Pedro Sánchez ha despedido este jueves a la que ha sido su colaboradora más estrecha y fiel desde que llegó a la Moncloa en junio de 2018. Desde entonces, María Jesús Montero ha ocupado de manera ininterrumpida la cartera de Hacienda, una de las más sensibles de cualquier gobierno, y desde aquí ha ido escalando posiciones hasta situarse, en diciembre de 2023, como vicepresidenta primera, es decir, número dos del ejecutivo. Sin duda, Sánchez renuncia a uno de los pilares de su gobierno para enviarla a competir a Andalucía contra Juanma Moreno Bonilla, una misión que a estas alturas parece imposible. Es cierto, sin embargo, que en política este mes y medio que falta para las elecciones es una eternidad.

Al PP le falta una pata en la mesa de soluciones para Catalunya: la de la financiación. Aunque sabe que sin esta comunidad se le complica llegar a la Moncloa, suele jugar con el anticatalanismo, que le da réditos fuera. Que la de la financiación autonómica es una cuestión poco cómoda para la fuerza que lidera Alberto Núñez Feijóo quedó claro esta semana durante la intervención del vicesecretario de economía de los populares, Alberto Nadal, en un almuerzo organizado por Pimec.

No es habitual que los principales actores económicos y empresariales del país se pongan de acuerdo y adopten una posición común en una cuestión tan políticamente envenenada como la financiación autonómica, pero esto es justamente lo que ha pasado con la nota que han firmado todas las cámaras de comercio, el Círculo de Economía, Barcelona Global, Fomento, Pimec, el RACC, Fira de Barcelona, ​​el Colegio de Economistas y FemCat. Sólo el esfuerzo que supone realizar un diagnóstico conjunto de la situación y llegar a unas conclusiones ya es un ejercicio del que deberían tomar nota los partidos políticos, porque sólo forjando grandes consensos se pueden alcanzar objetivos ambiciosos. ¿Y qué dice la nota sobre la propuesta de financiación que ha puesto el gobierno español sobre la mesa después de pactarla con ERC? Pues que es "una mejora importante respecto al modelo actual" pero que "no se puede considerar suficiente" y por eso hace un llamamiento a los partidos catalanes a "trabajar juntos" para mejorar algunos aspectos y blindar otros que ya se incluyen en la propuesta.

Cuanto más se profundiza en los datos del nuevo sistema de financiación puesto sobre la mesa por el gobierno español más se ve la cantidad de variables que se han tenido que incorporar. El objetivo de ERC era poder decir que Catalunya salía beneficiada de forma considerable, y el de la vicepresidenta María Jesús Montero que pudiera venderse como un modelo más solidario que el anterior, ya que ésta es la bandera de los socialistas meridionales como ella. Vistos los números, parece que el sudoku aparentemente irresoluble se ha resuelto con éxito. Sin duda el nuevo sistema beneficia a Catalunya mucho más que el anterior, al tiempo que se puede decir que es más equitativo, es decir, que garantiza de forma más efectiva la igualdad de los españoles en el acceso a servicios públicos como la salud y la educación.

"Desde Cecot valoramos positivamente que el gobierno haya puesto una propuesta sobre la mesa, pero no podemos confundir un paso adelante con una solución definitiva: no es un concierto económico ni se acerca a las cifras que Catalunya requiere". Así ha valorado el presidente de la patronal Cecot, Xavier Panés, el nuevo modelo de financiación para Catalunya, durante el tradicional encuentro con los medios que hace la patronal a principios de año. En este sentido, la entidad celebra que el nuevo modelo de financiación es un "paso adelante" para corregir el déficit fiscal que tiene Catalunya, pero lamenta que no sea suficiente y, por tanto, no será la solución definitiva al "problema estructural" que tiene el territorio.

Resulta inaudito pero el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este domingo a sus varones para obligarles a firmar una declaración en la que todos se comprometen a no aceptar el nuevo dinero que supondría para sus comunidades autónomas el nuevo sistema de financiación. Para los populares el sistema es "injusto" y un "martingala" solo por el hecho de que ha sido pactado por un partido como ERC, como si esto no hubiera ocurrido en todos los sistemas anteriores, por ejemplo el de 1996, cuando fue fruto de un acuerdo entre el PP y CiU.

El espectáculo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, donde la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero ha presentado a sus homólogos autonómicos la propuesta de nuevo sistema de financiación, no puede recibir otro calificativo que el de lamentable. Nunca un gobierno español había puesto tanto dinero sobre la mesa para transferirlo a las CCAA. Y sin embargo, las comunidades del PP se han apresurado a rechazar el sistema con el único argumento que ha sido pactado con Catalunya, y en concreto con ERC. El anticatalanismo sigue siendo un motor tan importante del voto conservador que el PP está dispuesto a llegar al extremo de renunciar a una cantidad muy importante de dinero sólo por el hecho de que los considera "manchados" por el independentismo, y, de este modo, perjudicar a sus propios ciudadanos.

Durante muchos años, las comunidades autónomas conocían cuánto dinero tendría para poder hacer el presupuesto del año siguiente con una cifra apuntada dentro de un sobre que se daba antes del verano al secretario de Economía. Literalmente. Se hacía al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada en Madrid, donde el gobierno español tiene el voto de calidad que domina cualquier decisión, con la resignación de las comunidades de régimen común y con las forales como observadoras con voz pero sin voto, porque no necesitan.

El acuerdo de financiación autonómica lo han firmado el PSOE, que es un partido enfermo, y ERC, que es un partido convaleciente (por lo menos). Curiosamente, a veces una suma de debilidades da mejor resultado que una suma de fortalezas. No es la generosidad, sino la necesidad, lo que ha permitido pactar una serie de cosas que, hace apenas un año, la ministra Montero consideraba imposibles e inconstitucionales. La ordinalidad ad hoc para Catalunya, la aportación extra del Estado para que lo que ganan unos no lo pierdan otros, el oxímoron de la singularidad plural... y lo que ERC aún espera obtener: la gestión integral del IRPF y el consorcio de inversiones que retenga en Catalunya todo lo que se deje de ejecutar en los presupuestos. Es una lista prometedora, pero queda lejos de lo que acordó el PSC para obtener los votos para investir a Isla, y además el camino que ahora se inicia será un auténtico calvario: Pedro Sánchez deberá defender ese acuerdo contra Junts, quizá contra Podemos, contra el PP y Vox, contra los suyos varones... Y lo hará sin María Jesús Montero, ofrecida en sacrificio en el altar de las elecciones andaluzas. Veremos qué queda de todo. El reloj corre.

El acuerdo de financiación entre el gobierno español y ERC, sellado el jueves por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, y presentado este viernes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, supone un paso adelante, una reforma relevante del actual y caducado modelo, que se había demostrado claramente perjudicial para Catalunya. No era fácil reformar el sistema de manera sustancial. Se ha hecho y se han empezado a romper algunos tabúes, por ejemplo el de la ordinalidad. Claro: la demagogia anticatalana vuelve a ser ruidosa, pero es eso, demagogia. Con los números y la letra en la mano, Catalunya no es ni mucho menos insolidaria. Ni, a la inversa, tampoco queda tan lejos de la progresiva recaudación de los impuestos; de hecho, el horizonte del pacto es ir hacia el 100% de los ingresos del IRPF y cerca del 80% del IVA.

Es evidente –como le gusta decir a Oriol Junqueras– que la propuesta de nuevo modelo de financiación no da la clave de la caja a Catalunya: no habrá concierto económico ni tampoco un modelo singular al margen del resto de autonomías. Pero también es evidente que aportará más recursos a las arcas de la Generalitat: según los cálculos del ministerio de Hacienda, casi 4.700 millones de euros en el 2027. A partir de estas dos evidencias entramos en el capítulo de las opiniones, en el que los políticos eligen bando para intentar destruir los argumentos de su rival.

Más recursos y mayor participación de las comunidades autónomas en impuestos clave como el IRPF o el IVA. Son dos de las principales patas sobre las que se sustenta la propuesta de modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común (forman parte todas las comunidades menos las forales, País Vasco y Navarra) que este viernes ha presentado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La mayoría de los discursos de Nochevieja de los presidentes autonómicos han tenido dos principales denominadores comunes: la vivienda y la financiación. En el primer caso, por sacar pecho de las medidas que han impulsado para hacer frente a la primera preocupación de los españoles. Y en el segundo, para reprobar el futuro modelo de financiación autonómica que ERC y el PSOE están ultimando. Una de las voces más significativa ha sido la de Emiliano García-Page, el barón socialista más crítico con Pedro Sánchez. No ha pronunciado las palabras financiación ni Cataluña, pero se le ha entendido todo a la hora de advertir que le plantará cara: "Combatiremos cualquier tipo de intento de privilegios que nos perjudique".

La política catalana, y en parte la española, está en manos de una política andaluza llamada María Jesús Montero. En las próximas semanas está previsto que presente una propuesta de financiación autonómica que marcará el futuro de las legislaturas catalana y española.

Este lunes se ha escenificado la puesta en marcha del proyecto de financiación singular defendido por ERC y aceptado por el PSOE en el marco de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El texto acordado y firmado por ambos lados está lleno de buenos propósitos, matizados siempre por la apelación a la extensibilidad de lo acordado a las demás administraciones tributarias autonómicas. El objetivo es que la administración tributaria de la Generalitat asuma progresivamente las competencias en la gestión del IRPF y que las declaraciones del IRPF correspondientes al ejercicio 2025 ya se puedan presentar a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), con la posibilidad de utilizar la clave de identificación digital establecida por la Generalitat (idCAT), y que se pueda avanzar la AEAT, en particular con la comprobación de la correcta aplicación de la normativa autonómica y, en especial, de las deducciones aprobadas por el Parlamento”.

Lo de hoy de la financiación es más difícil que el intento de la amnistía. Porque hablamos de dinero. Más aún, hablamos del dinero de los catalanes que financia una parte del bienestar de españoles de las otras comunidades.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha dado este viernes, aprovechando la conferencia de presidentes, el pistoletazo de salida al que será sin duda una de las grandes batallas del próximo año: la de la financiación autonómica. Recordamos que España lleva una década con su sistema caducado. Desde entonces ningún gobierno se ha atrevido a proponer un modelo alternativo, aunque sobre el papel todas las autonomías critican al actual, que data del acuerdo entre el conseller Antoni Castells y la ministra Elena Salgado de 2009, que había de ser revisado a los cinco años. Como ha ocurrido siempre, ha tenido que ser Catalunya la que tire del carro y ponga propuestas sobre la mesa. En ese caso, las coordenadas de la batalla se basan en dos acuerdos de los socialistas con ERC. El primero es producto del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, y marca que el Estado debe hacerse cargo del 20% de la deuda de la Generalitat. El segundo forma parte del pacto de investidura de Salvador Illa, y fija que Cataluña deberá recaudar todos los impuestos (empezando por el IRPF del ejercicio 2025) y que la solidaridad estará limitada por el principio de ordinalidad.

Las palabras del presidente de la gran patronal española, la CEOE, Antonio Garamendi, criticando la financiación singular para Catalunya, han suscitado algunos recelos, pero desde Fomento evitan meterse. Pese a que Fomento forma parte de la CEOE –ostenta su vicepresidencia–, la patronal que preside Josep Sánchez Llibre asegura que se trata de "declaraciones a título personal de Garamendi", y que "en ningún papel ni comunicación de la CEOE se trata ese tema". "No valoramos opiniones personales", aseguran desde la patronal catalana de las grandes empresas.

La negociación se planteó en cuatro ámbitos: solución al conflicto político, financiación singular, reconocimiento nacional de Cataluña y la lengua y asegurar la continuidad de las políticas públicas –Cercanías, aeropuerto, etc–. Lo importante, la financiación. Sobre éste se podía negociar la cantidad –la aportación anual a la Generalitat proveniente del gobierno central– o la estructura –la recaudación de los impuestos, la gestión, la liquidación, la inspección y la administración: si Cataluña seguía dentro del régimen común o iba a un régimen especial–.

Los datos de la liquidación del sistema de financiación de 2022 vuelven a demostrar que Cataluña es una comunidad especialmente castigada, mientras que otros salen especialmente beneficiados, sin que se sepa por qué. Y es que si en algo coinciden todos los expertos en la materia es que el sistema es opaco y ofrece resultados arbitrarios. ¿Qué dicen exactamente los datos de 2022? Pues que Catalunya fue la tercera comunidad que más aportó a la caja común, 3.565 euros por habitante, y la décima en recibir después en la redistribución, con 3.264, es decir, 300 euros menos per cápita. La situación empeora ostensiblemente si se tiene en cuenta el coste de la vida, ya que según los cálculos del departamento de Economia Catalunya pasaría a disponer del equivalente a 3.043 euros por habitante y sería la decimocuarta de la lista, sólo por encima de la Comunidad de Madrid, que, por el contrario, se beneficia del cariño capitalidad.