Un conocido economista me aseguró esta semana que habría presupuestos de la Generalitat para el 2026. Estaba muy convencido. Es más, no tenía ninguna duda, después de aplicar la teoría de los juegos, una rama de las matemáticas que se utiliza para modelar situaciones de negociación, conflictos, competencia, cooperación y otras interacciones similares. Con esta teoría se pretende determinar la mejor estrategia posible para cada uno de los jugadores y el resultado a esperar de cada una de las situaciones. Y los juegos pueden ser de suma cero (los beneficios o pérdidas de unos jugadores quedan compensados ​​con los beneficios o pérdidas de otros) o de suma no cero, es decir, todos pueden ganar o perder.

Foment del Treball se plantea llevar al Tribunal Constitucional la regulación de la compra especulativa de vivienda pactada entre el PSC y los Comunes. Lo ha anunciado el presidente de esta patronal, Josep Sánchez Llibre, durante la asamblea celebrada este lunes en Barcelona. "El reciente pacto entre el Gobierno de la Generalitat y Comunes es la socialización de la propiedad privada, es un atentado contra la propiedad privada, es una medida que no cabe en nuestra sociedad. Si es necesario, promoveremos la interposición de un recurso de inconstitucionalidad o el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad contra esta medida, que hallamos letal para la economía y la sociedad catalana". Y ha añadido que "no se pueden cambiar las normas del juego desde una esquina ideológica, pensando en propaganda o en quedar bien".

Si finalmente ERC avala el proyecto, Cataluña tendrá presupuestos para 2026 por primera vez en los últimos tres años. En 2024, 2025 y hasta el día de hoy les ha tenido que prorrogar por falta de apoyos. Son cerca de 50.000 millones, un umbral que se supera por primera vez en la historia, y que suma 9.100 millones más de gasto que en los últimos aprobados hace tres años y que, en aquella ocasión, suponían superar por primera vez los 40.000 millones.

La Generalitat necesita unos presupuestos para funcionar bien. Por ahora, la Generalitat todavía se gestiona con la prórroga de las cuentas de 2023, lo que limita bastante el margen de maniobra de la administración, además de dejarla sin unos 1.500 millones de euros, que no se utilizan porque no se pueden incluir gastos o proyectos nuevos por no tener presupuestos. Se trata de una cantidad equivalente o similar a la dotación anual de departamentos como el de Empresa y Trabajo o el de Universidades e Investigación. Lo cierto es que los ciudadanos merecen que la administración trabaje con unas cuentas que se adapten a las necesidades del país hoy, no con cifras que respondían a la realidad de hace tres años. Además, tener unos presupuestos permitiría aprovechar al máximo los recursos obtenidos con unos niveles de recaudación de récord gracias al crecimiento económico, tanto en lo que se refiere a los tributos en los que Cataluña participa, como el IRPF, como con los propios y cedidos (sucesiones o transmisiones patrimoniales) con el sistema de financiación actual.

La Generalitat podrá gastar el próximo año hasta 40.524 millones de euros, lo que supone un incremento real del 3,3% respecto al presupuesto prorrogado desde 2023. Esta cantidad, que no incluye el gasto finalista ni el del resto del sector público y que por primera vez supera los 40.000 millones, es el llamado techo de 2, que el gobierno de Salvador Isla todavía tiene que conseguir apoyo. Precisamente, por falta de acuerdo, actualmente la administración catalana opera con las cuentas del 2023 prorrogadas, porque el ejecutivo de Pere Aragonès, de ERC, no logró aprobar las del 2024, lo que precipitó elecciones anticipadas; ni los primeros de Isla. El Gobierno estima que el límite establecido aumenta un 7,1% respecto a las cuentas prorrogadas, pero los desvíos en gastos como la sanitaria y las necesidades para financiar el endeudamiento hacen que el alza sea efectivamente del 3,3%. La cifra permite cumplir la regla de gasto, según ha explicado la portavoz y consejera de Territorio, Sílvia Paneque. El objetivo de déficit previsto equivale al 0,1% del producto interior bruto (PIB), o sea 429 millones de euros.

Con la candidatura de los Juegos de Invierno agonizante y el diálogo con el Estado en mantillas, si una cosa puede exhibir el Govern de Aragonés en su primer año es haber aprobado los presupuestos cuando tocaba. Por primera vez en doce años, el ejecutivo consiguió tenerlos en vigor el 1 de enero de este año, sin prórrogas ni retrasos. Pero ahora ya toca pensar en las cuentas del año que viene y este miércoles el conseller de Economía, Jaume Giró, inició una ronda de contactos con todos los partidos –menos Vox– para encontrar un socio. El ejecutivo tiene ahora mismo dos grandes problemas: uno de carácter económico, como es la incertidumbre que genera la guerra de Ucrania –hiperinflación–, y el otro de carácter político, que es que ya hace tiempo que no tiene un socio estable en el Parlament.

La tramitación de los presupuestos de la Generalitat ha sacudido la legislatura, agrietado el Govern y abierto un escenario que obliga a una nueva correlación de fuerzas para garantizar la gobernabilidad. El no de la CUP a facilitar las cuentas rompe la mayoría independentista que, sin hoja de ruta compartida, permitió la investidura, y posiciona los comuns como nuevo socio del ejecutivo –al menos a nivel presupuestario– a pesar de los recelos de Junts. En paralelo, el PSC se reivindica como alternativa y, ante la inestabilidad del Govern, ya presiona por ir a nuevas elecciones.

No hay semana en que en Cataluña no aparezcan nuevas fechas por marcar en rojo en el calendario. Aficionada como es la política catalana a intentar avanzar escenarios sin casi tiempo de digerir los últimos hechos, desde hace unos días se especula ya alrededor de dos fechas que pueden ser clave en el futuro de la legislatura: el 22 y el 23 de diciembre. La segunda es la fecha en que se tienen que votar definitivamente los presupuestos de la Generalitat para el año 2022. La primera, el día a partir del cual el president, Pere Aragonès, puede volver a convocar elecciones en Catalunya.

Cuando solo se habían cumplido tres minutos del discurso del president en el debate de política general, saltó la primera noticia: el Govern se comprometía a impulsar la gratuidad de las guarderías el próximo curso, empezando por hacer gratis P2. Este compromiso, sin embargo, también tiene su letra pequeña y es que, para cumplirlo, se tendrán que aprobar los presupuestos de la Generalitat del año que viene. El departamento de Economía del conseller Jaume Giró hace tiempo que trabaja en ello, pero el debate parlamentario de esta semana ha dejado tocada la confianza con el socio que tenía para aprobar las cuentas, la CUP. ¿Qué podemos esperar de la negociación que se acerca?

El segundo tripartito puso punto final –hasta ahora– a la era de los gobiernos catalanes que contaban con el apoyo garantizado de la mayoría absoluta en el Parlament. Desde entonces, el proceso para aprobar los presupuestos de la Generalitat se ha convertido en un vía crucis para cualquiera de los ejecutivos. Un par de datos lo resumen bien: desde 2010 nunca se han aprobado unas cuentas dentro del plazo –es decir, para que entren en vigor el 1 de enero– y en cinco de las once ocasiones directamente no se han podido hacer y se han tenido que prorrogar. Que desde mayo haya un nuevo Govern con ERC al frente no solo no ha cambiado mucho el escenario sino que en las últimas semanas al gabinete de Pere Aragonès se le ha complicado el panorama. La CUP no garantiza sus votos y la ampliación del aeropuerto de El Prat oscurece algo más las relaciones de los cuperos con el dúo ERC-JxCat. Los comuns prácticamente ya se han descartado y el único partido que da señales de querer negociar, el PSC, no forma parte de la agenda de potenciales socios que querría el Govern.