Hace poco más de un año el Ayuntamiento de Barcelona presentaba con todos los honores el acuerdo sellado con los propietarios de los terrenos de la antigua fábrica Mercedes-Benz del Bon Pastor, Conren Tramway, para reconvertir este espacio –en desuso desde el 2007– en una especie de nuevo minibarrio de la ciudad, con hasta 1.450 viviendas (3.500 vecinos), universidades (unos 2.000 estudiantes y 500 profesores) y actividad económica para atraer a más de 4.000 trabajadores. Es lo que los impulsores del proyecto defienden que será el primer ecodistrito de la ciudad, porque se quiere que el verde tenga mucho protagonismo y que sea un espacio sin tránsito y que haga, por fin, de vínculo urbanístico entre Sant Andreu de Palomar y el Bon Pastor. Pero una vez que el proyecto se ha empezado a poner sobre el papel –y, sobre todo, desde que la promotora ha enseñado las primeras simulaciones– han aparecido las primeras tensiones vecinales por el nivel de edificabilidad acordado y el riesgo de que la zona se masifique. El gobierno municipal insiste, ante las críticas, que todavía no hay nada definitivo.

El Ayuntamiento de Barcelona está más que orgulloso del trabajo que ha hecho hasta ahora su unidad antidesahucios, el SIPHO. Según remarca, esta unidad, gracias al apoyo de los movimientos vecinales, consigue que nueve de cada diez desahucios de los que tienen constancia se frenen, pero considera que necesita muchas más manos para poder reforzar la mediación y evitar que la comitiva judicial llegue a presentarse a las puertas de familias vulnerables. Si hasta ahora la unidad tenía 16 profesionales, este año se añadirán 30 más para llegar a los 46, la mayoría destinados a estar a pie de calle, pero también a un equipo jurídico pensado específicamente para negociar con juzgados. La ampliación de efectivos también persigue que cada familia pueda tener un profesional de referencia y supone pasar de una inversión municipal anual de 700.000 euros al año a una de 2,5 millones. El nuevo contrato, que se adjudicará el último trimestre de este año, tendrá una dotación de cinco millones de euros, será válido para dos años y podrá prorrogarse durante dos años más.