El Tribunal Supremo rechazó este jueves el último recurso presentado por la defensa de Adrián Sas, encausado por las movilizaciones del primer aniversario del 1-O, para evitar la cárcel. Ahora la Audiencia de Barcelona deberá dictar la ejecución de la sentencia para fijar cuántos días tiene Sas para ingresar en un centro penitenciario. El activista villafranquino, de 34 años, ya ha dejado claro, sin embargo, que no se entregará voluntariamente siguiendo los pasos de Dani Gallardo, a quien la policía sigue buscando después de desobedecer la orden judicial, que le daba tres días para entrar en prisión. Ambos, cuando sean detenidos ya la espera de la aplicación de la ley de amnistía, que justamente se ha aprobado este jueves, se convertirán en los primeros manifestantes del Proceso que serán encarcelados. Y curiosamente ambos nacieron fuera de Catalunya. Sas, en Asturias, y Gallardo, en Andalucía.

La víspera del cuarto aniversario del 1-O, el Parlament aprobó una propuesta de resolución en defensa de la mesa de diálogo con el Estado como mejor forma de resolver el conflicto político entre Catalunya y España. La resolución se aprobó con los votos de ERC, el PSC y los comuns y con la abstención de Junts. Esta coincidencia en el tiempo puede resultar decepcionante para algunos, pero en todo caso es coherente con todo lo que ha pasado en los últimos cuatro años. A pesar de que con matices, la mayoría del independentismo ha pasado de considerar el 1-O como un referéndum vinculante que justificaba una DUI, a, en palabras de Jordi Cuixart durante el juicio del Procés, definirlo como "un acto de desobediencia masivo". Este acto de desobediencia masivo que implicó más de dos millones de personas ha sido, seguramente, el acto político más disruptivo de las últimas décadas en el estado español y quizás en Europa. Cuatro años más tarde, sin embargo, queda claro que, pese al impacto mediático, político y emocional brutal que tuvo, el 1-O no cumplía con los estándares necesarios para conseguir el reconocimiento internacional y, por lo tanto, no se puede usar para justificar mandato democrático alguno que sea externamente reconocido.