Se agote o no la legislatura, la política española ya vive a la expectativa de las próximas legislativas. Reflexiono sobre dos aspectos relacionados que las condicionarán en un grado máximo: el auge –o no– de Vox, y la vigencia de la cuestión catalana en el debate general español.

El sistema político español tiene plomo en las alas. Se enfrenta a una amenaza muy seria. No es la primera vez que ocurre, pero ahora presenta un potencial más amenazante. Durante la Transición, los herederos del franquismo y los representantes de las fuerzas democráticas construyeron codo con codo un modelo que favorecía la alternancia entre dos grandes partidos. Este modelo, que evoca el esquema de turnos decimonónico, buscaba preservar la estabilidad, la principal preocupación en aquellos años inciertos. Habría, planearon, una gran opción de centroderecha y otra de centroizquierda. El primer partido acabó siendo el actual PP —después de que la UCD saltara por los aires—; el segundo, el PSOE. Por este motivo, a ojos de algunos, la Transición culmina precisamente con la victoria de Felipe González en 1982. Se ha llamado a este sistema "bipartidismo imperfecto".

La política es la lucha por el poder. Y en democracia se rige por el principio de la mitad más uno que da la mayoría parlamentaria. Es la escenificación civilizada de lo que llamamos la lucha de clases, con el esquema derecha/izquierda como eje del sistema, a menudo con una tendencia a la caricatura, a la satanización del adversario, y con una oratoria que se mueve a partir de la lógica de nosotros y otros, para hacer del rival un enemigo. Una bronca por encima de las ideas, propuestas y decisiones que a menudo, en cada bando, deriva en expresiones más propias de la psicopatología de las pequeñas diferencias.

Termina un año y iniciamos otro. Son momentos, tanto en el plano personal como en el colectivo, de hacer balance y de formular nuevos propósitos. Para nuestro país, Catalunya, el 2025 ofrece un balance ambivalente. Algunos aspectos son claramente positivos, otros no lo son tanto, y los hay francamente adversos.

Cómo es la vida, sobre todo, cómo es la vida política. Hacía años que los independentistas decían que los jueces hacen política. (Tenían motivos: "¡A miedo ellos!" y "Lo que pueda hacer, que haga".) Luego lo dijo Pablo Iglesias por la parte que le tocaba. Pero es que anoche lo dijo en directo, por la televisión pública española, el presidente del gobierno español. A Pedro Sánchez le preguntaron por las causas judiciales abiertas a su esposa ya su hermano. Y contestó esto:

El gobierno español quita el polvo a la ley de secretos oficiales que había caído con el adelanto de las elecciones generales en el 2023. El consejo de ministros ha aprobado en segunda vuelta la norma, que ahora da el salto al Congreso de los Diputados, donde empezará su tramitación parlamentaria. Se trata de la norma que debe permitir desclasificar los documentos que estaban hasta ahora protegidos por la ley de secretos franquista, que todavía continuaba en vigor desde el año 1968. "[Con la ley] Damos respuesta a una de las recomendaciones sistemáticas de la Comisión Europea en cuanto al estado de derecho en España [...] La nueva ley cumple con los estándares europeos democracias avanzadas", ha defendido el ministro de Justicia, Presidencia y relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en rueda de prensa tras el consejo de ministros.

Koldo-Ábalos-Cerdán. Y la Guardia Civil entrando en Ferraz 33 años después. Ha vuelto a ocurrir –lo mismo de siempre, habría que decir–. Cuando volver al pasado es siempre regresivo, involutivo, depresivo. Y eso que la novedad es que no hay ninguna. Y la única sorpresa no es que vuelva a pasar sino que vuelva a pasar, inmutablemente, de la misma forma, sin ningún cambio y en la versión torpe más chapucera –dinero sucio y ministerio, grabaciones y sobres, prostitutas y constructoras–. Sin sofisticación añadida. La fosa séptica del trinco-trinco y abajo. Lo mismo de siempre. Pero en el 25 del siglo XXI. Es decir, que ocurre cuando queríamos creer que de la década anterior, la ominosa década de la metástasis de las corrupciones –1.611 casos de corrupción en el año 2014, 305 de los cuales macrosumarios–, habíamos aprendido algo, se habían establecido nunca cortafuegos sólidos y nos habían establecido nunca más. Y no. Ya ven. Santo volvemos a ello. Lo mismo. En la calle. Tanto el cráter del agujero negro como densas la frustración, la impotencia y la devastación democrática.

¿Fabulamos un poco?

La presidencia de Trump es un factor perturbador para todos los procesos de formación de gobiernos en el mundo. Especialmente en Europa, objeto de una fuerte hostilidad por parte de Trump que, por razón de la guerra de Ucrania, resulta muy relevante.

Cuando el gobierno anuncia ayudas para los inquilinos, pero la solución son 200 € que irán al bolsillo de tu arrendatario: you have been psoed. Cuando votas por reeditar el gobierno más progresista de la historia, pero anuncia propuestas liberales como la baja laboral flexible: you have been psoed. Este mem, en este caso una crítica satírica a las acciones del PSOE, se ha hecho tan popular en las redes que es difícil no encontrárselo en cada anuncio que hacen los socialistas. En los últimos años los mems han aflorado como herramienta de comunicación política, ya que, siendo "elementos aparentemente sencillos", "condensan información para hacerla atractiva", explica a la ARA Teresa Piñeiro, investigadora en comunicación en la Universidad de A Coruña.

Que bajen el tono. Esto es lo que el rey Felipe VI ha pedido a los partidos políticos españoles durante su tradicional mensaje de Nochebuena. "Es necesario que el debate político, legítimo, pero a menudo atronador, no impida escuchar una demanda aún más clamorosa: una demanda de serenidad", ha dicho el monarca. En un contexto en el que la trifurca política, sobre todo entre el gobierno español y la oposición, y la dificultad para llegar a grandes consensos son el pan de cada día en el Congreso de los Diputados, Felipe VI ha puesto de ejemplo el acuerdo de enero pasado en la cámara baja española, y en la que sólo Vox se abstuvo, para eliminar el término disminuidos de la Constitución y adoptar personas con discapacidad para ajustarse a la convención de Naciones Unidas. "No podemos permitir que la discordia se convierta en un constante ruido de fondo que impide oír el auténtico pulso de la ciudadanía", reiteró el monarca.

La política madrileña necesita alborotarse constantemente y esta semana lo hace a cuenta de la grabación de la declaración de Pedro Sánchez ante el juez Peinado (que investiga a su esposa, Begoña Gómez), el pasado 30 de julio en la Moncloa. El propio juez Peinado distribuyó el lunes copias del audio de la declaración a la Fiscalía, a los abogados de Begoña Gómez ya la acusación popular, representada por Vox, Hazte Oír y otras entidades de la extrema derecha española, a las que les faltó tiempo para filtrar la grabación. Que la extrema derecha ejerza la acusación popular es una fea práctica que fue oficializada en el juicio del Proceso, y que se ha convertido en habitual en los procesos abiertos por la justicia justiciera, la que vela por defender la unidad de España .

Aunque la motivación última resulte impenetrable y solo el interesado tenga la respuesta, el hecho es que el episodio de la carta de Pedro Sánchez ha supuesto un fuerte cambio de dirección en la legislatura. Hasta la publicación de la carta, la amnistía lo llenaba todo. De repente, la conversación ha cambiado y nos encontramos todos discutiendo sobre democracia, bulos, cloacas, máquinas de fango y crispación.

Quienes critican a Pedro Sánchez por hacer comedia envidian, no demasiado secretamente, su habilidad para hacer comedia. Se ha dicho ya sobradamente, pero este episodio de los cinco días, en el que ha dominado absolutamente toda la escena y todo el debate político sin hacer nada más que mantenerse ausente, sería un guion magistral en cualquier ficción sobre política. Pedro Sánchez es un discípulo aventajado de Netflix. O tal vez, siendo el presidente de España, de Flix Olé. En la era de los egos hipertrofiados, ha logrado situar su ego como único tema y argumento de la vida colectiva y lo ha aprovechado para denunciar que vivimos rodeados de un exceso de ruido y furia. Naturalmente, los egos que se sienten desbordados por la jugada del presidente español nunca se lo perdonarán, que significa hasta el siguiente episodio sensacional. Los comportamientos vistos en los días anteriores, y también en los momentos posteriores al anuncio de la decisión de Sánchez, han evidenciado mejor que nunca el profundo infantilismo, en el peor sentido de la palabra, que invade tanto la política como la ciudadanía: rabietas, gesticulaciones, las inevitables comparaciones con el fútbol, y el repertorio de chiquilladas con el que tenemos que convivir día sí y día también. Cesarismo, mesianismo, providencialismo: ¿no juegan todos a eso? En la política española y en la catalana. La diferencia, si acaso, es que Sánchez juega mejor.

En esa fase de la vida política española, Madrid no es una fiesta. Pido excusas a Ernest Hemingway para jugar con el título de una de sus obras más famosas, pero me va muy bien porque estos días –y no me refiero sólo a la Semana Santa– la capital de España hierve como una olla de presión , con luchas por el poder por todas partes. La convocatoria anticipada de elecciones en Catalunya no ha hecho más que aumentar este clima y todos juegan a sacarle beneficio. Una vez más tenemos puesto los focos en la nuca, para ver hacia dónde tiramos. Que en esta legislatura existe una cruenta batalla campal entre el gobierno y el PP, ya lo sabemos lo suficiente. Pero el enfrentamiento entre los dos grandes partidos estatales vuelve a tener en la carpeta de Catalunya un factor de estímulo especial. En este ambiente, los socialistas se sienten obligados a tomar distancia respecto a sus socios, en particular de los partidos independentistas, mientras que el PP juega a atizar el fuego todo lo que puede. Confirmando a Alejandro Fernández como cabeza de lista a las catalanas –un parto “delicado”, dijo el designado–, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sintetizado la situación afirmando que si después del 12 de mayo no gobiernan las fuerzas soberanistas, se acabó Pedro Sánchez. Es una de esas afirmaciones que se formulan en la frontera entre los deseos y la realidad.

Este lunes, cuando aparecieron publicadas las nuevas informaciones sobre la operación Catalunya que demuestran la implicación directa de Mariano Rajoy en el escándalo, el actual presidente español, Pedro Sánchez, se exclamó, en una entrevista en la SER, que se trataba de unos hechos de una gravedad extrema, literalmente “sin igual en las democracias conocidas”, y reclamaba llegar “hasta el final” en el esclarecimiento de responsabilidades. El fin de una vulneración del estado de derecho como esta, en la que el gobierno utiliza los poderes del estado para destruir a un adversario político, es de doble naturaleza: político y legal. Hay unas responsabilidades a dirimir en el Congreso de Diputados, y después otras, todavía, ante los tribunales.

El artículo que hace quince días publiqué en estas páginas tenía por tema presentar normas sobre el comportamiento parlamentario que son ahora indicadas para los partidos que en términos generales apoyan al gobierno español y que pretenden, es de suponer, articular una política sostenible, lo que –dado el talante actual de PP y Vox – significa una política que sea compatible con evitar una mayoría absoluta de estos dos partidos en las legislativas que vendrán dentro de unos años. Proponía dos normas: hacer políticas de centro y no hacer guirigay parlamentario. Para ello último recomendaba dos reglas: negociar y pactar antes de tramitar leyes en el Congreso y evitar la geometría variable, es decir, por parte del PSOE no buscar la ayuda del PP y por parte del resto no votar mociones del PP o Vox.

Hace unas semanas, en la sede del Foment del Treball Nacional, se presentó el libro que el Círculo de Economía ha dedicado a uno de sus fundadores y socio número 1, el empresario Joan Mas Cantí, personaje decisivo en la articulación política de un sector importante de la burguesía del país. Con una envidiable vitalidad a los 94 años, Mas Cantí asistió complacido a una especie de funeral en vida, donde recibió los elogios que sin duda se ha ganado con creces y que de poco le servirán el día de su despedida. Hombre de centro, proveniente de una familia de industriales de derechas, listo y pragmático, Mas Cantí trató de hacerse suyas todas las etiquetas, menos la de “separatista”: se declaró catalanista, nacionalista, soberanista y unionista ( “de la Unión Europea”, precisó), así como liberal, conservador y progresista (“la empresa es el progreso”, subrayó). Ingredientes todos ellos servidos con moderación: como explicó al final del acto el abogado Carlos Cuatrecasas, un día que le esperaban en una reunión más o menos clandestina y Mas Cantí no llegaba, Fabián Estapé ironizó: “El deben haber detenido por moderado”.

La larga resaca de los hechos del 2017 ha acabado conduciendo a una nueva etapa que pide serenidad. Si existe un principio de la política, es no perder nunca la conciencia de los límites. Saber en cada momento hasta dónde se pueden forzar las cosas. Y acertar en los instantes de oportunidad. Aquel octubre no quiso reconocerse que no todo era posible. Y acabó como todos sabemos.

La última propuesta "constitucionalista" del PP consiste en una enmienda a la totalidad de la ley de amnistía, que será el papo contra el que los patriotas españolistas proyectarán, en los próximos meses, odios y entusiasmos. La enmienda se presenta como una medida disuasoria contra lo que el PP llama “deslealtad constitucional”, e incluye dos propuestas llamativas: la ilegalización tanto de los referendos de autodeterminación como de las declaraciones de independencia, y la disolución de los partidos y /u organizaciones que los promuevan. Varios juristas (progresistas, de acuerdo) alertan de que vuelve a tratarse de una propuesta involucionista, y que, en concreto, la idea de disolver partidos políticos entra en un terreno altamente fangoso y dudosamente democrático. En realidad, se trata de un clásico del arsenal retórico de la derecha: endurecimiento del Código Penal contra lo que no les gusta. En ese caso, por partida doble: por un lado, se trataría de recuperar (ampliado, y rebautizado como deslealtad constitucional) el delito de sedición. Y por otro, lo que se propone vuelve a ir en la línea de la Ley de Partidos de la época Aznar: leyes hechas a medida para dejar fuera de la ley al adversario al que se quiere impedir que pueda participar en el debate público. En ese momento se trataba de la izquierda abertzale, ahora del independentismo catalán.