Jornada clave para el relevo en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Los tres candidatos a relevar a Jesús María Barrientos han expuesto sus méritos y proyectos en la comisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se encarga del proceso de selección. La disputa en el máximo órgano de gobierno judicial en Cataluña es entre tres nombres: la actual decana de los juzgados de Barcelona, ​​Cristina Ferrando, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM); la exdecana de la capital catalana y presidenta de la sección 12 de la Audiencia de Barcelona, ​​Mercè Caso, asociada a la progresista Jueces y Juezas por la Democracia (JJxD), y el magistrado Guillem Soler, titular del juzgado de primera instancia 1 de Barcelona y miembro de Ágora Judicial, fundada tras el 1-O por un grupo de jueces críticos con la judicialización del Proceso.

Los nombres de Ana Ferrer y Pilar Teso, consideradas cercanas al PSOE, causan picor a la derecha judicial española. Se constató cuando el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debía escoger nueva presidencia y el bloque progresista los puso sobre la mesa. Hubo que recurrir a Isabel Perelló, una magistrada con la que nadie contaba de entrada, para deshacer el bloqueo al órgano de gobierno de los jueces. El enrocamiento tiene números de repetirse ahora que toca elegir cuatro presidencias de sala del Tribunal Supremo, con dos especialmente delicadas, la segunda y la tercera. En esta última vuelven a competir Teso y Pablo Lucas, como ya hicieron para el CGPJ.

En la cumbre mundial de actores de extrema derecha que Vox organizó en Madrid el pasado mayo, el presidente argentino, Javier Milei, llamaba a luchar unidos contra el “socialismo cancerígeno” y lo que él llama los zurdos. También en el PP se suele cerrar filas a pesar de las diferentes sensibilidades, porque se tiene claro quién es el adversario. Esta máxima en la derecha política se reproduce también en el plano judicial: en el sector conservador conviven dos almas que, a la hora de la verdad, no permiten fisuras. De la misma manera que Borja Sémper y Cayetana Álvarez de Toledo coexisten, en la asociación de jueces afín al PP, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), han podido convivir tanto Pablo Llarena y María Jesús del Barco –perfiles muy duros – como Manuel Almenar, alguien con quien una magistrada progresista consultada por el ARA considera que podría coincidir en un 60% de planteamientos.

Desde diciembre de 2018 que el Consejo General del Poder Judicial no tiene un presidente en plenas funciones, y así seguirá siendo. Ni este martes ni este miércoles, y tras varias reuniones y casi una decena de votaciones, los nuevos vocales del órgano han logrado ponerse de acuerdo sobre quién debe presidirlos. La culminación de la renovación del órgano de gobierno de los jueces en España, después delacuerdo de finales de junio entre el PSOE y el PP para hacerlo posible, tendrá que esperar, al menos, hasta el próximo lunes, cuando se volverán a reunir para intentarlo de nuevo.

“Sed bondadosos y cariñosos unos con otros, y perdónense tal como Dios te ha perdonado”, versa el Nuevo Testamento (Ef 4, 32). Y si tomamos las Sagradas Escrituras como un libro de sabiduría vital, que trasciende su dimensión religiosa, encontraríamos muchas referencias que hablan del necesario, beneficioso y sanador ejercicio del perdón. “Soy yo quien te borra las faltas.[...] no me acordaré de tus pecados” en palabras de Yahvé en el Antiguo Testamento, cuando se narra la acusación del profeta Isaías al pueblo que ha buscado a otros ídolos (Is 43, 25). Para no acudir a lo que cada persona, creyente o no, debería haber pronunciado alguna vez al menos para sí mismo: “Perdona […] como nosotros perdonamos” (Mt 6,12).

PP y PSOE han anunciado este martes un acuerdo firmado desde Bruselas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado desde hace más de cinco años. El pacto que se compromete a reforzar la "independencia judicial" pasa por repartir los veinte vocales del Consejo de forma equitativa entre populares y socialistas; es decir, diez han sido propuestos por unos y diez por otros. Ocho son juristas y doce jueces de carrera, y tendrán que ser refrendados todos por tres quintas partes en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Sin embargo, el voto de calidad que podría decantar mayorías dentro del Consejo General del Poder Judicial lo tendrá el presidente del órgano, que será un magistrado o magistrada del Tribunal Supremo. PSOE y PP aseguran que aún no ha sido definido, a diferencia de pactos anteriores. La ley del CGPJ marca que serán los vocales quienes tendrán que elegirla, también por una mayoría de tres quintas partes. ¿Quiénes son estos veinte nuevos miembros ya definidos?

Después de más de cinco años bloqueado, no parece que el contexto electoral –en Galicia el 18 de febrero y en Europa el 9 de junio– sea el más propicio para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero PSOE y PP se sentaron este miércoles en una mesa presidida por el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, con el objetivo de llegar a un acuerdo. La mediación del político belga parte, eso sí, de una premisa que favorece la formación conservadora: Bruselas defiende que debe haber un cambio de modelo en la elección de los vocales de procedencia judicial y que sean escogidos por los propios miembros de la carrera. Es decir, lo que sostiene al PP. En cambio, los socialistas subrayan que no deben ponerse condiciones a la renovación del CGPJ con el sistema actual –los 20 vocales, 12 jueces y 8 juristas de reconocido prestigio, se eligen en el Congreso y en el Senado con una mayoría de tres quintas partes–, pero se abren a abrir después el debate sobre la reforma del método.

Desde que se hizo público el acuerdo entre Junts y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, que incluía una hipótesis de lawfare judicial en el Proceso, se ha desatado una crisis institucional entre los poderes del Estado. La ley de amnistía ha sido su origen porque los jueces que tendrán que aplicar la han recibido con indignación y, algunos, han empezado a moverse para esquivarla. En los últimos días a raíz del uso frecuente de este término, que significa utilizar el sistema legal con fines políticos, han aflorado nuevas acusaciones de lawfare más allá de la del independentismo. Este último mes y medio lleno de reproches cruzados y comunicados ha tenido muchos protagonistas y en el gráfico adjunto se resumen los principales nombres del ámbito judicial que han participado o se han visto implicados.

El Tribunal Constitucional de mayoría progresista avala la maniobra de Pedro Sánchez para evitar que un Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) de mayoría conservadora y con el mandato caducado haga nombramientos. Tal y como avanzaba El País, los siete magistrados propuestos por el PSOE y Unidas Podemos se han impuesto a los cuatro impulsados ​​por el PP y dictarán una sentencia que da por válida la reforma legal que el Congreso aprobó en marzo de 2021, a instancias de los partidos de la coalición de gobierno en el Estado, por despojar de ciertas atribuciones al CGPJ. Básicamente, de la facultad de nombrar magistrados al Tribunal Supremo, donde por ahora hay 23 vacantes. Una situación que el presidente interino del alto tribunal, Francisco Marín, calificó de "desoladora" durante el acto de apertura del año judicial a principios de septiembre.

Lunes cargado de reuniones en la agenda del comisario de Justicia, Didier Reynders, a quien han visitado las cuatro principales asociaciones de jueces de España. Los magistrados españoles buscan la implicación del ejecutivo comunitario para elevar la presión sobre los partidos españoles para que desbloqueen la renovación del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hace tres cursos políticos que está en funciones. Cada vez que ha tenido la oportunidad, Bruselas ha urgido al Estado a renovar el Poder Judicial e, incluso, a reformarlo.

La etapa de diálogo que se han propuesto abrir los gobiernos de Pere Aragonès y Pedro Sánchez es vista con buenos ojos desde Bruselas. Durante la elaboración del informe sobre la salud de los sistemas judiciales de cada estado de la UE, los técnicos de la Comisión Europea se han topado con menos quejas y observaciones relacionadas con el conflicto entre Catalunya y el Estado que el año pasado, y fuentes comunitarias interpretan el descenso como "normal" después de observar "con satisfacción" cómo el conflicto "al menos se está encarrilando". Bruselas continúa repitiendo por activa y por pasiva que este es un "asunto interno español" pero constata la distensión, sobre todo a raíz del indulto a los presos políticos y que también quiere venir desde Catalunya. El Govern de Aragonès tiene como una de sus prioridades rehacer puentes en Bruselas, restablecer el diálogo perdido desde el inicio del Procés y recuperar el contacto con las instituciones.