Los ministros de Defensa de los países bálticos y nórdicos están reunidos este jueves en Lituania, en plena escalada de tensión con Rusia en la región. Apenas este miércoles las autoridades bálticas alertaron sobre la supuesta intención del Kremlin de apoderarse de algunas islas que son territorio de Lituania y Finlandia en el mar Báltico. El gobierno de Vladimir Putin quiere modificar sus fronteras marítimas en el mar Báltico y amenaza con generar una nueva crisis diplomática anexionándose islas reclamadas por algunos de estos estados bálticos. Este jueves la portavoz del ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha admitido que el ministerio de Defensa está trabajando para "clarificar" las fronteras marítimas de Rusia, aunque ha asegurado que es un trabajo puramente "técnico". Según la portavoz, las fronteras en el mar Báltico deben estar "de acuerdo con la ley internacional".

“Si nosotros ya no estamos, entonces Lituania, Letonia y Estonia serán los siguientes”. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, alertaba así la semana pasada del peligro que corren las naciones de la antigua Unión Soviética ante la amenaza rusa, especialmente si Ucrania no consigue resistir la embestida. “Desfilarán hasta el Muro de Berlín”, añadía. Y citaba, los primeros, a los países bálticos. Estonia, Letonia y Lituania están doblemente protegidos por los escudos de la OTAN y la Unión Europea, un “muro democrático contra la marea de autocracia” de Rusia, cómo los describió este lunes el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que está visitando el este de Europa. 

Viajes oficiales, llamadas, mensajes e intercambio de amenazas... La crisis entre Rusia y los países occidentales por la tensión en Ucrania de momento es solo diplomática, pero las dos partes hace semanas que se esfuerzan también por hacer ostentación de su fuerza militar. La presencia de más de 100.000 soldados rusos cerca de la frontera ucraniana ha motivado que varios aliados de la OTAN estén ampliando sus destacamentos en el este de Europa. Después de que Estados Unidos anunciara la semana pasada que enviaría 3.000 soldados, principalmente a Polonia y Rumanía, este lunes Alemania y el Reino Unido han comunicado que también reforzarán los destacamentos de la OTAN en la región.

LituAnia, un país de menos de tres millones de habitantes, protagoniza el último capítulo del deterioro de las relaciones diplomáticas entre China y la Unión Europea. El estado báltico ha ordenado la retirada de todos sus diplomáticos en Pekín, y lo ha justificado asegurando que sufría por su seguridad. En el centro de las disputas, que empezaron en verano, está la isla de Taiwán, que China reivindica como territorio propio y que es uno de los temas de tensión habituales del gigante asiático con los países occidentales ante cualquier gesto que sugiera que Taiwán es un país independiente.

El ministro de Defensa de Lituania, Margiris Abukevicius, ha recomendado a la población evitar comprar teléfonos chinos y ha aconsejado tirarlos en caso de que ya se tengan después de que un informe del gobierno lituano haya identificado riesgos de censura y espionaje en algunos dispositivos. El Centro de Ciberseguridad del país báltico, que ha investigado los móviles 5G de los fabricantes chinos con presencia en Lituania, alerta especialmente de los problemas de seguridad de Xiaomi y Huawei. En concreto, asegura que el teléfono Mi 10T 5G de Xiaomi contiene una tecnología que permite censurar más de 400 términos sensibles para el régimen de Xi Jinping, como por ejemplo “Tíbet libre”, “Larga vida a la independencia de Taiwán” y “Movimiento democrático”. Esta opción está desactivada en la región de la Unión Europea, pero el organismo lituano alerta de que puede ser reactivada de forma remota en cualquier momento para restringir la libertad de expresión de los usuarios.

El número de personas que han entrado en Lituania irregularmente desde Bielorrusia ha aumentado en los últimos meses. Ante esta situación, la Comisión Europea (CE) no se opone a la construcción de una barrera para frenar la llegada de inmigrantes, según han explicado portavoces del organismo en una conversación con medios europeos este martes. La Comisión no es partidaria de financiar este tipo de infraestructura con fondos europeos, dicen las mismas fuentes, pero sí de transferirlos para otras políticas de control migratorio.