Un juez investiga la contaminación de la incineradora de residuos de Sant Adrià de Besòs

BarcelonaDesde hace años la actividad de la incineradora de residuos de Sant Adrià de Besòs tiene en pie de guerra a los vecinos de la zona, que hace casi cuatro años denunciaron ante la Fiscalía Tersa, la empresa pública que la gestiona –que está participada por BSM y la AMB–, por la emisión de dioxinas y furanos en grandes cantidades, que podían comprometer la salud de los habitantes más cercanos a la planta. El ministerio público ha dado la razón a las entidades vecinales y ecologistas, y ha presentado una denuncia por la contaminación que genera la planta, ahora lo investiga el juzgado de instrucción 5 de Barcelona. La demanda, que ha avanzado El Periódico y a la que también ha tenido acceso el ARA, se dirige contra el presidente de Tersa, el también regidor de Barcelona Eloi Badia, y contra el jefe de explotación de las instalaciones.

La Fiscalía acusa a los denunciados de "realizar o tolerar conscientemente" una serie de prácticas "contrarias a la legislación ambiental" y que suponen "un riesgo grave" para la salud de los vecinos y para el ecosistema de la zona en general. Por un lado, el fiscal delegado de Medio ambiente, Antoni Pelegrín, concluye que la planta no estaría controlando como marca la normativa la temperatura que usan los hornos para incinerar los residuos, lo que generaría emisiones de gases contaminantes "superiores a las permitidas". Según la normativa, estos hornos no tendrían que bajar de los 850 grados durante dos segundos. Por otro lado, la Fiscalía asegura que la incineradora no monitoriza la emisión de gases contaminantes ni informa a la Generalitat cuando supera los umbrales permitidos a pesar de que la autorización ambiental que le concedieron en 2007 lo exige.

De hecho, la denuncia recuerda que los inspectores de la dirección de Calidad Ambiental de la Generalitat requirieron en 2018 a los responsables de Tersa que corrigieran varias "irregularidades" detectadas durante su visita a las instalaciones. La Fiscalía ha pedido al juez que lleva el caso que oficie la Generalitat para que remita a los juzgados toda la documentación sobre el funcionamiento de la planta, como por ejemplo los datos de emisión de gases contaminantes que Tersa tendría que haber estado monitorizando.

La Agencia de Salud Pública de Barcelona descarta el riesgo

Poco después de que la entidad vecinal y ecologista Airenet llevara el caso en la Fiscalía, la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) descartó que la actividad de Tersa estuviera comprometiendo la salud del vecindario. En un estudio, analizaron las muertes de residentes de Barcelona entre los años 1991 y 2015, y si el riesgo relativo de contraer enfermedades como tumores, todo tipo de cánceres, leucemia o enfermedades del sistema circulatorio escalaba en las zonas más cercanas a la incineradora de Sant Adrià. "El resultado es que no encontramos ninguna asociación de riesgo significativa", concluyó la comisionada de Salud del Ayuntamiento, Gemma Tarafa.

El consistorio encargó una segunda auditoría al Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya que desencadenó una tormenta política entre el consistorio y los vecinos, que acusaban el informe de parcial y recordaban que dos de los siete técnicos que se encargaron no compartían las conclusiones del resto. El nuevo Acuerdo Metropolitano hacia el Residuo Cero, suscrito por los 36 municipios de la AMB, prevé que la incineradora del Besòs cierre uno o dos hornos en 2025, siempre que se logren los niveles de reciclaje que marca la Unión Europea, lo que todavía está lejos.