La prestación universal por hijo/a ha vuelto al centro del debate público. La discusión se ha centrado sobre todo en el coste y la viabilidad presupuestaria. Pero mientras miramos a los números hay un dato que no se mueve: en Catalunya, más de uno de cada tres niños, niñas y adolescentes vive en riesgo de pobreza o de exclusión social. Ante esto, quizá la cuestión no sea sólo si es necesaria o no una nueva prestación, sino ver qué modelo de apoyo público a la crianza tenemos, y para quien sirve.

Una de las cifras más vergonzosas de un país desarrollado es el porcentaje de niños que viven en riesgo de pobreza. Y al mismo tiempo, la pobreza infantil es un mal negocio de futuro. Pocas inversiones a largo plazo tienen un mayor retorno que el de vivir una infancia feliz. Este regreso no es sólo emocional, sino también económico. Hace décadas que la psicología y la evidencia empírica lo demuestran: crecer con importantes privaciones materiales tiene consecuencias individuales y familiares, en más de una generación, e impacta también en la cohesión social y el futuro de un país.

Por fin está sobre la mesa, y con un amplio consenso político y técnico, la propuesta de incluir una prestación universal para la crianza de sus hijos. Hoy la defiende en el ARA el presidente de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, Xavier Trabado. Las entidades llevan tiempo avalando una medida de este tipo. Con esta iniciativa, que el gobierno español quiere incluir en los presupuestos del 2026 –habrá que ver si se aprueban–, las familias recibirían 200 euros al mes por cada menor de 18 años a cargo (2.400 euros al año por hijo). Diecinueve de los veintisiete países de la Unión Europa disponen de una asignación similar. ¿Es una buena idea? ¿Es socialmente justa? ¿Para qué sirve? ¿Funcionaría?

Los buenos datos macroeconómicos de los últimos años, con crecimientos del PIB muy por encima de la media europea y bajadas importantes del paro, no acaban de tener un impacto relevante en la reducción de la pobreza en Cataluña, que actualmente se sitúa en torno al 25%. Y si hablamos de la pobreza infantil, es decir, de la de los menores de entre 0 y 16 años, este porcentaje crece hasta el 36%, según los últimos datos del Idescat. Se rompe así con una tímida tendencia bajista que se había iniciado con la pandemia y se confirman las sospechas de las entidades del tercer sector, que llevan tiempo alertando de la creciente demanda de sus servicios por parte de personas que incluso tienen trabajo. La pobreza general subió 0,8 puntos, y la infantil, 1,3.

A raíz de Groenlandia, Ucrania y el futuro de la OTAN, estos días se habla mucho de las diferencias en política exterior entre Estados Unidos y Europa. Pero no podemos pasar por alto la brecha cada vez mayor que existe en política interna. A principios de año, la fundación Heritage, uno de losthink tanksmás influyentes de EE.UU., publicaba uninforme para "salvar a América salvando a la familia", mientras la administración Trump anunciaba la congelación temporal de los fondos federales destinados a servicios para niños y ayudas a familias. El tiempo y el coste de tener hijos se presentan como una responsabilidad que se resuelve principalmente dentro de los hogares, a menudo a cargo de las mujeres, con una presencia cada vez más reducida del soporte público.

Nacer en un contexto familiar o en otro, en una zona geográfica concreta o estar rodeado de según qué entorno condiciona el cumplimiento de los derechos universales de los niños. Un niño no elige si lo que lleva para desayunar es el que sobró anoche ni puede llegar a la conclusión de que esto le provocará malestares digestivos porque no es lo más recomendado. No tiene capacidad de decisión sobre si ponerse ropa limpia o no o sobre ducharse por la mañana si nadie de la familia le ayuda a hacerlo, ni puede deducir que a la larga esto puede derivar en problemas de piel. Siempre necesita el adulto, el referente, y por eso una verdadera política de infancia debe tener una visión global, actuando en el núcleo familiar para tener efecto en el niño.

Más de dos millones de niños en España están en situación de pobreza, una cifra que sitúa al país con la tasa de pobreza infantil más elevada de la Unión Europea. Ante este contexto y con motivo del Día Mundial de la Infancia –20 de noviembre–, la Fundación "la Caixa" refuerza su compromiso con el desarrollo integral de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Leía la semana pasada que una persona que acude al trabajo con Cercanías pierde cada año de media 46 horas esperando trenes con retraso. Me hago cargo de la desesperación de quien sufre ese disparate y del impacto que tiene en la sociedad. A pesar de ser muy diferentes problemas, no puedo evitar hacer la analogía con la pobreza infantil. ¿Cuánto hace que sabemos que 1 de cada 3 niños y niñas en nuestro país sufre? ¿Hasta cuándo repetiremos que debe ser una prioridad afrontarla? ¿Cómo se degrada la situación de quien sufre mientras espera soluciones?

La Generalitat busca familias con hijos que tengan derecho a cobrar una prestación por niño y que, por diversas razones, no la reciban. Es una de las medidas que plantea el Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (CETIS), que hace unos meses recibió el encargo de la consejería de Derechos Sociales de encontrar fórmulas para reducir la tasa de pobreza infantil, situada en el 34% y que, en palabras de la consejera Mònica Martínez Bravo, es "persistente y superior" a la media de la Unión Europea (20%), e incluso de España (29,2%). De hecho, sólo la supera Bulgaria (35%).

Uno de cada tres alumnos necesita apoyo educativo. Éste fue el principal titular de este inicio de curso. Una afirmación impactante que muestra uno de los mayores retos de la escuela catalana, pero que también hay que desgranar para poder abordar. ¿Qué significa exactamente que un alumno necesita soporte educativo?

Más de 460.000 niños y niñas catalanes viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, uno de cada tres. la economía no deja de crecer –por encima de la española y la europea– y con una tasa de paro tan baja como no la veíamos desde antes de la crisis financiera de 2008.

Más de 412.000 niños menores de 16 años que viven en Cataluña son pobres, lo que equivale al 34,8% del total de población de este grupo de edad. Las entidades sociales y el Síndic de Greuges llevan muchos años alertando de los riesgos que haya tantos menores viviendo en familias que tienen carencias materiales que impactan en su línea de expectativas futuras, ya que ni los escudos sociales en forma de prestaciones son lo suficientemente fuertes para recortar las desigualdades de oportunidades. El dato de pobreza infantil se extrae de la última Encuesta de Condiciones de vida que ha publicado este jueves el Instituto de Estadística (Idescat), que, por el contrario, señala que la tasa de pobreza y exclusión social en el conjunto de la población se ha reducido en este último año en 0,4 puntos, una disminución muy baja que la situación social démia: sin embargo, el 24% de los catalanes (uno de cada cuatro) malviven con deficiencias de todo tipo en su día a día.

Mirados por el ejemplo de Salt, un millar de maestros y profesores de Barcelona se han reunido en la plataforma Docents 080 para alertar de que la precariedad de la vivienda y los desahucios tienen un fuerte impacto en las aulas. La entidad, que también cuenta con el apoyo de Asociaciones de Familiares de Alumnos (AFA) y claustros de centros, se ha presentado este martes formalmente con el lema "sin viviendas dignas no puede haber buena educación". Además de la capital catalana y la localidad gerundense, también se preparan iniciativas similares en el Baix Montseny, el Maresme y en la Catalunya Central, por poner tres ejemplos, réplicas que explican la magnitud de los problemas sociales que se encuentran los profesionales de la educación.

En nuestro país, hablar de pobreza es hablar de los niños. En Cataluña, 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, uno de los peores datos de la Unión Europea. Si bien desde UNICEF Comité Catalunya celebramos tener al alcance instrumentos como la Garantía Infantil Europea, la Estrategia de Lucha contra la Pobreza Infantil y que el gobierno de la Generalitat sitúe este problema como prioritario, esto debe hacerse realidad en los próximos presupuestos.

Aunque no está en los genes, la pobreza también se hereda. Un tercio (aproximadamente el 36%) de los niños pobres hoy también lo serán de adultos. La causa de esta transferencia está más en el código postal que en el genético, y se vincula a su vez con factores educativos, laborales o de la vivienda. De hecho, Cataluña, como España, tiene uno de los índices de pobreza infantil más altos de toda la Unión Europea y también un gasto muy bajo para luchar contra esta lacra, que afecta a casi 422.000 menores catalanes: un 32,5% frente al 24% de la población general.

Esta semana se ha publicado la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del año 2023, una radiografía de cómo vive la ciudadanía y cómo llega a fin de mes. Y no es sólo un ejercicio informativo, de saber cómo mejora o empeora nuestro bienestar, sino una de las herramientas más útiles que tenemos para diseñar mejores políticas. Si los instrumentos públicos que definimos no se adaptan a las necesidades reales de la ciudadanía, poco podrán realizar para mejorar su calidad de vida.

En Cataluña, se considera pobre a alguien que dispone de unos ingresos anuales inferiores a 12.564 euros o, en el caso de una familia de dos adultos y dos criaturas, inferiores a 26.385 euros. Los datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) no dejan demasiado margen de duda: un 33% de los niños catalanes, es decir, unos 400.000 niños y niñas, viven en familias en el umbral de la pobreza. Si, en cambio, miramos en el otro extremo de la pirámide poblacional, entre los 1,4 millones de jubilados, pensionistas y retirados, el 13% (182.000 personas) están en situación de pobreza. Por tanto, existe el doble de niños que de personas mayores que no llegan a los mínimos, lo que en ningún caso significa que la gente mayor viva en la abundancia, ni mucho menos. Lo que denota esta diferencia es que el sistema de pensiones y de políticas sociales dedicadas a la vejez, pese a las carencias (182.000 mayores en pobreza sigue siendo un problema grave), en parte funciona. Tanto es así que durante la crisis financiera de 2008 adelante, muchas familias jóvenes sobrevivieron gracias a las prestaciones de los abuelos.

Un 28% de los niños de España viven en situación de pobreza infantil, según un informe de Unicef que ha analizado un total de 39 países de la UE y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y que sitúa España en la posición 36, sólo superada por Turquía y Colombia –que no forman parte de la UE– y Rumanía, que es el país de la Unión con el peor porcentaje (29%). Estas cifras señalan que España es el segundo país con mayor pobreza infantil de toda la UE.

En Cataluña, más de 430.000 niños y niñas viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Sus familias no ingresan lo suficiente para cubrir las necesidades de crianza, pasan frío en invierno, a menudo no tienen garantizada una alimentación nutricionalmente adecuada y sus padres y madres están en paro, o trabajan menos de lo que quisieran. Podríamos suponer que tener un estado del bienestar que garantiza un conjunto de derechos básicos, de forma universal y gratuita, como la sanidad y la educación, y de contar con gobiernos autonómicos con cargo a los servicios sociales, las prestaciones de renta mínima y las políticas de inclusión social, nos alejarían de sufrir importantes niveles de pobreza infantil. Esto sin hablar de la llegada del ingreso mínimo vital (IMV), el gran sistema de garantía de rentas complementario a las prestaciones autonómicas. Pero la realidad es terca, y no entiende, de suposiciones.

Más de 78 millones de niños en el mundo no pueden ir a la escuela. En la India, que pronto será el país más poblado del planeta, la pandemia de covid-19 forzó a miles de niños a dejar las clases y, dos años y medio después, la mayoría todavía no ha podido volver. La Fundación Vicente Ferrer se ha propuesto resolver esta situación y "devolver la magia a los niños de la India". Y lo quiere hacer de la mano del Mago Pop, Antonio Díaz, considerado por la revista Forbes como "el ilusionista europeo más taquillero del mundo". Ahora, Díaz asegura que quiere ayudar a los niños de Anantapur, en la India, para que también ellos puedan soñar con un futuro mejor.