En las últimas dos semanas, patronales y sindicatos no han encontrado el momento de sentarse a negociar cuál tiene que ser la revisión salarial que recoja el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Con el último dato del índice de precios del consumo (IPC) publicada –9,8% este mes de marzo, según ha anticipado el INE–, la negociación todavía se ha complicado más, sobre todo por el temor de unos y otros a los llamados efectos de segunda ronda. "No hay constancia de una reunión pronto", anticipan fuentes próximas al diálogo social. Pero, mientras el nuevo AENC continúa sin estar cerca, los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo.

La reforma laboral del año 2012, promovida por el PP en circunstancias de emergencia económica, podía tener una razón de ser para desbloquear la capacidad de crecimiento de la economía española, pero no tenía sentido que se mantuviera una vez recuperado el potencial de crecimiento. Los problemas de la economía española son de mala regulación laboral. En esto no hay diferencia catalana: la economía catalana late exactamente igual que la del conjunto del Estado porque las regulaciones laborales son muy fuertes y son idénticas para todas las partes del Estado –son competencia exclusiva suya–. Todos los estudios hechos desde fuera no paran de subrayar la mala calidad de la regulación laboral española, que se concreta en tasas de paro estructuralmente muy elevadas, tasas de temporalidad anormalmente altas y una dualidad laboral (diferentes condiciones y regulaciones) muy marcada en función de la edad. Son muchos más los defectos del funcionamiento de las relaciones laborales en el Estado, derivados siempre de la multiplicación de contratos de baja calidad, que querían corregir rigideces heredadas del Estatuto de los Trabajadores, pero no los detallo todos. Han acabado creando un monstruo.

Una vez más, el diálogo social ha fructificado a última hora. El gobierno español y los agentes sociales han llegado a un acuerdo para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 28 de febrero de 2022. El texto final, que ha recibido bastantes modificaciones respecto al texto presentado este domingo, ya tiene el visto bueno de las organizaciones sindicales UGT y CCOO, que valoran muy "positivamente" el texto planteado por el gobierno español, asó como de las patronales CEOE y Cepyme que a última hora de la noche lo han consultado y ratificado con sus órganos de dirección. Está previsto que el gobierno español los apruebe en el consejo de ministros de hoy martes.