De la reunión de la Comisión Bilateral de Infraestructuras entre la Generalitat y el Estado de este viernes en Barcelona se esperaban pocos acuerdos –por no decir ninguno– y muchos reproches, y las expectativas no se han visto defraudadas. Después de dos horas y media de encuentro en la sede del departamento de Territorio de la Generalitat, una cita sin consellers ni ministros, el Govern ha reprochado al ejecutivo español que "no hay ninguna explicación" para el déficit inversor del Estado en Catalunya y ha reclamado una corrección que se visualice en el corto plazo. El gobierno español ha admitido el déficit inversor y ha asegurado que es una prioridad "revertir la situación", pero también ha asegurado que se ha buscado crear una imagen de desinversión "que no se ajusta a la realidad".

Lejos de amainar, la tormenta entre la Generalitat y el Estado por la crisis de las inversiones sube de intensidad. De visita en Catalunya, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, había convocado este viernes un acto para anunciar varios proyectos de mejora de infraestructuras que ha acabado derivando en el enésimo conflicto con el Govern. A pesar de que la Generalitat había comunicado previamente su presencia, finalmente ha decidido plantar a la ministra para hacer de nuevo evidente su descontento con el déficit inversor del Estado en Catalunya. Cada día que pasa las relaciones entre los dos gobiernos se envenenan algo más, teniendo en cuenta, además, que esta no es la única carpeta conflictiva. Todavía está abierta la herida del espionaje por el Catalangate, sin olvidar que no ha habido ningún adelanto en la negociación del conflicto político.

La falta de ejecución presupuestaria del Estado en Catalunya no es un problema nuevo, a pesar de que ahora vuelva a centrar la actualidad política. Lo demuestran dos hechos. El primero, que el último Estatuto (2006) previó la creación de una comisión específica para controlar el cumplimiento de las inversiones del Gobierno español en Catalunya. El segundo, que en el pacto de los presupuestos generales de 2021 –entre ERC y el PSOE– se incluyó una cláusula que obligaba a reunir esta comisión cada cuatro meses para revisar si se cumplía el acuerdo. Nada de todo esto se ha cumplido. En quince años de vida, la comisión se ha reunido solo tres veces.

"Todo lo que hagamos [en materia de transporte público] va ligado a los objetivos que marca el Estado y por lo tanto encontramos lógico que sea la administración que fija los objetivos la que haga más aportaciones al sistema". Así de claro ha sido el director general de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), Pere Torres, que ha reclamado este miércoles al Estado que aumente "de manera notoria" las aportaciones que hace al transporte público para poder afrontar el reto de la reducción de emisiones global. Em los últimos años, las aportaciones de dinero estatal han ido bajando, mientras que las exigencias en relación con la descarbonización, la calidad del aire y las zonas de bajas emisiones han aumentado, ha dicho Torres, que ha explicado que para conseguir mejorar el transporte público harán falta muchas "inversions puntuales y también recurrentes" en los próximos años.