En Cataluña casi cada hora hay dos parejas que ponen punto final a su matrimonio. Pero el divorcio en sí no es la única decisión que tendrán que tomar en este proceso, que a menudo puede verse oscurecido por trámites y gestiones legales. Quien tendrá la custodia de los hijos menores en común, para quién será la vivienda donde se convivía o cómo contribuirá cada uno a los gastos familiares son otras cuestiones que se abren en el momento de firmar una separación. También, claro, qué va a pasar con la empresa en caso de compartir un negocio.

Buena parte de los bloques de pisos de Catalunya se hicieron antes de que los proyectos arquitectónicos incluyeran medidas de eficiencia energética. El Govern calcula que el parque de viviendas existente emite un 10% de las partículas de dióxido de carbono que genera el país a la atmósfera. Ocho de cada diez hogares cuentan con un certificado energético E, F o G. Con el objetivo de potenciar el autoconsumo energético, el departamento de Justicia ha impulsado una serie de modificaciones en el Código Civil: a partir de ahora, las comunidades de vecinos podrán instalar placas fotovoltaicas solo con la mayoría simple de votos a favor, que también serán suficientes para sacar adelante otras medidas de aislamiento en las fachadas y trabajos de carpintería.

Hasta ahora los jueces podían decidir si los padres y las madres podían ver a sus hijos o comunicarse con ellos a pesar de haber indicios de violencia. Pero el Govern ha aprobado un decreto ley que cambia el Código Civil de Catalunya para no hacer necesaria esta valoración y directamente, si se cumplen los supuestos, se prohíben tanto las visitas como las comunicaciones. La consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, ha defendido que hay que “proteger la vida de los menores que son víctimas de la violencia machista”. Según Ciuró, con el cambio se quiere intentar evitar más asesinatos de niños. A pesar de que el decreto ley se refiere a la violencia vicaria –la que se ejerce a los hijos para hacer daño a las madres–, también incorpora la violencia familiar. Por lo tanto, la normativa será aplicable a padres, madres y también otros familiares –como por ejemplo padrastros– de los menores.