En Barcelona los restaurantes italianos reales están llenos de italianos reales. Abres la puerta y ya sale un camarero, un ayudante de camarero, un cocinero, un ayudante de cocina, un gestor de fonética, un adiestrador de toponimia… Todos italianos. Y la harina es italiana y te habla en italiano por los descosidos. También el tomate, el queso, las aceitunas, el tomillo, el laurel, el vino, la cerveza… Incluso el aire que respiras se ha envasado en Castelvetro di Modena o Pieve di Teco. Si esto ocurriera en un restaurante de cocina catalana enseguida lo cerrarían (con alguna ley de la dictadura de la moral-letal) por racista, discriminador, no acogedor, etc. Es más fácil ser italiano en Barcelona que en catalán. O… no.

Los comerciantes barceloneses pasan a la acción. Barcelona Oberta, la asociación de ejes comerciales presidida por Gabriel Jené, ha reclamado este martes la creación de un Consorcio de Promoción Comercial público-privado "que acompañe a los operadores a instalarse, con códigos de buenas prácticas y disciplina urbanística y de calidad en las implantaciones comerciales". Lo ha hecho en el marco del IX Summit Barcelona Oberta sobre retail y urbanismo, celebrado este martes en la Casa Seat.

La sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo 5 de Barcelona que ha declarado nulos los proyectos de reurbanización de los ejes verdes de Consell de Cent y Enric Granados y que ordena devolver la urbanización de las calles a su estado anterior, ha suscitado un gran revuelo político y mediático con posicionamientos de incredulidad. Pero más allá de las consideraciones sobre si la sentencia es más o menos congruente, conviene realizar un análisis de sus fundamentos principales, para ver si realmente tiene razón desde un punto de vista jurídico-urbanístico.

De todas las actuaciones urbanísticas del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona encabezado por Ada Colau quizá la que tenía y tiene aún más consenso es la de la pacificación de la calle Consell de Cent para convertirlo en un gran eje verde. Pasear por esta calle hoy es una experiencia muy agradable para los barceloneses, y en especial para los habitantes del Eixample, una zona con una histórica carencia de espacios verdes ya desde el mismo principio de su construcción, en el siglo XIX, cuando rápidamente se abandonó la idea de Cerdà de que los interiores de manzana fueran jardines. Ahora una jueza ha dado la razón a la entidad Barcelona Oberta, que reúne los ejes comerciales de las zonas turísticas, y ha ordenado revertir la obra porque, a su juicio, antes de iniciarla debería haberse modificado el Plan General Urbanístico (PGU) de la ciudad. El Ayuntamiento ya ha anunciado que recurrirá contra la decisión y, por tanto, todo apunta a que nos encontramos justo al inicio de una larga batalla judicial que puede durar años.

Un juzgado de Barcelona ha ordenado que la calle Consell de Cent vuelva a su estructura original y se desmantele así el eje verde, una de las obras clave del gobierno de Ada Colau, inaugurada hace unos meses y que no ha sido exento de polémica desde su primer planteamiento. En una sentencia conocida este viernes, la titular del contencioso administrativo del número 5 de Barcelona da por buenas las alegaciones presentadas por la entidad Barcelona Oberta (la unión de ejes comerciales turísticos), que se han opuesto a la gran transformación del Eixample. La juez admite que el plan ha supuesto una "modificación encubierta del Plan General Metropolitano", que forma parte de una estrategia más ancha, un motivo suficiente para desmantelar la superilla. Pese a la contundencia, la resolución no es firme y el Ayuntamiento todavía podría recurrirla ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Sin embargo, todavía el consistorio no ha reaccionado.

Las obras de la nueva superilla del Eixample empezarán a expulsar coches del corazón de Barcelona en agosto. Un juzgado contencioso administrativo ha desestimado el recurso de la Cámara de la propiedad Urbana de Barcelona que pedía paralizar los trabajos hasta que la justicia decida si el proyecto se ajusta o no a la legalidad. De momento el juez todavía no ha entrado en el fondo de la cuestión, pero de entrada cree que hay que priorizar "el interés público" del proyecto por encima de los argumentos de los recurrentes.

El arquitecto Enric Batlle (Barcelona, 1956) es un optimista radical. “Cualquier lugar, incluso el peor, puede reintegrarse en el sistema del espacio público”, afirma. Batlle y Joan Roig (Barcelona, 1954) fundaron hace cuarenta años el despacho desde el cual han demostrado el poder regenerador de la arquitectura. Sus obras, muchas de las cuales en el área metropolitana de Barcelona, se han convertido en un referente internacional, como la restauración paisajística del vertedero del Garraf, que continúa, y la recuperación medioambiental del río Llobregat en el Baix Llobregat. Cuando Batlle y Roig empezaron su trayectoria conjunta no había ningún modelo para este tipo de actuaciones, pero encontraron en la agricultura instrumentos para llevarlas a cabo, como el fundacional cementerio de Roques Blanques, en el Papiol, con los nichos en bancales. Continúan trabajando en él, y hace pocos años inauguraron El Camino del Bosque, otro bancal, este hecho con troncos, donde enterrar las cenizas de los difuntos.

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia de la plataforma Salvem Barcelona contra el proyecto de superilla del Eixample de la capital catalana por un posible delito contra la ordenación territorial. Los denunciantes pedían al ministerio público que parara cautelarmente el inicio de las obras en las calles Consell de Cent, Borrell, Rocafort, Enric Granados y Girona, que está previsto que a partir del mes de junio se transformen en ejes verdes, según avanza la ACN.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha participado esta tarde en una mesa redonda sobre la lucha de las ciudades contra la emergencia climática y ha querido transmitir "optimismo a los estados". "Si las ciudades, que tenemos muchos menos recursos, podemos hacer todo lo que hacemos, los estados todavía pueden hacer mucho más", ha defendido la alcaldesa. Emulando el lema optimista que tantas veces llamó cuando lideraba la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Colau ha añadido: "Que sepan los estados que sí que se puede. ¡Y tanto que se puede!". La alcaldesa ha dicho que las ciudades están "avanzando desde la pequeña acción cotidiana" y que están siendo "valientes" para sacar adelante políticas para reducir las emisiones. "No hay marcha atrás", ha concluido.

El gobierno de Colau ya detalló ayer que, como mínimo, prevé recibir en 2022 unos 150 millones de euros provenientes de los fondos europeos de recuperación, que son los que ha incluido como previsión en su propuesta de presupuesto. El Ayuntamiento ha detallado esta mañana que ya ha aprobado la lista de proyectos que, dentro del área de la movilidad y la mejora de la calidad ambiental, aspirarán a recibir financiación europea. Se trata de iniciativas como la unión de los tranvías por la Diagonal, la incorporación de cámaras para controlar los vehículos que incumplen la zona de bajas emisiones (ZBE), las obras de la llamada Superisla Eixample, que tienen que empezar el verano que viene, o la ampliación de la flota de autobuses eléctricos. La ciudad, de hecho, ha presentado una carta a los reyes para optar al máximo presupuesto posible en la convocatoria del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para los municipios: 125 millones de euros, que es el límite al alza si se tiene en cuenta la población de Barcelona. Y las prepara ya para otros ámbitos como el de la rehabilitación de edificios, que, según avanzó ayer el concejal de Presupuesto, Jordi Martí, es una de las áreas en las que se espera una inyección económica más fuerte proveniente de los fondos Next Generation.