El Govern, sin aval para las fianzas de Exteriores a un día de la fecha tope

BarcelonaEl miércoles se acaba el plazo para que los investigados de la causa de Exteriores depositen la fianza de 5,4 millones de euros en el Tribunal de Cuentas. Para hacerles frente, la Generalitat puso en marcha un fondo para evitar los embargos de patrimonio de los encausados, pero a un día de la fecha tope no ha conseguido el aval bancario para cubrir las fianzas y la situación es ahora mismo complicada, al menos de entrada. Según varias fuentes conocedoras de la situación consultadas por el ARA, por ahora no se ha encontrado ningún banco que haga de intermediario –tenía que actuar de avalador y la Generalitat de contraavalador– y se espera poder cerrar algún acuerdo más adelante, una vez el Consejo de Garantías Estatutarias ya se haya pronunciado y el consejo de ministros haya desvanecido del todo la incógnita sobre si impugnará o no el decreto ley del Govern. Como solución transitoria, varias fuentes constatan que se está buscando el dinero a través de los partidos independentistas, particulares, la Caixa de Solidaritat o el mismo patrimonio de los encausados para hacer frente de entrada a la fianza de más de cinco millones. Una garantía que sería sustituida más adelante por el aval de la Generalitat si se cierra un acuerdo con una entidad bancaria –algunas fuentes apuntan que el pacto estaría terminado eb el mes de septiembre-. Fuentes oficiales de Economía se limitan a decir que siguen en contacto con entidades bancarias y que trabajarán hasta el último minuto para conseguir el aval de un banco.

Uno de los planes B en el supuesto de que la Generalitat no llegue a tiempo de avalar las fianzas sería que Esquerra utilizara sus propios recursos para hacer frente a buena parte de la cifra correspondiente en 2016 y 2017 de la acción exterior –la que afecta Raül Romeva y Oriol Junqueras– y cubriera así de manera solidaria también parte del resto de investigados. Para llegar a los 5,4 millones, sin embargo, haría falta que también aportara dinero la Caixa de Solidaritat –unos 800.000 euros– o que se aportara patrimonio de los encausados hasta cubrir toda la fianza. La otra posibilidad es que el dinero de la Caixa de Solidaritat se utilice para acabar de liquidar la condena del 9-N y que algunos de los bienes hasta ahora embargados en esta causa pasen a servir de aval para una parte de la fianza de la causa de Exteriores en el mismo Tribunal de Cuentas. De este modo, se intentarían resolver dos cuestiones a la vez: el pago de la multa por el 9-N y las fianzas provisionales pendientes.

Esta es la situación a estas alturas, a pesar de que nadie se atreve a descartar del todo un giro de los acontecimientos a última hora. Está previsto que mañana martes se reúnan los abogados de los encausados para acabar de acordar qué harán. Se da el caso que los investigados ya han empezado a solicitar el aval de la Generalitat, de forma que en pocas horas tendrán que encontrar una alternativa para evitar el embargo masivo de bienes. Y es que el problema es doble: no hay hoy por hoy un acuerdo cerrado con ninguna entidad bancaria que pueda actuar de avalista y el plan B, que sea el Institut Català de Finances quien avale directamente, se quiere evitar para no poner en riesgo la entidad.

Un mecanismo, a la espera

Vayamos por partes. La primera pregunta que responder es cómo funciona el fondo complementario de riesgos que hace quince días aprobó la Generalitat a través de un decreto ley. Para hacer frente a las fianzas del Tribunal de Cuentas –y a todas las que aparezcan en causas en las que haya implicados cargos o ex cargos de la Generalitat–, el Governo puso en marcha un tipo de aseguradora que pudiera actuar como contraavalador en estos casos. La idea es que cualquier persona con responsabilidades en la administración (o que haya tenido) pueda solicitar el seguro al Institut Català de Finances (mientras no se cree un fondo específico), que, a su vez, pediría un aval a una entidad financiera para presentar ante los juzgados. En caso de que se tuviera que ejecutar, en última instancia la Generalitat depositaría el dinero y el afectado no lo tendría que devolver hasta tener una resolución de las instancias europeas.

La semana pasada la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, aseguró que si no se encontraba un banco que hiciera este rol ya se habían previsto alternativas. Se refería al mismo decreto ley aprobado por el consejo ejecutivo el 6 de julio pasado, que en su disposición transitoria segunda viene a decir que el Institut Català de Finances puede actuar de manera provisional como avalador. Este es un escenario que se ha valorado por parte del Govern, pero, según las fuentes consultadas, lo más probable a estas alturas es que se acabe descartando para no poner esta entidad en el punto de mira. No es la única partida que juega el ICF en esta legislatura: uno de los compromisos es obtener la ficha bancaria a través del Banco de España, y una operación arriesgada lo podría complicar todavía más.

El tribunal descarta ampliar plazos

A la carrera a contrarreloj para obtener los avales se ha sumado otra decisión este lunes: la negativa del Tribunal de Cuentas a ampliar el plazo para poder depositar la fianza. Así lo habían pedido varios abogados, pero la delegada instructora Esperança Garcia lo ha rechazado porque el plazo otorgado es "superior a los diez días" de carácter general, de forma que lo considera "razonable y suficiente" para depositar la fianza –según explica Europa Press, que ha tenido acceso a la resolución–. De este modo, ha descartado cualquier opción de ampliar el margen que podía tener la Generalitat para activar el mecanismo de avales, a pesar de que hay letrados que esperan todavía solicitarlo mañana para intentar ganar tiempo.

Una vez se depositen las fianzas –sea de la manera que sea– o se embargue el patrimonio de los encausados, el procedimiento continuará su curso. Después de las actuaciones previas, la Fiscalía tendrá que decidir si, de acuerdo con la documentación que tiene, interpone una demanda y, a partir de aquí, la treintena de ex cargos de la Generalitat podrán defenderse en un juicio. Solo después de la sentencia se sabrá si los más de cinco millones de euros de fianza se convierten o no en una multa.