La Generalitat podrá gastar el próximo año hasta 40.524 millones de euros, lo que supone un incremento real del 3,3% respecto al presupuesto prorrogado desde 2023. Esta cantidad, que no incluye el gasto finalista ni el del resto del sector público y que por primera vez supera los 40.000 millones, es el llamado techo de 2, que el gobierno de Salvador Isla todavía tiene que conseguir apoyo. Precisamente, por falta de acuerdo, actualmente la administración catalana opera con las cuentas del 2023 prorrogadas, porque el ejecutivo de Pere Aragonès, de ERC, no logró aprobar las del 2024, lo que precipitó elecciones anticipadas; ni los primeros de Isla. El Gobierno estima que el límite establecido aumenta un 7,1% respecto a las cuentas prorrogadas, pero los desvíos en gastos como la sanitaria y las necesidades para financiar el endeudamiento hacen que el alza sea efectivamente del 3,3%. La cifra permite cumplir la regla de gasto, según ha explicado la portavoz y consejera de Territorio, Sílvia Paneque. El objetivo de déficit previsto equivale al 0,1% del producto interior bruto (PIB), o sea 429 millones de euros.

Si nada cambia, dentro de tres días el Congreso será escenario de un nuevo choque entre el PSOE y Junts. Los socialistas no tienen garantizado el apoyo de los junteros en la votación de la senda de estabilidad de los presupuestos generales del Estado, que afrontará un segundo intento después de que el primero no prosperara por el rechazo del partido de Carles Puigdemont. El PSOE no tira la toalla públicamente, pero va preparando el terreno para que el revés parlamentario que les puede volver a infligir Junts cueste menos digerir. El mensaje de los socialistas es que esto no les detendrá. Pueden elaborar igualmente las cuentas públicas del 2025. Quienes salen perdiendo, avisan, son las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que tendrán menos margen para gastar –5.000 millones menos, según advierte el ejecutivo español–. Pero por si en un futuro la derrota se extiende a la votación del proyecto de presupuestos, el mensaje difundido por la Moncloa va aún más allá ya través de ministros como Óscar Puente –en una entrevista este lunes en El País– sostiene que no sería "ningún drama" prorrogar por segundo año consecutivo a los del 2023.

El adelanto electoral del 23-J dejó algunas leyes empantanadas en el Congreso de los Diputados. También reformas. Una de ellas tenía por objetivo modificar un superpoder que tiene el Senado (casi el único) y que no es menor: la capacidad de vetar el techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda, el paso previo para elaborar unos presupuestos generales del Estado. La reforma llevaba la firma del PSOE y Podemos y básicamente quería hacer desaparecer este superpoder. Si en las próximas semanas ambos partidos logran revalidar el gobierno en el Estado (Podemos bajo el paraguas de Sumar), podrían maldecir no haber logrado que prosperara la reforma antes de la disolución del Congreso y el Senado en mayo. El motivo de este quebradero de cabeza es que después del 23-J el Partido Popular logró la mayoría absoluta en el Senado. Los de Alberto Núñez Feijóo, pues, podrían usar este poder y, de hecho, no sería la primera vez.