Las asociaciones y entidades vecinales que llevan seis años impulsando el procedimiento judicial por la contaminación del aire derivada de la planta incineradora de residuos del Besòs pidieron que, en el juicio del caso, el jefe de explotación de la planta, FR, se exponga a una condena de cuatro años de cárcel por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente con riesgo grave de perjuicio por la salud. Con una petición calcada a la de la Fiscalía, la plataforma Airenet sostiene que FR –que ostentaba la dirección técnica y operativa de la planta Tersa– "permitió y consintió que la planta operara de forma sistemática al margen de los parámetros exigidos por la normativa ambiental y toleró un funcionamiento anómalo de las instalaciones que generó un riesgo grave para las personas que generó un riesgo grave".

Hay motivos para seguir investigando si la actividad de la incineradora de residuos del Besòs ha contaminado el aire y ha perjudicado la salud de los vecinos de la zona entre 2015 y 2019. Con este argumento, la Audiencia de Barcelona ha decidido reabrir el caso contra la planta de Tersa por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La causa había quedado archivada provisionalmente en mayo por el juzgado de instrucción número 5 de Badalona al considerar que Tersa no había incurrido "en ninguna conducta penalmente ilícita". Ahora, sin embargo, la Audiencia concluye que el archivo fue "prematuro" y ordena valorar en un juicio si la planta incineraba los desechos urbanos a una temperatura inferior a los 850 grados –la única manera de destruir a los contaminantes sin afectar a la atmósfera– y si emitía químicos nocivos para la salud humana.

Desde hace dos meses un juez de Badalona investiga la contaminación producida por la incineradora del Besòs, propiedad de Tersa, una empresa pública participada por el Ayuntamiento de Barcelona y el área Metropolitana de Barcelona. Ya hace años que la entidad Airenet denunció la emisión de contaminantes y las presuntas irregularidades en la gestión de la planta, que la Fiscalía llevó finalmente a los juzgados. El juez imputó al ahora presidente de Tersa, Eloi Badia, y al jefe de explotación de la planta. Pero la entidad cree que hay que ir más allá y apunta no solo a la responsabilidad de la expresidenta de Tersa, Janet Sanz, sino también a la de las dos administraciones que integran la empresa pública.

Desde hace años la actividad de la incineradora de residuos de Sant Adrià de Besòs tiene en pie de guerra a los vecinos de la zona, que hace casi cuatro años denunciaron ante la Fiscalía Tersa, la empresa pública que la gestiona –que está participada por BSM y la AMB–, por la emisión de dioxinas y furanos en grandes cantidades, que podían comprometer la salud de los habitantes más cercanos a la planta. El ministerio público ha dado la razón a las entidades vecinales y ecologistas, y ha presentado una denuncia por la contaminación que genera la planta, ahora lo investiga el juzgado de instrucción 5 de Barcelona. La demanda, que ha avanzado El Periódico y a la que también ha tenido acceso el ARA, se dirige contra el presidente de Tersa, el también regidor de Barcelona Eloi Badia, y contra el jefe de explotación de las instalaciones.

No se abrirán nuevas incineradoras, no se ampliarán las existentes y habrá un plan de cierre de las que actualmente están en activo. La consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, ha anunciado este miércoles desde el Parlament una moratoria de las infraestructuras de incineración de residuos. El anuncio ha tardado en llegar teniendo en cuenta que casi ya hace dos años que el Parlament instó al Govern a dictar una moratoria hasta que no se apruebe la ley de prevención de residuos –que quedó pendiente la legislatura pasada–. Ahora fuentes del ejecutivo apuntan que esta norma se está acabando de elaborar y en los próximos meses se le dará paso. Mientras tanto, el objetivo es que entre en vigor la moratoria de las incineradoras. Esta iniciativa se aprobará si sale adelante la ley de acompañamiento de los presupuestos, un cajón de sastre donde el Govern incorpora muchos trámites legislativos y que este año además de la moratoria de las incineradoras incluirá, tal como avanzó el ARA, permitir la entrada de depósitos privados al ICF y eliminar el concepto de municipio turístico.