Un tercio de los pisos turísticos en Barcelona están fuera de la ley

BarcelonaAnte la proliferación de pisos turísticos, las administraciones intentan poner más ojos para acotar a un mercado que se ha descontrolado. Desde el 1 de julio, está en vigor el registro estatal para poder operar legalmente en plataformas digitales, una capa de control más que se suma a otras como el registro de la Generalitat o las licencias que otorga el Ayuntamiento de Barcelona. En el registro estatal, de Barcelona constan 6.759 pisos turísticos, según los últimos datos disponibles, correspondientes al pasado viernes. Representan a cerca de un 68% de los 10.000 apartamentos con una licencia otorgada por el Ayuntamiento. Por tanto, un tercio aún no se ha inscrito. Esto no incluye a los ilegales, por los que no hay una cifra exacta, pero el consistorio detecta entre 300 y 400 mensuales.

En el conjunto de Catalunya, se han registrado 32.595 pisos turísticos, que se acercan a las 56.851 viviendas turísticas que existen, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). De hecho, queda un 43% de pisos por registrar, muy por encima de la proporción que había a principios de junio, cuando el 83% de los alquileres turísticos catalanes no disponían todavía de un número de registro para poder operar legalmente.

Desde hace casi dos semanas, todos los pisos turísticos que no se hayan inscrito en el registro que ha puesto en marcha el gobierno español, "se encuentran fuera del sistema", tal y como recuerda la subsecretaria del ministerio de Vivienda, Llanos Castellanos. Esto no implica una multa, pero, en caso de ser detectados, se retirará el anuncio que hayan publicado en las plataformas. También se hará lo mismo en caso de que las autoridades choquen con números de registro falsos.

El gobierno español responde así a un reglamento europeo, aprobado a mediados de 2024, para acabar con el uso fraudulento de los alquileres temporales y frenar las consecuencias que provocan en un mercado de la vivienda en la UCI. El registro debía estar operativo en mayo del 2026, pero el gobierno socialista ha preferido adelantarse ante una emergencia de la vivienda que cada vez preocupa más. Incluye los alquileres turísticos y los de temporada, pero sólo afecta a los que se comercializan a través de plataformas como Booking o Airbnb, en las que se paga por la reserva, a diferencia de otras como Idealista, Fotocasa o Milanuncios, en las que no existe ninguna transacción económica y sólo se pone en contacto arrendador con arrendatario.

Se había dado un plazo de prueba de seis meses para poder inscribirse, y empezó el 2 de enero, pero no ha sido hasta último momento cuando muchos han empezado a ponerse, especialmente a partir de mediados de junio, con solicitudes que no paran de crecer día a día. "A modo de ejemplo, el 1 de abril sólo se habían recibido 150 solicitudes para la provincia de Barcelona, mientras que el pasado 30 de junio llegaron más de 2.600 peticiones", señala Castellanos. Por ahora, hay 10.526 pisos turísticos registrados en la provincia.

El Colegio de Registradores es el encargado de conceder esta matrícula para pisos turísticos. Primero de forma provisional y, en un período de 15 días, definitivamente, en el caso de que cumplan con todos los requisitos. Estos requisitos se basan en cumplir con las normativas autonómicas de licencias de alojamiento turístico y las ordenanzas municipales que los ayuntamientos están implementando, y que no se intente registrar un piso de protección oficial o donde la comunidad de vecinos haya rechazado este tipo de alquileres en la escalera.

Más de 9.000 anuncios ilegales

Asociaciones como Apartur critican que el nuevo registro genera duplicidades con otras ya existentes como el de la Generalitat. Desde el departamento de Empresa recuerdan que el número de Registro de Turismo de Catalunya sigue vigente y añaden que el suyo sirve para identificar todos los establecimientos, no sólo las viviendas turísticas.

Como el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat también trabaja para eliminar los anuncios ilegales. Desde inicios de 2025, la administración catalana ha pedido retirar más de 9.000 anuncios de viviendas de uso turístico en la plataforma Airbnb. Apartur también critica el hecho de tener que pagar dos veces por el trámite y pide que los 30 euros que supone el nuevo trámite se cubran con fondos públicos.

Con el registro estatal se activa una herramienta de control más, con la previsión de que empiece a dar los primeros resultados a mediados de agosto. Desde su puesta en marcha, las plataformas deberán remitir la información de todas las operaciones que haya registrado mensualmente. Será entonces cuando el gobierno español se encargará de revisar los datos recibidos con los anuncios publicados, coordinándose con las administraciones autonómicas y municipales para continuar con la labor inspectora, un control que también están obligados a realizar las plataformas de forma aleatoria y periódica. Además, Booking, Airbnb o Rentalia –filial de Idealista de alquileres turísticos– se han comprometido con el ministerio de Vivienda a eliminar los anuncios que no tengan ese número de registro.

Mientras tanto, ya se están revocando solicitudes de pisos turísticos que ya operaban, pero no cumplían todos los requisitos para inscribirse en el registro. En Barcelona se ha denegado la inscripción a 630 viviendas, mientras que en Cataluña han sido 3.192. En toda España no se han aceptado 23.106 solicitudes.