La Audiencia Nacional da el pistoletazo de salida al juicio del caso Kitchen. Es la operación que orquestaron las cloacas del Estado para robar a Luis Bárcenas, el extesorero del PP, información o datos que pudieran comprometer a dirigentes de los populares en el marco del caso Gürtel. En el banquillo de los acusados se sientan, entre otros, Jorge Fernández Díaz (que fue ministro del Interior del 2011 al 2016), Francisco Martínez (que fue secretario de Estado de Interior), Eugenio Pino (que era director adjunto operativo de la policía española) y el comisario jubilado José Manuel Villarejo. "Afronto el juicio con mucho entusiasmo, confío en que la verdad prevalezca", ha reconocido Villarejo cuando ha llegado a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Y ha dicho que no tiene "miedo" a entrar en prisión: "Si me meten de nuevo, será para no salir. Como han visto que no callo, es normal que esta vez les salga bien la jugada", ha añadido.

Año 2013. Mariano Rajoy gobierna España con mayoría absoluta y salen a la luz los papeles de Luis Bárcenas, que revelan la existencia de una caja B en el PP. A raíz de esto, el ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz al frente, diseña y –según el relato de la Fiscalía– pone en marcha una “ilícita operación policial de inteligencia” con la voluntad de robar a Luis Bárcenas, el extesorero del PP, información y pruebas que incriminen a dirigentes populares en el marco del caso Gürtel. El objetivo final es “impedir” que lleguen a manos de los investigadores. Cinco años más tarde, aquel juicio por corrupción acaba con la sentencia que propicia la moción de censura que lleva a Pedro Sánchez a la Moncloa. Y ahora, trece años después, la cúpula de la policía patriótica se sienta en el banquillo de los acusados, con peticiones de quince años de prisión por parte de la Fiscalía, en un juicio que arranca el lunes en la Audiencia Nacional y que deberá arrojar luz a las maniobras de las cloacas del Estado para proteger al PP. Los principales delitos de los que están acusados son encubrimiento, malversación, soborno, revelación de secretos y tráfico de influencias.

Esta semana comienzan en Madrid dos juicios que con toda seguridad tendrán un fuerte impacto en la política española. Este lunes arranca en la Audiencia Nacional el juicio por el caso Kitchen, y el martes en el Tribunal Supremo se juzgará al exministro y exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos por el primer caso que le afecta, el de una supuesta trama para cobrar comisiones por vender mascarillas a diferentes instituciones del Estado.

El año pasado, la justicia española puso trabas a la investigación judicial andorrana de la operación Catalunya con un archivo de la comisión rogatoria. El Mundo ya la que ha tenido acceso el ARA se vuelve a activar la causa en la que se pretende la imputación del expresidente español Mariano Rajoy y los ex ministros del Interior y de Hacienda Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro. La juez Stéphanie Garcia ha vuelto a emitir las comisiones rogatorias en España, a la autoridad judicial competente, para citar a los responsables políticos y judiciales de la rama andorrana de este supuesto entramado contra el independentismo.

Si Jorge Fernández Díaz es capaz de mentir diciendo que no reconoce esa conversación con Villarejo que todos hemos oído ("Negaré, incluso bajo tortura, que esa reunión haya existido"), no es raro que ayer mintiese diciendo que no existió la operación Catalunya. Al fin y al cabo, también dice que no sabe nada del caso Kitchen (los papeles de Bárcenas), por el que el fiscal pide para él 15 años de prisión y la causa de que esté suspendido de militancia por su propio partido.

"No tengo ningún conocimiento de la existencia de una denominada operación Catalunya". Es lo que ha asegurado Mariano Rajoy en la comisión que investiga la guerra sucia contra el independentismo en el Congreso. El expresidente del gobierno español y del PP ha negado ser conocedor de nada, tal y como hizo cuando fue interrogado como testigo en el juicio del caso Gürtel, en el verano del 2017, y en la cámara baja en otra comisión de investigación sobre la operación Kitchen a finales del 2021. "No puedo convertirme en un comentario. no pinto nada aquí, aunque estoy muy a gusto", ha remarcado con su particular estilo.

Desde hace más de una década, la democracia española ha dado muchas muestras de que no supera con éxito la prueba del algodón. Si lo frotamos por encima de las reglas más elementales del estado de derecho, sin duda que saldrá enmascarado. El rosario de escándalos que hemos vivido es inacabable, pero quizás es aún más escandaloso ver que quedan impunes y justificados los abusos de poder que se han cometido por parte de los aparatos del Estado a la hora de perseguir a enemigos y adversarios. Nos hemos acostumbrado al escándalo por agotamiento y nos hemos acostumbrado a la impunidad ante la impotencia que supone ver cómo todo se tapa, minimiza o cambia.

1. Operación Catalunya. El expresidente valenciano Ximo Puig decía, en el ARA, que la operación Catalunya es "lo más grave que ha pasado en democracia". Y Pedro Sánchez añadía: “Como no se une a España es con recortes, corrupción y la guerra sucia de Rajoy”. Ahora veremos en qué queda todo esto. Los papeles comienzan a estar sobre la mesa, resultado de varias investigaciones (y filtraciones) periodísticas y no fruto de actuaciones ordenadas de los poderes del Estado. Documentan una verdadera guerra sucia, en tiempos de Rajoy y del inefable Fernández Díaz, el hombre que considera que en nombre de Dios todo le está permitido.

Poca sorpresa, però sí un cert confort, davant de les informacions publicades per eldiario.es i La Vanguardia. Poca sorpresa perquè era de domini prou públic la utilització dels cossos i forces de seguretat de l'estat espanyol com a instrument de persecució política contra l'independentisme català, i fins i tot Pedro Sánchez i Grande Marlaka havien fet esment de l'existència de l'anomenada policia patriòtica (i també Villarejo, de qui mai se sap si es mou per salvar la pell o per afany de protagonisme). I un cert confort perquè les informacions publicades tornen a posar l'escàndol de l'Operació Catalunya a primera línia, i a més hi aprofundeixen. D'acord amb elles, l'Operació Catalunya implica directament l'exministre Jorge Fernández Díaz amb tota la cúpula del ministeri d'Interior dels anys del PP, el president Mariano Rajoy i tot el consell de ministres. Rajoy, segons el que s'ha conegut, rebia actualitzacions dels progressos de l'operació en informes que li arribaven en sobres blancs, seguint una vella tradició pepera. A més dels ja esmentats, hi surten especialment esquitxats Hisenda (i el ministre del ram, Cristóbal Montoro) i la cúpula judicial. Una menció a part per al conjunt de mitjans i periodistes que feien la feina bruta de la difamació i la posada en circulació de notícies falses. La festa, naturalment, la pagàvem entre tots els contribuents, amb càrrec als fons reservats de l'Estat.

La Fiscalía de Barcelona ha abierto una nueva investigación sobre la participación del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la operación Catalunya. El ministerio público ha decidido iniciar diligencias a raíz de la denuncia presentada la semana pasada por el ex jefe de la Policía Nacional en Catalunya Narciso Ortega, que también apuntaba contra el excomisario José Manuel Villarejo y el ex secretario de estado de Seguridad Francisco Martínez como responsables de la trama para "obtener información y/o confeccionar pruebas falsas que sirvieran para intimidar, extorsionar y/o desprestigiar personas que eran cercanas al movimiento independentista catalán o estaban vinculadas a él".

El exjefe de la Policía Nacional en Catalunya Narciso Ortega ha denunciado este martes ante la Fiscalía al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo a raíz de la operación Catalunya. La denuncia, firmada por el abogado Jordi Pina y que también se dirige contra el exsecretario de estado de Seguridad Francisco Martínez, los acusa de presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, malversación y revelación de secretos. El documento hace referencia a las informaciones y audios publicados últimamente en varios medios sobre la operación Catalunya. Una trama que, según la denuncia, consistía en "obtener información y/o confeccionar pruebas falsas que sirvieran para intimidar, extorsionar y/o desprestigiar a personas que eran cercanas o estaban vinculadas con el movimiento independentista catalán".

El Congreso creará una comisión de investigación sobre la rama andorrana de la operación Catalunya de cara al próximo periodo de sesiones, después de las vacaciones de verano. La junta de portavoces ha dado luz verde este martes, con el voto favorable del PSOE y Unidas Podemos, a la solicitud que hace dos semanas registraron las formaciones soberanistas de la cámara baja. Tendrá que ser el pleno quien dé el visto bueno final, pero el portavoz del grupo socialista, Héctor Gómez, ha dado por hecho que saldrá adelante. "Esperemos que se ponga en marcha cuanto antes mejor", ha anotado en rueda de prensa.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España a pagar una indemnización de 4.200 euros en concepto de "daño moral" a cada uno de los jueces catalanes que denunciaron en Estrasburgo –después de que el caso se archivara en el Estado– la filtración al diario La Razón de datos personales –la foto del DNI– de los 33 magistrados catalanes que habían firmado un manifiesto a favor del derecho a decidir en febrero del 2014, unos meses antes de la consulta del 9-N. El diario publicó un amplio artículo con los nombres y las fotos del DNI de los magistrados.

Ahora parece mentira, pero hubo un tiempo en el que Jorge Fernández Díaz y la familia Pujol tenían buena relación. La noche electoral del 20 de noviembre del 2011, cuando el escrutinio ya ofrecía la certeza de una mayoría absoluta del PP, Oriol Pujol fue de los primeros en llamar al teléfono del dirigente popular para felicitarlo con una efusividad y una confianza que sorprendió a los presentes. Aquella acabaría siendo una de las últimas conversaciones cordiales entre ellos. Al cabo de pocas semanas, Fernández Díaz sería nombrado ministro del Interior, y aquella sintonía que venía de lejos –en 1984 el entonces líder de Alianza Popular en el Parlament votó a favor de la investidura de Jordi Pujol en plena crisis de Banca Catalana– quedaría atrás hasta el punto que, tal como han confirmado los audios publicados por El País esta semana, el popular se tenía que convertir en el hombre que azuzaría las cloacas del Estado contra el expresidente de la Generalitat. La X de la operación Catalunya.

Jorge Fernández Díaz niega "rotundamente" los contactos con José Manuel Villarejo, aunque El País haya publicado conversaciones grabadas entre el exministro del Interior, el excomisario y el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional en las que traman la operación Catalunya. Tal como ha avanzado Europa Press y ha confirmado el ARA, el expolítico catalán se ratifica en sus declaraciones en sede judicial y en el Congreso, en las cuales negó haber despachado con Villarejo. "Negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión haya existido", decía Fernández Díaz en una de las conversaciones que se han publicado.

Nuevas y comprometidas revelaciones sobre la operación Catalunya. El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz dirigió este operativo contra la familia Pujol, según publica el rotativo El País a partir de una grabación a la cual han tenido acceso este diario y el digital Fuentes Informadas. La cinta, grabada por el excomisario de policía José Manuel Villarejo, recoge una reunión en el ministerio del Interior –entonces comandado por Fernández Díaz– a mediados de diciembre del 2012 en la que participaron ellos dos y el entonces número uno de la policía, Eugenio Pino.

Hace días que la salud del catalán, ya sea por la ley del audiovisual o por el 25% de castellano en la escuela, es tema de conversación en el Congreso. Era poco esperable que Jorge Fernández Díaz fuera el último acólito –las referencias religiosas son marca de la casa–, pero así ha sido en la comisión del caso Kitchen. El exministro del Interior saluda en catalán a la diputada de ERC Pilar Vallugera y ella, sorprendida, lo agradece y dice que le gustaría interrogarlo en su lengua. “No hay ningún problema”, le responde el ex político del PP. Es una anécdota, porque los dos saben que hay que proseguir en castellano. Al final de la intervención, otro guiño a Vallugera: “Creo que le he contestado”, en catalán. 

Jorge Fernández Díaz lo ha sido todo en el PP en Catalunya. Durante muchos años en la sede de la calle Urgell de Barcelona no se ha tomado ninguna decisión sin su visto bueno. Su palabra ha sido decisiva para fijar estrategias, marcar posición y, por encima de todo, decantar la balanza sobre quién iba y quién no iba en las listas. Un poder ejercido casi siempre desde la sombra y que en los últimos años ha tenido también su deriva orgánica con el cargo de presidente del comité electoral del PP en la demarcación de Barcelona. Un cargo que ahora ha tenido que dejar provisionalmente después de que la semana pasada el PP le comunicara su “suspensión temporal” de militancia una vez el juez que investiga el caso Kitchen decidió procesarle por el espionaje al extesorero de los populares Luis Bárcenas. Una comunicación con la que el exministro de Interior perdía definitivamente su condición de intocable dentro del PP en Catalunya.

El siempre fértil territorio de la derecha española se ha mostrado, estas últimas semanas, especialmente fecundo en situaciones y espectáculos esperpénticos, dignas de la pluma de Valle-Inclán.

El magistrado Manuel García-Castellón ha procesado al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a su número dos, Francisco Martínez, y a otros nueve altos mandos de la cúpula policial de Interior bajo el gobierno de Mariano Rajoy.  El juez ha archivado la causa para la secretaria general del Partido Popular y exministra María Dolores de Cospedal, y su marido, Ignacio López del Hierro. El auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado dictado este jueves 29 de julio es recurrible ante la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por lo que todavía se puede cuestionar el archivo de la causa para Cospedal y su marido, como pueden hacer la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las acusaciones populares.