La activista Tamara Carrasco fue acusada de rebelión y de terrorismo por la Audiencia Nacional en 2018. Es imposible olvidar aquellos titulares inculpatorios que anunciaban victoriosos que la Guardia Civil había encontrado en casa de la CDR de Viladecans una máscara de Jordi Cuixart, un silbato amarillo y una papeleta del 1-O. Había suficiente con esto para hacer el ridículo, pero los chistes se vuelven pesadillas en manos de los represores. Como en una película basada en hechos reales en la que vas pensando “no puede ser, no puede ser, el guion se les ha ido de las manos”. Y fue. Y ha durado cuatro años. Y el guion está escrito. A Tamara Carrasco la detuvieron, la trasladaron a Madrid y posteriormente la justicia española decidió que la confinaba en su municipio durante 413 días. Antes de que la pandemia nos confinara a todas. Después, sin pruebas de terrorismo ni de rebelión, la Audiencia Nacional pasó el caso a los juzgados ordinarios de Barcelona y Tamara Carrasco fue acusada de incitación a los desórdenes públicos. La cuestión era acusarla. Algo debía de haber hecho. Pero también fue absuelta. Aunque la fiscalía, supongo que para afinar, no tenía suficiente y presentó un recurso al Tribunal Supremo, presidido por Manuel Marchena. Once votos a favor de su absolución y cinco en contra ha sido el resultado final, con nombres propios que nos son demasiado familiares, para mi gusto. Para el bien de Tamara Carrasco, el calvario judicial se ha acabado. Las consecuencias que le ha traído todo este proceso, no. ¿Cómo se puede resolver internamente esta angustia? ¿Cómo resolvemos colectivamente esta injusticia? Su caso es un ejemplo evidente de la persecución ideológica que sufre el independentismo y que hace tiempo que nos enseña todas las máscaras transparentes de un país obsesionado con una unidad fabricada a puñetazos y mal olor de cloacas. La comedia acaba siendo una película de terror hablada, doblada y subtitulada en castellano.  

Fracasa el intento desesperado de la Fiscalía para condenar a Tamara Carrasco, la activista de los CDR detenida por un supuesto delito de terrorismo y que ha acabado absuelta. La sala segunda del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación del ministerio público contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que ya había ratificado la del juzgado que en primera instancia absolvió a la vecina de Viladecans del delito de incitación a los desórdenes públicos. La decisión, sin embargo, no ha sido unánime: un bloque conservador formato por Manuel Marchena, Pablo Llarena, Antonio de Moral, Julián Sánchez Melgar, Vicente Magro y Ángel Hurtado se ha mostrado partidario de la condena, mientras que una mayoría de diez magistrados apoyará la ponencia en contra que redactará el juez catalán Javier Hernández, una de las últimas incorporaciones de la sala segunda del Supremo.

La Fiscalía no se rinde en la persecución de la activista del CDR de Viladecans Tamara Carrasco. Absuelta de desórdenes públicos por el juzgado número 25 de Barcelona y después por la Audiencia de Barcelona, ahora el ministerio público recurre al Tribunal Supremo. Así, el 21 de julio presentó un recurso de casación en el que pide condenarla y que hace unos días se notificó a su defensa. Tiene hasta el 22 de septiembre para presentar alegaciones. La causa gira alrededor de la difusión por WhatsApp de un audio en el que explicaba las acciones que tendrían lugar el 26 y 27 de marzo de 2018 a raíz de la detención de Carles Puigdemont en Alemania, así como algunas que finalmente no se produjeron pero que se habían debatido como la ocupación del aeropuerto, el puerto y Mercabarna. Esos días lo que sí sucedió es que se cortaron varias carreteras y se rodeó la Estació de Sants.