Josep Lluís Armenter llegó a la dirección de la Agencia Catalana del Agua (ACA) en octubre, cuando los embalses estaban en el 28% de la capacidad y medio país continuaba con restricciones al consumo. Ahora llueve, las reservas están en la mejor situación de los últimos tres años y la primavera se prevé generosa.

"Estoy muy frustrado. Hacemos planes, estudios, proyectos... Voces que en cualquier momento puede pasar [una inundación]. Voces que va a pasar y que no se hace nada para evitarlo". La frase, demoledora, es del decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del País Valencià. Javier Machi se ha pasado una semana entera sacando barro de las calles de su pueblo, Algemesí, que quedó arrasado por las riadas provocadas por la DANA de la semana pasada. Asegura que está harto de avisar y que no se tomen medidas. "Nos hemos armado de una cantidad de legislación, de normativas, de regulaciones y de trabas que hacen que las cosas tarden mucho en hacerse; es frustrante", repite visiblemente cansado, en declaraciones al ARA. Él construyó su casa con previsión, en un terreno elevado. "Solo se me ha inundado la bodega –relata–. Yo no me hice ningún sótano, es evidente que en esa zona era mejor no hacer ninguna", explica.

El agua es un bien escaso, cada vez más escaso si se miran las previsiones de menos disponibilidad que ya dan por hecho los científicos a causa de la crisis climática. Abastecer a la población de agua potable es una prioridad que requiere planificación a años vista y se debe plantear también el peor escenario, por ejemplo, el de una sequía que se alargue en el tiempo y que ponga a prueba las infraestructuras hídricas. En este contexto, la metrópoli de Barcelona –que depende hoy del agua que le llega de cuencas externas, sobre todo la del río Ter– tendría un déficit de agua potable en 2050, según las previsiones con las que trabaja el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).