MadridEl gobierno español ha aprobado una nueva convocatoria récord de puestos de trabajo públicos. De hecho, es la mayor de la historia, según ha destacado la portavoz del ejecutivo español, Pilar Alegría, en rueda de prensa este martes después del consejo de ministros. En concreto, este 2024 se convocarán hasta 40.146 plazas públicas en la administración estatal, tal y como ha informado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, este martes. Se trata de una convocatoria superior a la de 2023, que ya fue histórica, a través de la cual se quiere reforzar, sobre todo, servicios de atención a la ciudadanía, como es el caso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la administración de justicia y las administraciones locales.
Ésta será la primera oferta de empleo público en la que se reservarán un 10% de las plazas para personas que tienen alguna discapacidad. En total, 3.147 plazas de las ofertas, de las que 629 para personas que tienen una discapacidad intelectual reconocida.
31.465 plazas en la administración estatal
De las plazas públicas que se van a convocar, 31.465 forman parte de la administración general del Estado (AGE). De éstas, 20.840 serán de turno libre. Esto significa que, si se cumplen los requisitos básicos de las bases de la convocatoria, cualquier persona puede optar a la plaza aunque no esté trabajando en la administración pública estatal. Otras 10.625 plazas serán para promoción interna. "Seguimos trabajando en un modelo en el que se impulsa la promoción de los ocupados públicos", ha destacado Escrivá.
Asimismo, 8.500 plazas públicas (el 21% de las plazas convocadas) serán exclusivas para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (6.520 en turno libre y 2.161 de promoción interna). Por sectores, 2.857 plazas serán para la Policía Nacional, 3.158 plazas en la Guardia Civil y 2.666 corresponden al ejército. A todo esto, se suman unas 3.000 plazas que han quedado vacías en las últimas convocatorias y que ahora volverán a abrirse.
El ministerio de Función Pública defiende que la convocatoria de este 2024 garantiza una creación de empleo neto. En concreto, la cartera que pilota Escrivá cifra en 9.000 los puestos públicos de trabajo limpios. Esto significa que el número de plazas que se ofrecen es superior a las vacantes que se producen por la jubilación de funcionarios. Ésta ha sido una de las quejas históricas de los sindicatos de la administración pública: a pesar del anuncio de una convocatoria récord de empleo público, la plantilla real ha crecido mucho menos por el alud de jubilaciones, así como por la necesidad de reservar plazas por promoción interna y estabilizar a los empleados públicos.
De hecho, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato con mayor peso en la administración estatal, ha rechazado la propuesta del gobierno español porque "supone un freno a la renovación de las plantillas". "Hay que tener en cuenta que en los próximos ocho años se jubilará un 60% de la plantilla", apuntaron desde la CSIF a través de un comunicado. También CCOO se ha mostrado contraria y sólo UGT ha apoyado la convocatoria.
Una vez la oferta pública se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), habrá que estar pendientes de las diferentes convocatorias que puedan realizar las administraciones públicas, porque no hay un calendario preciso en cuanto a las convocatorias.
Fondo para políticas de empleo
El consejo de ministros de este martes también ha aprobado la distribución territorial de 771 millones de euros, con cargo a los fondos del SEPE, para financiar las políticas activas de empleo de las comunidades autónomas. De hecho, la partida debe ser aprobada por la conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales formada por las comunidades. "Se trata de fondos que permitirán reforzar las plantillas de los servicios públicos de empleo para la orientación de usuarios", ha destacado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en rueda de prensa este martes. Asimismo, se dio luz verde al plan anual de fomento del empleo digno de 2024 con una dotación de 6.388 millones de euros.
Gobierno español y patronal llevan el pulso al máximo por la jornada laboral
El pulso entre el gobierno español y la patronal CEOE por la reducción de la jornada laboral sigue al máximo. Tras la reunión de este lunes, y con el ministerio de Trabajo dando por sentado que aprobará la reducción de la jornada con los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y sin la patronal, el presidente de la organización empresarial, Antonio Garamendi, aseguró este martes que el ejecutivo no les escuchó "en nada". "Es un monólogo social", ha recriminado Garamendi. El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha ido más allá asegurando que la aprobación de la reducción de la jornada puede suponer un daño "irreparable" para el diálogo social.
Aunque la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, se mostró abierta a trasladar un texto nuevo el próximo lunes, en una nueva reunión con los agentes sociales, advirtió de que no aceptarán una reforma de la jornada laboral "de mentira" . "Si la propuesta del señor [Antonio] Garamendi es aceptar reducir a 37,5 horas la jornada laboral a cambio de aumentar las horas extraordinarias hasta 150 horas, ya les digo que no lo aceptaremos", ha dicho Díaz. Los sindicatos siguen mostrándose escépticos con un acuerdo tripartito.
