El mundo empresarial catalán considera que el modelo de financiación "no es suficiente" e insta a los partidos a negociar

BarcelonaLas entidades que conforman el llamado G8 empresarial –Cámara de Comercio de Barcelona y las otras 12 cámaras catalanas, el Colegio de Economistas, el Círculo de Economía, Pimec, FemCAT, Barcelona Global, RACC y la Feria de Barcelona–, junto con Foment del Treball, han elaborado un manifiesto conjunto sobre el nuevo modelo de financiación presentado por el gobierno español el ejecutivo de Pedro Sánchez y ERC "no puede considerarse suficiente". Tras el duro comunicado emitido por Fomento –la patronal que agrupa a las grandes empresas catalanas– el mismo día en que el gobierno español detalló su propuesta, en el que tachaba de "claramente insuficiente" la propuesta, ahora las entidades del G8 se acercan a las críticas de Fomento en un texto pactado. La Cecot también se ha sumado al comunicado, reiterando que consideran "clave aprovechar la ventana de oportunidad parlamentaria para consolidar avances estructurales para la economía catalana".

El documento apunta que la propuesta "representa una mejora importante respecto al modelo actual, aunque no se puede considerar suficiente, ya que sólo da respuesta a algunas de las demandas reclamadas por las entidades abajo firmantes en la nota de 5 de marzo de 2024". Así, considera que es "un punto de partida para alcanzar mayores niveles de justicia y transparencia en la financiación territorial, aunque está alejado de las cuotas de autogobierno a las que Catalunya aspira". Asimismo, las entidades urgen a los partidos catalanes "a trabajar juntos para mejorar el modelo propuesto y garantizar que los cambios se consoliden en el futuro". Algunas fuentes afirman al ARA que el texto ha sido impulsado por el G8, con especial implicación de la Cámara de Comercio que preside Josep Santacreu, y que "hace semanas" que se estaba gestando. Tras recoger las enmiendas en el borrador por parte del resto de actores del G8, las mismas fuentes apuntan a que fue la Cámara la que habría contactado con Fomento para sumarse al manifiesto.

La propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica, presentada públicamente por el ministerio de Hacienda el pasado 9 de enero, supondría la recepción de unos 4.700 millones de euros anuales más para Catalunya. Como era de esperar, la reforma fue aplaudida por PSC y ERC, pero recibió críticas, por una parte, de Junts per Catalunya, que la considera demasiado poco ambiciosa y dice que no da respuesta a los problemas financieros de la Generalitat, y por otra del PP y Vox, que la tachan de cesión del gobierno del Estado a las demandas del in.

Reacciones políticas

Además, el hecho de que Fomento hiciera un comunicado por su cuenta en el que criticaba la propuesta tensionar las relaciones entre la patronal y el gobierno catalán, y especialmente entre el presidente de la patronal, el exdirigente de Unió Democràtica Josep Sánchez Llibre, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. En este sentido, tras la publicación del manifiesto, la consellera de Economía, Alícia Romero, ha celebrado "que Fomento haya rectificado y forme parte del consenso". Romero reconoce que "hay que seguir trabajando para mejorar la capacidad normativa y la gestión tributaria", y asegura estar "trabajando" para obtenerlo.

Por su parte, el vicepresidente de Junts que pilota la carpeta de la financiación, Antoni Castellà, ha asegurado que el manifiesto demuestra que "han tenido que salir las patronales a enmendar el Govern" porque "mintió" cuando avanzó un apoyo del tejido económico catalán. Así, ha reafirmado que "la posición es muy clara" y que señala que "este modelo de financiación es insuficiente" describiendo "una serie de puntos" que han ido denunciando con unas reivindicaciones que, a su juicio, las "blinda" el concierto.

Junts, que se ha ido reuniendo con las diversas patronales, constata que coinciden en identificar "las carencias" y "cuál puede ser el recorrido de futuro". Respecto al punto de partida del modelo pactado, Castellà recalcó que es un inicio porque "abre el debate", pero que la propuesta debe ser la salida del régimen común. "Una gran oportunidad" para conseguirlo por la que insistió en el hecho de ir "plegados" con ERC PSC y las patronales para "imponer" el concierto a Pedro Sánchez. "El gobierno español tiene la obligación de decir si está de acuerdo o no en empezar un proceso bilateral de negociación con Catalunya por un modelo de concierto", apuntó.

Criterios y déficit de inversiones

En el manifiesto publicado este jueves, las principales críticas que hacen las entidades empresariales al modelo son, por un lado, la redistribución y los criterios de población ajustada, que considera que "son discutibles" y que "se sigue sin tener en cuenta el coste de la vida para asegurar que la capacidad de compra de las asignaciones recibidas sea similar en cada territorio". "La no incorporación del coste de la vida como criterio de ajuste es una carencia importante del nuevo sistema. Implica que con recursos nominalmente similares, la capacidad real de prestar servicios públicos puede diferir significativamente entre territorios. Por tanto, reduce la capacidad efectiva de garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos", apunta el texto.

En cuanto al ya famoso concepto de ordinalidad –el hecho de que una comunidad autónoma no acabe recibiendo menos dinero que otros que aportan menos a la caja común–, el manifiesto también apunta carencias: "Además de mejorar la coherencia y justicia del sistema, con la información disponible parece que la nueva propuesta respeta el principio de ordinalidad para Cataluña 2027", indica el documento. Sin embargo, las entidades critican que "aunque la lógica de la propuesta está construida en torno al principio de población ajustada [...], cabe notar que [el principio de ordinalidad] no se cumpliría en términos de población real (según el padrón)". Así, consideran que "hay que procurar que la ordinalidad por habitante ajustado se siga cumpliendo más allá de 2027; dado que el nuevo modelo no lo garantiza, éste debería ser uno de los ámbitos prioritarios de mejora a tener en cuenta", añade el texto.

Entre los puntos clave a tener en cuenta, el manifiesto recuerda también el déficit de inversiones en infraestructuras, aunque no va directamente ligado al modelo de financiación, un elemento que estos días es especialmente candente en la actualidad económica después del colapso ferroviario de los últimos días, fruto de la baja inversión estatal en Cataluña. En este sentido, el texto plantea que aumentar las inversiones del Estado en Catalunya, "en línea con su peso en el PIB y su condición de motor económico del conjunto del Estado, es una vía igualmente efectiva que contribuye simultáneamente a la reducción del déficit fiscal ya la mejora del progreso y bienestar del país". La situación de las infraestructuras catalanas "es crítica, como es de actualidad, poniendo en evidencia un déficit acumulado de infraestructuras por un valor similar al del presupuesto anual de la Generalitat", una cifra que desde Fomento sitúan en unos 42.500 millones de euros.

Como conclusión, el manifiesto considera que este nuevo modelo "debe entenderse como un punto de partida que supone una mejora respecto al vigente, pero que no es suficiente en determinados aspectos que habría que desarrollar si se quiere dar respuesta a las reclamaciones que históricamente se han hecho". extensible al conjunto de comunidades autónomas de régimen común, y todas ellas pueden salir beneficiadas". "No se entienden, en este sentido, muchas de las críticas que se han hecho a la propuesta basadas en que ésta surja del pacto entre partidos catalanes y el gobierno central", reivindican.