El 83% de los alquileres turísticos, sin derecho a anunciarse en las plataformas pocos días antes de que sea obligatorio

BarcelonaEl 82,7% de los alquileres turísticos catalanes no disponen todavía de un número de registro para poder operar legalmente en las plataformas digitales a pocos días de que sea obligatorio. La normativa europea que busca acabar con el uso fraudulento de los alquileres temporales, que incluye a los turísticos y los de temporada, entrará en vigor en España el 1 de julio, y sólo 9.109 de las 52.870 viviendas turísticas que hay en Catalunya están dentro del registro, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El gobierno español había dado un plazo de prueba de seis meses para poder inscribirse, el cual comenzó el 2 de enero, de manera que todos aquellos que no se inscriban en los próximos días y quieran anunciarse en plataformas de alquiler de corta duración, como Airbnb o Booking, serán considerados alquileres temporales. Las páginas web o aplicaciones en las que la negociación y forma del contrato quede fuera, como Idealista o Fotocasa, que simplemente ponen en contacto a arrendatario y arrendador, quedan excluidas de esta normativa.

En total, el número de solicitudes que ha recibido el ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para el registro único de alquileres de corta duración de Catalunya asciende a 28.433, el equivalente al 21% de todas las solicitudes a nivel estatal. Sólo Andalucía cuenta con mayor número de solicitudes. Sin embargo, de estas 28.433 peticiones, 17.888 tenían una finalidad turística y sólo se han concedido 9.109. El resto han sido solicitudes de alquileres de temporada, de las que sólo se han concedido 5.438. Para ponerlo en contexto, este martes el Govern dio a conocer los datos de nuevos contratos de alquiler firmados durante el primer trimestre, y hasta 3.417 eran de temporada, un 52,4% más que hace un año.

El sector, en contra

Si bien en Cataluña el porcentaje de alquileres turísticos que ya disponen de un código de registro es del 17,3% del total, en España esta cifra es inferior, puesto que el ministerio ha aceptado 49.101 solicitudes, cuando en todo el Estado existen 368.295 viviendas turísticas, según datos del INE. De hecho, este lunes la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) advirtió de que este registro dejará fuera el 70% de la oferta actual, lo que dicen provocar unas pérdidas de 13.737 millones de euros.

Para la directora general de la patronal de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Marian Muro, este registro "es una invasión de competencias" de Catalunya. "Nosotros tenemos un registro en Catalunya. Está muy bien tener el control de los alquileres de corta duración, pero se puede nutrir perfectamente de nuestro registro. La propia Comisión Europea ya decía muy claro que debía evitarse la duplicidad de registros", ha explicado en declaraciones al ARA. "Hay muy poco seguimiento. Es un proceso complejo", añadió.

¿Cómo funciona?

Este registro da una especie de matrícula a cada alquiler temporal que tendrá una duración de 12 meses, tanto si es turístico como de temporada, pero en este último caso para renovarlo el propietario deberá aportar una lista de todos los contratos que ha firmado durante ese período de tiempo. Además, deberá también decir a través de una declaración responsable la causa que justifica la suscripción de los contratos. En caso de que el propietario encadene contratos de temporada a un mismo inquilino para esquivar el contrato habitual, que dura cinco o siete años, y está sujeto al control de precios, se denegará el código o matrícula y no podrá alquilarlo con esta modalidad.

Para los alquileres turísticos, el Registro de la Propiedad, que es quien gestiona las solicitudes, podrá certificar si el alquiler en cuestión cumple con las normativas autonómicas de licencias de alojamiento turístico y si está en línea con las ordenanzas municipales que los ayuntamientos están implementando. Del mismo modo, también permitirá certificar a las comunidades de vecinos que hayan prohibido la implantación de alquileres turísticos.