Es innegable que la universidad experimentó, a lo largo del siglo XX, un cambio radical que consistió en agrandar el abanico de posibilidades de acceso de los estudiantes a los estudios superiores. Éste es, probablemente, el dato más significativo de nuestra historia reciente. Lo que era un reducto reservado a las élites se convirtió en un espacio al que podían acceder y al que se podían desarrollar plenamente ciudadanos provenientes de diversas realidades sociales. Es lo que llamamos ascensor social, que ha sido posible gracias a la inversión pública y la consolidación del estado del bienestar y ha permitido que ser universitario dejara de ser un privilegio y se convirtiera en un derecho.

Cuando dos generaciones comparten sobremesa, a menudo terminan discutiendo sobre cuál lo ha tenido mejor. Los mayores nos defendemos recordando que, además de la dictadura, nos tocó vivir crisis, inflaciones, el abandono del mundo campesino, el hundimiento del textil y unos tipos de interés altísimos, sin becas Erasmus, ni vuelos baratos , ni ayudas sociales de ningún tipo. Eso sí, el mercado inmobiliario, sobre todo de alquiler, tenía mucha oferta a precios asequibles.

En España el ascensor social está estropeado. Si vienes de una familia de rentas bajas, lo tendrás mucho más difícil para progresar que si partes de un entorno de clase medio-alta o alta. Si, además, eres mujer y vives en una región del suroeste peninsular, todavía lo tienes peor. La meritocracia, pues, no funciona porque no hay igualdad real de oportunidades. De hecho, hay lugares donde hace muchas décadas que se ha establecido lo que los expertos denominan una “desigualdad persistente”, por ejemplo en regiones como Extremadura, Andalucía y las Canarias, con la emigración como única salida. En cambio, en el norte estamos mejor, sobre todo en el País Vasco y Navarra, y también en Catalunya, a pesar de que no tanto. Las pruebas hace tiempo que existen, el mismo gobierno español lo ha reconocido en el informe España 2050, y ahora lo corrobora un estudio de Esade Ecpol que tiene como base la población que hace declaración de la renta (han quedado excluidas las capas más bajas, hecho que todavía habría agravado más el resultado). En todo caso, la conclusión es que la movilidad intergeneracional es deficiente y las causas son diversas, pero en conjunto se concentran en tres ámbitos: las desiguales oportunidades educativas (se ha mejorado, sí, pero persisten el problema de la educación de los 0 a los 3 años, que mayoritariamente no está cubierta por el sistema público; el problema del acceso a las extraescolares, y, por encima, el del acceso a másteres y posgrados); en segundo lugar está la cuestión de la fiscalidad, que continúa beneficiando a las rentas altas (aquí hay que mencionar la visión reformista del economista Thomas Piketty, que aboga incluso para crear una herencia mínima o dotación de capital para todo el mundo financiada con una combinación de un impuesto progresivo sobre la propiedad y otro sobre las sucesiones), y en tercer lugar, unas ayudas sociales insuficientes y que a menudo no llegan a los más necesidades (en este sentido, hay que remarcar las recientes quejas de las entidades del tercer sector social debido al atraso de las ayudas de la Generalitat, o, en el ámbito mundial, el último informe de Oxfam sobre el incremento de las desigualdades debido a la pandemia). Aparte de estos tres factores clave, hay problemas añadidos, como la endogamia en el acceso a cargos públicos, la falta endémica de dinamismo empresarial de algunas regiones y un urbanismo segregador que enquista guetos.

"Si no llegas al objetivo que te has marcado, es porque no te has esforzado lo suficiente". Si bien este mensaje sobrevuela constantemente la sociedad, en particular el colectivo de jóvenes, lo cierto es que detrás se esconde una realidad más cruda: la de la falta de igualdad de oportunidades. En concreto, en España es 24 veces más fácil acabar entre el top 1% –es decir, entre el 1% de población que tiene más renta– si se proviene de una familia del percentil más alto que si se proviene del umbral más bajo, es decir, de una familia con pocos ingresos.

La asignatura de la lucha contra la segregación escolar no progresa adecuadamente. De hecho, en algunos aspectos empeora. Hace dos años las instituciones políticas y la comunidad educativa se comprometieron con un pacto solemne para combatir este problema, uno de los principales que lastran la calidad y la equidad del sistema. La iniciativa la impulsaron el departamento de Educación y el Síndic de Greuges, y se sumó prácticamente todo el mundo, incluidos los centros concertados y los diversos agentes del mundo educativo. Pero de momento aquellas buenas intenciones han quedado en papel mojado. Demasiado a menudo hacer buenas leyes y buenos documentos es relativamente fácil, pero ponerlos en práctica ya es otra cosa. Pero no tendría que haber tanta distancia.