El catalanismo no puede permitirse ser antipático. Puede permitírselo el nacionalismo de estado, incluso cierta izquierda, pero no el catalanismo ni el independentismo ni el nacionalismo catalán. Esto es así porque sus planteamientos no se refieren a un ideal abstracto, sino a una propuesta concreta sobre un terreno concreto y con una sociedad concreta, la catalana, que si tiene que ser independiente tiene que serlo desde un acuerdo social mínimamente sólido. La prueba de ello es España: España se ha creado de forma artificial durante siglos, y si hasta hace poco se me podía replicar con la Constitución pactada del 78, que podemos aceptarlo como más o menos cierto, desde el año 2006 (y especialmente en el 2017) esto ya no es así: España ya no es un pacto, e incluso ha preferido evitar por la fuerza cualquier alternativa democrática. Por lo tanto, el independentismo (catalanismo/soberanismo/etcétera) tiene que hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo hacer una oferta de país que pueda no ser demasiado artificial, demasiado indigesta, demasiado inasumible para un número demasiado elevado de sus habitantes, e incluso para la comunidad internacional?

Cuenta Zapatero en una entrevista en El País que cuando él era presidente, Rajoy se mostraba en privado más receptivo con el fin dialogado con los terroristas de ETA que con el Estatut de Catalunya. Pues no hace falta añadir más.

La agenda negociadora entre los partidos catalanes que han investido al gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE incluye, en la vertiente económica, la reivindicación general de un nuevo modelo de financiación pero también iniciativas más particulares.

¿Aún estamos a tiempo que una propuesta económica resuelva el encaje político de Catalunya en el Estado? Algunas constataciones breves.

Oyes que en un acto del PP gritan contra el terrorismo, pero resulta que no están condenando a ETA, ni al terrorismo islamista, ni al de estado, sino que están hablando del Procés. Lees que un juez está trabajando para imputar un delito de alta traición por injerencia de Putin y la trama rusa en general, y también están hablando del Procés.

Les negociacions de Junts amb el PSOE en relació amb la immigració tenen dues visions. Per a Junts, aquest és un problema seriós per a Catalunya –la comunitat autònoma amb més immigració–, i per al partit suposa un pas significatiu haver negociat el traspàs de les “competències integrals” en la matèria. Si són integrals, són totes?

En España llevan siglos en conflicto los conceptos de estado y nación. ¿Viene de la Guerra de Sucesión de 1714? ¿Viene de la revolución industrial en el siglo XIX en el País Vasco y Catalunya?

En mi opinión, las claves de la legislatura que se inicia en Madrid son tres. La primera consiste en saber si la amnistía se convertirá en algo irreversible, o si conseguirán detenerla en algún punto del camino que ya se ha empezado a transitar. La segunda clave radica en las posibilidades reales de garantizar una estabilidad parlamentaria en Las Cortes que permita decidir y gobernar. Y la última clave pasa por averiguar si los pactos que se han logrado para la investidura de Pedro Sánchez servirán para resolver el conflicto político con Catalunya.

Los acuerdos firmados por los principales partidos independentistas con el PSOE van mucho más allá de la investidura de Pedro Sánchez y han permitido alinear a los partidos catalanistas en una sola reivindicación, la de la amnistía. Si bien no tenemos la fotografía, la futura ley de amnistía ha sido bendecida, no sin matices, de la CUP en el PSC. Sin embargo, después de los hechos de 2017, la conversión de esta coyuntura en una oportunidad política para Catalunya resulta más dudosa. Es por ello que conviene centrar todos los esfuerzos en la gestión colectiva de este pacto durante los próximos meses y años; sólo así podrá pasar de ser un acuerdo de investidura, fruto de la coyuntura electoral, a un acuerdo histórico. Están llamados todos los que han participado e, incluso, los que lo miran desde la barrera.

Mañana se acaba el plazo para que los perseguidos por el Tribunal de Cuentas depositen la fianza de 5,4 millones de euros. Como recordarán, la Generalitat creó un fondo para evitar los embargos de patrimonio de los encausados, pero a la hora en la que les hablo no ha conseguido el aval bancario para cubrir las fianzas y, como explican hoy Núria Orriols y Gerard Pruna, la situación es complicada. Varias fuentes han explicado al ARA que no se ha encontrado un banco que haga de intermediario. El sistema era que un banco avalaba y la Generalitat contraavalaba, y ahora se espera que sea más fácil llegar a un acuerdo una vez el Consejo de Garantías Estatutarias ya se haya pronunciado y el consejo de ministros haya decidido si impugna o no el decreto ley del Govern. Como solución transitoria, varias fuentes constatan que se está buscando el dinero a través de los partidos independentistas, particulares, la Caixa de Solidaritat o el mismo patrimonio de los encausados para hacer frente de entrada a la fianza de más de cinco millones. Una garantía que sería sustituida más adelante por el aval de la Generalitat si se cierra un acuerdo con una entidad bancaria –algunas fuentes apuntan que en septiembre–. Fuentes oficiales de Economía se limitan a decir que siguen en contacto con entidades y que trabajarán hasta el último minuto para tener el aval de un banco. O sea que si mañana no hay aval, el Tribunal de Cuentas procederá a embargar los bienes de los políticos y cargos públicos catalanes de la lista fatídica.