El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado la solicitud de medidas cautelares que presentó Airbnb por paralizar la sanción de 64 millones de euros que el ministerio de Consumo le impuso por infracciones en la publicación de anuncios de alojamientos turísticos que incumplían la normativa. El ministro Pablo Bustinduy ha valorado que esta decisión demuestra que "ninguna empresa está por encima de la ley ni de los consumidores".

La presión regulatoria comienza a notarse en el mercado del alquiler turístico. El pasado año, con la entrada en vigor del registro estatal para poder operar legalmente en plataformas digitales, se perdieron cerca de 6.000 apartamentos turísticos en Cataluña, según el Instituto de Estadística Nacional (INE). Una bajada que representa un 11,3% menos de apartamentos respecto a 2024.

Desde hace años la llegada de turistas no ha parado de crecer. Un alud de visitantes constante que tiene una traducción económica. El turismo se ha convertido en un sector estratégico: representa alrededor de un 11% del PIB catalán, aportado, principalmente, por los más de 20 millones de turistas extranjeros que se registraron el pasado año, una cifra que se ha más que duplicado en sólo 25 años. Se trata de un crecimiento sin precedentes que ha tenido también consecuencias para los vecinos, con la masificación de los centros de las ciudades y la pérdida de la identidad local, así como la desaparición de miles de pisos del mercado de la vivienda para la reconversión en apartamentos turísticos, mucho más provechosos que un alquiler convencional.

El gobierno español ha multado con 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por anunciar viviendas turísticas sin licencia, cuyo número de registro no corresponde o con información incorrecta sobre la naturaleza jurídica de sus anfitriones. El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha identificado un total de 65.122 anuncios en la plataforma online de viviendas turísticas que incumplen la normativa.

Estar a punto de comprar un piso, después de haber buscado mucho y hecho malabarismos para llegar a pagar la entrada, pero que la propiedad diga que ya la ha vendido a otro postor. Pero no sólo eso, sino que la inmobiliaria añada que el blog entero se destinará a apartamentos turísticos. Una situación que hoy no sorprendería a nadie, pero que hace más de diez años dejó fuera de juego a Francesc Serrano ya su pareja. Él, que tenía una empresa de desarrollo de software para terceros, llegó a la oficina y puso a los trabajadores a mirar si lo de los pisos turísticos era habitual o sólo había tenido mala suerte.

Ante la proliferación de pisos turísticos, las administraciones intentan poner más ojos para acotar a un mercado que se ha descontrolado. Desde el 1 de julio, está en vigor el registro estatal para poder operar legalmente en plataformas digitales, una capa de control más que se suma a otras como el registro de la Generalitat o las licencias que otorga el Ayuntamiento de Barcelona. En el registro estatal, de Barcelona constan 6.759 pisos turísticos, según los últimos datos disponibles, correspondientes al pasado viernes. Representan a cerca de un 68% de los 10.000 apartamentos con una licencia otorgada por el Ayuntamiento. Por tanto, un tercio aún no se ha inscrito. Esto no incluye a los ilegales, por los que no hay una cifra exacta, pero el consistorio detecta entre 300 y 400 mensuales.

Ultimátum del alcalde de Barcelona, ​​Jaume Collboni, en Airbnb. Tras reunirse en el Ayuntamiento con la cúpula de la compañía en España y Portugal, denunció un "peor de la actitud" de la plataforma y le avisó de que el consistorio estudiará "todas las medidas administrativas civiles y penales que le dé el marco normativo para actuar contra la ilegalidad" si Airbnb no colabora con la colección con la ilegalidad anuncios de su portal. El Ayuntamiento todavía no abre ningún expediente sancionador a la compañía.

Guerra abierta entre Airbnb y el Ajuntament de Barcelona. La colaboración que hasta hace poco mantenían el portal de alojamientos turísticos y el consistorio en la persecución de toda la oferta ilegal se ha roto. Según ha avanzado Eldiario.es y ha confirmado el ARA, desde hace unos meses esta compañía ha dejado de eliminar los anuncios de pisos turísticos que le hace llegar el servicio de inspección del Ayuntamiento cuando detecta que son ilegales. Una actitud que este miércoles le reprochó la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, que acusó a la compañía de ser "cómplice de una actividad ilegal" y anunció que el consistorio ya estudia acciones contra Airbnb.

La Generalitat ha identificado más de 9.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en Catalunya que se promocionan en la plataforma Airbnb, según ha avanzado este viernes La mañana de Catalunya Ràdio y han confirmado al ARA fuentes de Turisme de Catalunya, agencia que depende del departamento de Empresa y Trabajo. Según la radio pública, del total de pisos detectados hay 6.200 que son de viviendas en Barcelona. Desde Turismo explican que les permite detectar "indicios de irregularidad" como por ejemplo que los pisos no tengan número de registro o que el número no coincida con la dirección que se indica en la web, entre otros. Las mismas fuentes confirman que ya se ha pedido a Airbnb que se retiren los anuncios afectados.

El ministerio de Consumo ha impuesto a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales publicados en su plataforma de alquileres. Según ha explicado este lunes a través de un comunicado, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha instado a la filial irlandesa de la multinacional a eliminar estas ofertas al considerarlas "ilícitas al contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos".

La empresa multinacional de servicios de atención al cliente CPM ha planteado despedir a entre 600 y 700 trabajadores a su call center de Barcelona, ​​cerca del 60% de la plantilla, según avanzó este viernes El Periódico y ha podido confirmar el ARA. Se trata del centro que se encuentra en la calle Felipe II de la capital catalana, donde hasta ahora trabajaban unas 1.100 personas. La compañía ha informado de esta decisión a la plantilla atribuyéndolo a razones productivas y organizativas.

En plataformas como TikTok es fácil encontrar vídeos de personas que se dedican a buscar "cámaras ocultas" cuando llegan a sus apartamentos vacacionales. También algunos venden aparatos que prometen detectarlas con mucha facilidad o bien desactivarlas. Lo que de primeras puede parecer la paranoia de algunos usuarios o un recurso fácil para pescar likes ha terminado siendo real. Este mes de marzo Airbnb anunciaba la prohibición del uso de cámaras de seguridad dentro de los apartamentos y casas de alquiler.

Que el concierto venga a casa y los músicos toquen en el comedor, en la azotea o en el jardín. Ésta es la propuesta de los dos jóvenes catalanes que han fundado Acqustic, un negocio de base tecnológica que facilita el acceso a los conciertos privados para todos los bolsillos. La plataforma permite pedir conciertos y músicos de proximidad, “al estilo Airbnb”, según definen los propios fundadores; es decir, a través de la geolocalización y con un precio cerrado de inicio.

Viajar con niños implica una logística familiar considerable, que la empresa catalana KangApp se ha propuesto solucionarlo. Oriol Torres y Luis Miguel Cifuentes pusieron en marcha ya hace más de dos años este proyecto, como un blog, y en marzo del año pasado decidieron sacar adelante la web y convertirla en un negocio. La idea es sencilla: viajar de forma más cómoda, sólo con el equipaje más indispensable para los pequeños y alquilar lo que falte en el lugar de destino. “En lugar de cargar el cochecito en el tren, en el avión o en el coche, ofrecemos la posibilidad de alquilarlo allá donde vas de vacaciones; esto es útil para las familias viajeras y también para todos los que quieran sacar un provecho del material que ya no utiliza”, explica Oriol Torres, el fundador de KangApp.

A primera vista nada parecía extraño. A finales de julio, la influencer Sofía Suescun, protagonista de programas televisivos como Gran Hermano o Supervivientes, anunciaba a través de Instagram que se compraba un piso en primera línea de playa y explicaba que tenía intención de destinarlo a la "inversión (alquiler turístico y Airbnb)", pero también "disfrutarlo" ella misma.

"Esta es la séptima vez que os hablo desde mi casa. Cada vez que hemos estado en contacto, he compartido noticias buenas y malas, pero hoy os tengo que dar un anuncio muy triste". El consejero delegado de Airbnb, Brian Chesky, anticipaba con estas palabras que casi 2.000 trabajadores de su compañía, un 25% de la plantilla, se iban a la calle en mayo de 2020, cuando en la mayoría de países del mundo seguía vigente el confinamiento duro por la pandemia. Dos años después, la plataforma de alquiler turístico ha cambiado una situación que podía haber sido la estocada final a su negocio, ha empezado a cotizar en la Bolsa de Nueva York y ya mejora sus resultados precovid.

Ahora que los turistas ya han vuelto masivamente a Barcelona y que se han reabierto debates como el de la necesidad de fijar un límite a los cruceristas o descongestionar los puntos más conocidos, el Ayuntamiento considera que es el momento de retomar, también, la ofensiva contra los pisos turísticos ilegales. Esta batalla se luchó con fuerza durante el primer mandato de los comuns, cuando se consideraba que había unos 6.000 alojamientos fraudulentos en la ciudad, y quedó prácticamente abandonada durante los dos años de la pandemia. La alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, sin embargo, ha anunciado hoy después de un encuentro con la alcaldesa de Amsterdam, Femke Halsema, que vuelven a poner a trabajar la maquinaria en esta dirección. Las dos alcaldesas han compartido los problemas de convivencia y de expulsión de vecinos que se derivan del alquiler ilegal de este tipo de alojamientos y del turismo masivo en general y han defendido que, después del verano, instarán a la Unión Europea a sacar adelante una regulación unitaria para el conjunto de plataformas donde se anuncian pisos turísticos.

El uso cada vez más habitual de plataformas digitales para contratar servicios y comprar productos hace tiempo que plantea un debate: ¿qué responsabilidad tienen estas empresas de internet sobre la veracidad de su oferta? En enero el Tribunal Supremo anuló la orden de la Generalitat del 2015 que obligaba a Airbnb a eliminar de su portal de alquileres turísticos más de 14.000 anuncios de pisos sin número de licencia inscrito en el registro catalán. La sala de lo contencioso administrativo consideró que el responsable de pasar este filtro es quien presta el alojamiento y no la empresa californiana, que tan solo lo anuncia. De hecho, pronunció la expresión preferida de las multinacionales tecnológicas norteamericanas: Airbnb es tan solo un "intermediario neutro" en este mercado. La Generalitat, sin embargo, todavía se opone a este planteamiento.

El 2020 fue el año de los hoteles cerrados, los aviones a medio gas y los destinos turísticos vacíos de visitantes, incluso en temporada alta. Aún así, al menos en el espejismo de sus cuentas publicadas en el Registro Mercantil, la sociedad española de Airbnb cerró el año pasado con beneficios. La plataforma de alquiler vacacional acabó el ejercicio con unas ganancias de 914.120 euros, un salto considerable respecto al 2019, cuando el resultado fue de 346.552 euros.

Para quien quiera descubrir la faceta más personal del famoso cantante Daddy Yankee, se abre ahora la oportunidad única de alojarse en su casa de Puerto Rico a través de Airbnb y sentirse así como el Rey del Reggaeton, como se conoce al artista. Un salón con mesa de billar y decorado con sus álbumes y premios; un jardín con piscina y pista de voleibol, y una habitación gigante son algunos de los lujos a disposición de los huéspedes, que desde el próximo diciembre podrán pasar días en este exclusivo espacio, en el cual han nacido algunos de los éxitos del artista.