Las Barnahus, los servicios integrales que la Generalitat puso en marcha para los menores víctimas de violencia sexual, están bajo mínimos. De los veintiséis profesionales que trabajan en las catorce casas que existen en toda Catalunya, sólo seis continúan en sus puestos, mientras que el resto de plazas, o están vacantes o el nuevo personal todavía no está formado. Esta situación está provocando que se retrasen los cuidados a las criaturas y una sobrecarga de trabajo para los profesionales que se han quedado.

El gobierno español ha aprobado una nueva convocatoria de puestos de trabajo públicos. En concreto, este 2025 se convocarán hasta 36.588 plazas públicas en la administración estatal, tal y como ha informado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, este martes. Se trata de una convocatoria ligeramente inferior a la de 2024,que fue histórica con la oferta de 40.146 plazas, a través de la cual se quiere reforzar, sobre todo, servicios de atención a la ciudadanía que dependen de la administración general del Estado, como es el caso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social y las oficinas de extranjería.

El miércoles, el Foro de Entidades por la Reforma de la Administración (FERA) presentó el Acuerdo de la Sociedad Civil por la Reforma de la Administración, un manifiesto para concienciar y espolear la acción sobre la inaplazable transformación de la Administración, con 8 medidas concretas centradas en reducir trabas (digitalización, mejores trámites y normativa), una gestión eficaz y eficiente (dirección pública profesional, planificación del empleo, evaluación de políticas públicas) y ética e integridad (buen gobierno, protección del servidor público). El FERA, que ya es un foro muy plural, ha logrado impulsar el Acuerdo con una larga lista de organizaciones de la sociedad civil.

Durante todo el año 2020, sólo 40 funcionarios de la Generalitat pidieron que se activara el protocolo por acoso psicológico en el trabajo, una cifra modesta si tenemos en cuenta que en Catalunya hay 244.000 trabajadores que dependen de esta institución. Pero año tras año, la cifra ha ido creciendo y éste último, que aún no ha terminado, a la Generalitat ya le han llegado 178 denuncias, lo que supone un incremento del 354%. De entre todos los funcionarios de la Generalitat que consideran que están sufriendo acoso en el trabajo destacan especialmente los profesores, que han pasado de tramitar 19 denuncias en todo el 2020 a 127 este 2024. Es decir, se ha registrado un aumento de denuncias del 568% por parte de este colectivo.

El gobierno español ha aprobado una nueva convocatoria récord de puestos de trabajo públicos. De hecho, es la mayor de la historia, según ha destacado la portavoz del ejecutivo español, Pilar Alegría, en rueda de prensa este martes después del consejo de ministros. En concreto, este 2024 se convocarán hasta 40.146 plazas públicas en la administración estatal, tal y como ha informado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, este martes. Se trata de una convocatoria superior a la de 2023, que ya fue histórica, a través de la cual se quiere reforzar, sobre todo, servicios de atención a la ciudadanía, como es el caso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la administración de justicia y las administraciones locales.

Pasar del 24% de temporalidad a la administración catalana que había en 2021 a un 2% a finales del próximo año. Por último, la normativa europea ha sido la clave para que las plantillas públicas pongan fin a un abuso de la temporalidad que se había perpetuado en el cuerpo de funcionarios. Después de un proceso de estabilización no exento de polémicas –la más ruidosa fue el caos en la organización de las oposiciones del pasado mayo, que tuvieron que repetirse–, el Gobierno ha hecho este martes un primer balance del resultado de sus medidas para reducir la proporción de interinos entre los trabajadores públicos.

Casi la mitad de los funcionarios estatales españoles tenía más de 55 años en el 2021, según un informe de la OCDE. Esto significa que en diez años se jubilarán, lo que afecta no sólo a los funcionarios estatales sino también a los de otras administraciones, según lo extrapola el último informe del Foro de Entidades por la Reforma de la Administración (FERA). Habrá un agujero enorme que no será fácil de llenar. La experiencia y capacidad de gestión pública de estos trabajadores se perderán, ciertamente, pero al mismo tiempo también se abren oportunidades de mejorar la organización de las plantillas públicas y adaptar los perfiles a las nuevas necesidades del siglo XXI.

La Secretaría de Administración y Función Pública ha abierto este viernes una "información reservada" para averiguar quién filtró las notas del primer ejercicio de la prueba inicial de las oposiciones para el cuerpo superior de la Administración de la Generalitat.

El Govern abonará a los funcionarios catalanes, en la nómina de este mes de noviembre, la totalidad de la paga extra del 2014 que estaba pendiente de cobro. Así lo ha acordado la mesa general de los empleados públicos en una reunión mantenida este lunes, han informado fuentes sindicales y del Govern.