Cada septiembre desde hace siete años, los nueve profesores del Instituto El Palacio de San Andrés de la Barca que fueron señalados el 1-O reviven el calvario judicial que sufrieron cuando se les acusó de haber vejado a los hijos de guardias civiles. ¿La razón? Si los nuevos alumnos los buscan en Google, los primeros resultados que aparecen son los de la causa judicial contra ellos, que quedó archivada. También el artículo donde El Mundo publicó su nombre, apellidos y fotografías y que terminó en una portada que la entonces líder de Cs, Albert Rivera, utilizó para señalarlos como "maestros separatistas". En noviembre de 2024 se cerró la última carpeta judicial abierta contra los docentes, que lamentan el "desgaste personal" y "sufrimiento enorme" a lo largo de estos años, donde se han sentido solos y sin el apoyo ni de la Generalitat ni del Ayuntamiento. Ahora quieren que se haga justicia en dos flancos: por un lado, borrando la huella digital "infame" de las acusaciones contra ellos en internet y, por otra, logrando una reparación moral del daño que incluya un plan para proteger a los profesores de persecuciones por lo que expresan en las aulas.

A veces me entretengo mirando partidos de fútbol vintage. Especialmente del Barça. Me gusta verlos, no tanto por motivos estrictamente futbolísticos como por revivir la sensación de mis domingos de niño y adolescente, las narraciones impostadas de los comentaristas de TVE, los fotógrafos paseándose por el césped sin apenas restricciones, la gente fumando, los árbitros de negro riguroso, las mujeres ausentes, las melenas de estilo hippie que puso de moda Cruyff... Y, por encima de todo, la frescura y la espontaneidad en el comportamiento de los jugadores; chapuceros, a veces violentos, pero siempre pendientes del juego, ajenos al seguimiento de los fotógrafos y las cámaras.

Hoy será noticia el balance del año que harán los presidentes Illa y Sánchez, justo antes de irse de vacaciones y decirnos hasta el próximo año.

La larga resaca de los hechos del 2017 ha acabado conduciendo a una nueva etapa que pide serenidad. Si existe un principio de la política, es no perder nunca la conciencia de los límites. Saber en cada momento hasta dónde se pueden forzar las cosas. Y acertar en los instantes de oportunidad. Aquel octubre no quiso reconocerse que no todo era posible. Y acabó como todos sabemos.

Pere Aragonès asegura que su nuevo Govern "representarà los consensos del 80% de la ciudadanía" en referencia al derecho a decidir, y Junts carga contra los perfiles no independentistas que han relevado a sus consellers. Pero, ¿qué posicionamiento tienen los nuevos miembros del ejecutivo respecto al 1-O y al Procés? Con la excepción del nuevo conseller de Salud, Manel Balcells, y de la consellera de Economía, Natàlia Mas –que ya trabajaba en la conselleria durante el referéndum–, el resto se ha posicionado de forma clara públicamente.

Visto para sentencia. Así ha quedado el juicio de la empresa catalana Ciments Molins por el traslado de su sede social. Al poco del 1 de Octubre, esta compañía optó por trasladar la sede social de Sant Vicenç dels Horts a Madrid. Algunos accionistas familiares rechazaron este movimiento y llevaron el caso a los tribunales.