Cataluña será una de las comunidades autónomas más beneficiadas por la condonación de la deuda autonómica por parte del gobierno español –verá secados unos 17.000 millones de euros–. Ahora bien, sus quebraderos de cabeza no quedarán resueltos del todo, o al menos así lo prevé la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que acaba de calcular cuáles serán las implicaciones de esta condonación de la deuda, en caso de que se apruebe finalmente, para la salud financiera de cada uno de los territorios. Cabe recordar que se prevé condonar 83.252 millones de euros, lo que representa el 24,3% de la deuda autonómica actual (342.804 millones).

En julio las comunidades autónomas solían verse las caras con el ministerio de Hacienda. Siempre ha sido habitual que este mes se celebre un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el cónclave que reúne al ministerio con los consejeros autonómicos del rango. En la reunión, Hacienda comunicaba los recursos con los que contarían las comunidades autónomas de régimen común al año siguiente para elaborar sus presupuestos: las llamadas entregas a cuenta o anticipos. Asimismo, también se informaba de la liquidez.

Hace exactamente 16 años, el 12 de julio del 2009, el entonces secretario general de ERC, Joan Puigcercós, compareció ante la prensa para anunciar su apoyo al acuerdo de financiación al que habían llegado el conseller Antoni Castells y la vicepresienta Elena Salgado. Puigcercós puso un cartelito en el atril con una cifra, 3.855 millones, que era lo que se calculaba que el nuevo sistema aportaría de más a las arcas de la Generalitat. La crisis económica posterior, y la caída de ingresos fiscales que comportó, se encargó de echar por tierra estas previsiones.

La batalla por la financiación abierta a raíz del acuerdo entre ERC y el PSC para investir a Salvador Illa se juega en dos frentes paralelos: el primero es el de la recaudación, y está centrado en conseguir que la Agencia Tributaria de Catalunya sea la que gestione todos los impuestos, pero empezando por lo más importante, que es el IRPF. Y el segundo frente es el del reparto de los recursos, sobre el que se ha establecido que debe haber una cuota de solidaridad, pero con el límite del criterio de ordinalidad. En la Comisión Bilateral de este lunes el gobierno español asumirá las bases del acuerdo ERC-PSC, que hasta ahora contaba con el aval del PSOE, pero no con su firma ni constaba en ningún documento oficial.

Este domingo dedicamos el dossier al nuevo modelo de financiación que se abordará el lunes en la Comisión Bilateral entre los gobiernos catalán y español en Barcelona. En la reunión se deben dar pasos hacia un sistema más transparente y que dé a Catalunya la capacidad de recaudar el IRPF y otros impuestos estatales, un sistema que podría extenderse al resto de autonomías en régimen común.

Como ya les adelantaron ayer que sucedería, el Tribunal Constitucional resolvió que la ley de amnistía era conforme a la Constitución.

Los consejeros de Hacienda del PP han protagonizado este miércoles un espectáculo lamentable en el Consejo de Política Fiscal y Financiera: se han levantado de la silla y se han negado a participar en el debate y la votación de una iniciativa, la condonación parcial de la deuda, que beneficia a todas las comunidades autónomas. El motivo no es la medida en sí, sino que se trata de una propuesta incluida en el pacto de investidura de Pedro Sánchez firmado entre ERC y PSOE. El mensaje que lanzaron tras salir de la sala fue que no quieren recoger "los muelles del pacto de Sánchez con los independentistas", volviendo así a la vieja retórica anticatalana del PP. Sobre este punto es necesario realizar algunas consideraciones.

El exconseller de Economía y Hacienda Antoni Castells (Barcelona, ​​1950) visita el ARA después de que el PSC y Esquerra pactaran impulsar un nuevo modelo de financiación singular para Catalunya en el acuerdo de investidura de Salvador Illa. Castells formaba parte del gobierno cuando en 2005 el Parlament aprobó una propuesta de reforma del Estatut que apostaba por un "concierto económico solidario", una fórmula que no prosperó pero que, casi veinte años más tarde, ha inspirado el entendimiento entre republicanos y socialistas. Castells también participó en la negociación del último modelo financiación autonómica con el Estado en nombre del ejecutivo de Montilla.

No apostaría dinero de mi bolsillo al éxito de la operación: tal es la dificultad del periplo de tramitación que espera al acuerdo para un concierto económico solidario. Sin embargo, para mí las reparos no tienen que ver con la falta de detalle, ni con la letra pequeña –creo que no puede ser de otra manera, dada la magnitud del cambio que está sobre la mesa– ni con la falta de un calendario pautado –de precisión imposible–. Puedo entender el escepticismo de muchos, pero no sobre la base de una descalificación genérica del preacuerdo con sentencias como que es más de lo mismo, que no hay cambio respecto al régimen común, que todo es un disfraz, etc.

Los datos del sistema de financiación del año 2022 vuelven a poner sobre la mesa un escenario enquistado desde hace años: mientras que Cataluña fue la tercera comunidad en aportar más recursos por habitante al sistema de financiación, se situó en la cola cuando estos recursos se redistribuyeron. En concreto, el Principado aportó 3.565 euros por persona en el 2022, pero cayó hasta el décimo puesto en recursos por habitante (3.264 euros), según datos publicados por el departamento de Economia este viernes y elaborados a partir de la información sobre la liquidación del 2022 que planea publicar el ministerio de Hacienda hoy mismo. La Generalitat calcula que, si se tiene en cuenta el coste de la vida, Catalunya caería hasta la decimocuarta posición, sólo por delante de Madrid, con 3.043 euros por habitante.

La propuesta de "financiación singular" para Catalunya que la Generalitat puso hace un tiempo sobre la mesa no encuentra adeptos o, como mínimo, no encuentra entre el resto de gobiernos autonómicos. Así se ha evidenciado este lunes, tras un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) –el órgano que agrupa a las comunidades autónomas que comparten el modelo de financiación autonómica de régimen común–, donde la consellera de Economía en funciones, Natalia Mas, ha asistido personalmente para explicar el planteamiento catalán presentado en marzo.

Poco a poco la realidad se impone. Primero hubo que aceptar quién había ganado las elecciones en Catalunya. Después, que, si no se podía investir a un president de la Generalitat independentista, lo que había que hacer es pedir al PSC (el único partido que en las circunstancias actuales puede investir a su candidato como president) cosas útiles para Catalunya a cambio de los votos. Es fácil y lógico hacerlo porque PSC y PSOE son partidos hermanos, y el PSOE gobierna en España. Los indultos y la amnistía han sido resultados, por cierto no menores, de esta política, que ha traído el beneficio indudable de dar estabilidad al gobierno central, la mínima necesaria para gobernar y evitar un gobierno con toques fascistas por la influencia de Vox. Vistas las circunstancias, no es poco.

Aunque todavía no hay ninguna propuesta concreta sobre la mesa y el PSOE rebaja las expectativas de las peticiones de ERC, sólo la posibilidad de que una financiación singular para Catalunya forme parte de un hipotético acuerdo entre los socialistas y los republicanos por investir Salvador Illa ha puesto en alerta al resto de territorios adscritos al régimen de financiación común. No solo ha generado el previsible rechazo del PP, sino que también algunos de los aliados parlamentarios de Pedro Sánchez en el Congreso, de la mayoría plurinacional, arrojaron ayer una advertencia al PSOE. Compromís y la Xunta Aragonesista, que forman parte del grupo parlamentario de Sumar, avisaron de que si no se aborda la situación de la Comunidad Valenciana y de Aragón, el apoyo parlamentario a Sánchez puede peligrar.

Salvador Espriu escribió Otra Fedra, por favor a petición –insistente– de Núria Espert. La obra fue escrita en 1977 y estrenada en 1978: eran los años de los espejismos de todas las libertades posibles, cuando Franco había muerto (el franquismo no) y había que empezar un nuevo régimen democrático, de cabeza y de nuevo. Luego no fue tan novedoso, y seguro que mucho menos democrático de lo que muchos imaginaban. O, si quiere decirlo así, democrático pero de otra manera. En 1978 se aprobó la Constitución, y en 1979, el Estatut de Catalunya. En marzo de 1980 se celebraron las primeras elecciones al Parlament, que ganó CiU, liderada por Jordi Pujol. Durante el verano del mismo año, el gobierno español de Suárez ofreció al consejero de Economía de Pujol, Ramon Trias Fargas, un concierto económico para Cataluña al estilo del del País Vasco, pero el negociador catalán rechazó el oferta. Pujol lo ha negado no hace mucho, pero quien era entonces homólogo de Trias Fargas en el primer gobierno autonómico vasco, Pedro Luis Uriarte (conocido también como PLUS, porque de segundo apellido es Santamarina) ha insistido repetidamente en que él fue testigo de cómo la propuesta del concierto era rechazada por la parte catalana. Quienes creen la versión defendida por Uriarte dicen que el primer gobierno Pujol renunció al concierto (pensaban que ya irían negociando con el cuerno del pez) a cambio de las competencias en educación. Para salvar a la lengua y la escuela catalanas.

El ARA publica que, según la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), la mitad de las diez mejores universidades del estado son catalanas. En el número 1 se encuentra la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​al cinco, la Universidad de Barcelona, ​​al seis, la Universidad Pompeu Fabra, al nuevo la Universidad Rovira i Virgili y al diez, la Universidad Ramon Llull. Lo leo en el tren, mientras vuelvo a dar una conferencia, justamente en la Autónoma, sobre mi oficio, el de la escritura, para estudiantes.

El presidente Aragonés y la consellera Mas han presentado una trabajada propuesta de relación económica con España. La han llamado “Financiación singular. Propuesta de financiación justa para Cataluña”. Evidentemente, el gobierno del Estado se ha apresurado a decir que “ni hablar” y recordar que toda propuesta debe pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El Partido Popular y los inspectores de Hacienda han hablado de inconstitucionalidad y la colección de reacciones contrarias de otras comunidades autónomas (CA) es indescriptible. Sobresale el enfado ofendido del candidato del PNV a las elecciones vascas que se realizarán el 12 de abril. Sabe mal que algunas reacciones catalanas sólo se hayan fijado en que era una propuesta que se anunciaba pensando en el inminente horizonte electoral catalán, a pesar de que el presidente de la Generalitat llevaba tiempo hablando de ello y que la propuesta, en sí misma, es sólida.

El presidente Aragonés ha ido a Madrid a presentar una cuestión muy importante para Catalunya, como es la "financiación singular" de la Generalitat. Lástima que, dado que él mismo ha adelantado las elecciones, lo que debía ser la próxima pantalla del Gobierno tras lograda la amnistía quedará en una reclamación de candidato en precampaña.

En la prehistoria del Proceso estaba la financiación. Y en la posthistoria, también. Es la otra gran partida política que siempre ha estado latente, que no ha dejado de estar presente todos estos años. El fuerte desequilibrio endémico entre lo que Cataluña aporta al conjunto del Estado y lo que recibe es una realidad incontestable, aunque en función del método de cálculo de las balanzas fiscales –flujo de beneficio o flujo monetario– el resultado es malo o muy malo. Esta situación que se arrastra desde hace décadas ha lastrado y lastrado el progreso económico, los servicios sociales y las infraestructuras del país. Cataluña aporta más que muchas zonas, pero, en cambio, después del reparto de impuestos, recibe menos que otros territorios que menos aportan.

La amnistía es una realidad. Tras el voto en contra de Junts per Catalunya y de reabrirse las negociaciones, finalmente se logró un texto concertado entre los tres grandes actores en este asunto, PSOE, Junts y Esquerra Republicana. El partido de Carles Puigdemont ha podido introducir aquellos elementos que creía necesarios para restringir al máximo el margen de interpretación de la élite judicial española, sublevada contra la idea de amnistiar a los independentistas y, sobre todo, obsesionada por tumbar a Pedro Sánchez. PSOE y gobierno central han conseguido un articulado que están convencidos de que no será impugnado por el Tribunal Constitucional. A su vez, ERC, que ya había dado por bueno el texto anterior, restó importancia a las mejoras incorporadas a instancias de Puigdemont. Oriol Junqueras, incluso, se ha quejado de lo que, para él, ha supuesto una pérdida de tiempo que, en definitiva, añade, no ha mejorado una ley que ya estaba bien hecha.

1996. Estas son las noticias de la mañana. Presidente Jordi Pujol: