El ministerio de Hacienda ha hecho llegar a las comunidades autónomas un informe redactado por sus propios expertos sobre cuál tiene que ser el cálculo sobre la población ajustada de cara a una eventual reforma o revisión del sistema de financiación autonómica. La manera en la que se calcula la población es la clave de todo el sistema, puesto que determina cuántos recursos se reciben. El sistema no asigna el dinero en función del número de personas que habitan cada comunidad, sino que ajusta esta cifra con otras variables como por ejemplo la edad o la dispersión geográfica, que se considera que encarece los servicios. Este hecho perjudica a comunidades, como por ejemplo Catalunya, que tienen la población más concentrada y no especialmente envejecida. De allí que desde la Generalitat se haya defendido incluir también otros parámetros, como por ejemplo el coste de la vida, que introducen una distorsión en la financiación autonómica.