa, precisamente, en la reunión que mantendrán este martes con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que antes habrá empezará la ronda reuniéndose con el PP.

La temporada verano-otoño en las relaciones entre la Generalitat y el gobierno español promete ser intensa y ya tiene dos citas clave: la reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado del 2 de agosto y la mesa de diálogo del 13 de septiembre. Ahora bien, se le tiene que añadir una tercera variable: la negociación de los presupuestos generales del Estado de 2022. Los votos de Esquerra podrían volver a ser claves para que haya cuentas públicas en el Estado, y vuelve a situar a los republicanos en el radar del PSOE y su búsqueda permanente de socios parlamentarios. ERC reconoce abiertamente que está en disposición de negociarlos, pero primero exige que se cumpla punto por punto el pacto de presupuestos que firmó con los socialistas en noviembre del año pasado y que sirvió para aprobar las cuentas que hay vigentes actualmente. "Para trabajar en los del año que viene es necesario que se cumplan los acuerdos", ha advertido este lunes la secretaria general adjunta republicana, Marta Vilalta.