El cantante y presentador Bertín Osborne y la tonadillera Isabel Pantoja figuran en la lista de morosos con la Agencia Tributaria estatal, con deudas pendientes de 865.601,41 euros y 1.009.253 euros, respectivamente. aplazados ni suspendidos legalmente.

La lista negra de morosos de Hacienda de 2023 cuenta con nuevas incorporaciones bastante conocidas. Destacan el hotelero y expresidente del FC Barcelona, ​​Joan Gaspart, con una deuda de 1,3 millones, y también Roig Grupo Corporativo –empresa de Francisco Roig, expresidente del Valencia y hermano de Juan Roig (Mercadona)– que debe 9 ,4 millones de euros. Por otro lado, salen de la lista la presentadora Patricia Conde y también Inversiones Ruiz Mateos.

El listado de morosos de la Agencia Tributaria incluye este año un total de 7.037 deudores de más de 600.000 euros, cosa que supone un 3,3% menos que la última lista publicada. El importe global de deudas recogidas también baja en un 2,9% y suma, así, un total de 17.710 millones de euros. De entre todos los integrantes de la lista, destacan figuras como el investigado por una supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid por la compra de mascarillas al inicio de la pandemia, Luis Medina Abascal, que acumula una deuda de 653.000 euros, y el empresario vasco José María Aristrain, que tiene que pagar a Hacienda 1,26 millones de euros.

La empresa Playbadalona SA fue el principal moroso de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), con una deuda de más de 10 millones de euros, según la lista anual de deudores que ha publicado este lunes el organismo. En el documento aparecen un total de 51 contribuyentes que acumulan pagos pendientes con la Hacienda catalana por valor de 88,5 millones de euros.

Un cambio de criterio ha engrosado la lista de los principales deudores con el Estado. El número de grandes morosos con Hacienda se situó en el cierre del mes de agosto en 7.277, un 88% más que en la lista anterior, después de que se hayan modificado las condiciones para entrar en este ranking. Ahora figuran en la lista aquellas personas físicas y jurídicas que deben más de 600.000 euros (en lugar de un millón) a la administración pública y también los responsables solidarios.