El mismo día que las Corts acordaron que el 15 de enero se vote a mano alzada si el presidente valenciano, Carlos Mazón, debe dimitir por la gestión de la DANA, el Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano (TSJPV) acordó no admitir las tres querellas y las cuatro denuncias interpuestas contra el jefe del Consejo y, talcómo solicitó la Fiscalía, las ha derivado a la justicia ordinaria.

La semana ha estado marcada por los efectos políticos del Catalangate –con la negativa ayer de Esquerra de apoyar el decreto sobre las consecuencias de la guerra de Ucrania del gobierno español–, pero hay otra vertiente que también será protagonista a medio plazo: la vía judicial. Este viernes Òmnium ha reunido a cuatro abogados en el aula Magna de la UB que llevarán los casos de espionaje a los tribunales –algunos de ellos también han sido víctimas de Pegasus– para que empiecen a desgranar cuál será la estrategia ante la justicia. A pesar de que no han revelado detalles de las querellas, sí que han apuntado contra quién irán dirigidas: la empresa israelí NSO, que es quien vendió el programa Pegasus, además del CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Con esta demanda pretenden aclarar quién ha hecho un uso "ilegal", puesto que han insistido que ningún juez puede haber autorizado –y si lo ha hecho, ha "prevaricado"– un espionaje a más de sesenta personas entre ellas abogados.