La Fiscalía avala que se investigue penalmente a Mazón por la DANA

BarcelonaLa controvertida gestión que realizó el presidente valenciano, Carlos Mazón, con la DANA puede acabar en los tribunales. La Fiscalía de Valencia ha dado el primer paso este martes y ha avalado que se investigue la posible responsabilidad penal del presidente de la Generalitat Valenciana por la gestión de los aguaceros, que ha dejado 223 muertes y tres personas desaparecidas, según la última actualización oficial . La tardía activación de la alerta, pese a los avisos de los organismos meteorológicos, está detrás de la imputación, que avanzó 'El País' y confirmó el ARA.

Así lo expone en un escrito presentado en el Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano, que acordó acumular en la misma causa las siete denuncias y querellas interpuestas contra Mazón como máximo responsable de la gestión de la riada. De las siete querellas, seis señalan a Mazón o al jefe del ejecutivo y la exconsejera de Emergencias e Interior, Salomé Pradas, a quien el presidente valenciano destituyó para tratar de detener las críticas.

Los denunciantes les atribuyen la comisión de los delitos de prevaricación, lesiones y homicidios imprudentes, omisión del deber de auxilio, daños imprudentes y contra los derechos de los trabajadores, "a consecuencia de no haber adoptado algunas decisiones que habrían evitado o mitigado el fatal resultado por el número de fallecidos", señala la Fiscalía en un escrito que ha avanzado El País. "De este relato derivan una genérica relación causa/efecto con una atribución de responsabilidad criminal de naturaleza objetiva, que se verifica en exclusiva atención al resultado, al margen de la intervención concreta de los denunciados que, en estos momentos, no consta singularizada ", añade la Fiscalía.

En el escrito, la fiscal María José Montesinos de Lago menciona que todas las acusaciones hablan de "desatención de sus deberes como máximas autoridades autonómicas valencianas" y subraya que, "ajenos a los escenarios de alertas y mensajes que se estaban emitiendo por diferentes organismos, omitieron el dictado de resoluciones y decisiones que eran de su competencia y así no evitaron o, al menos, no redujeron la entidad de la catástrofe acaecida". Dos de las denuncias son del sindicato CGT, otras dos corresponden a abogados, dos son de particulares y la última es del movimiento ciudadano Iustitia Europa.

La Fiscalía se pronuncia, pues, a favor de que se investiguen las responsabilidades penales de los querellados y apunta que "es más que razonable hacer una única instrucción dada la magnitud de la causa, la complejidad de los hechos, la participación como querellados y denunciados de múltiples autoridades políticas y responsables de organismos públicos, la previsible dificultad de la investigación y el ingente número de perjudicados y de posibles testigos y peritos". "Entendemos que en todas las denuncias subyace la misma atribución de hechos, con independencia de las diferentes calificaciones jurídicas efectuadas por los querellantes y denunciantes, y, de forma unánime, basada en la omisión y la infracción de los deberes propios e inherentes a la función de los denunciados", asegura el ministerio público.

Sobre el órgano que debería investigar los hechos, la Fiscalía considera que debería ser un juzgado de instrucción quien lo haga "una investigación judicial completa concretando la intervención o, en su caso, la inacción de cada uno de los querellados y denunciados". Posteriormente, en caso de que haya suficientes indicios de criminalidad contra Mazón, deberá elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia teniendo presente la condición de aforado del presidente de la Generalitat Valenciana.

Aparte de estas querellas, el Tribunal Supremo tiene registradas al menos nueve querellas contra miembros del gobierno de España por delitos como homicidio imprudente y omisión del deber de auxilio, entre otros por la gestión de la DANA. Entre los afectados se encuentran el propio presidente español, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no haber activado el estado de alarma y haber asumido el control de la tragedia, y contra la vicepresidenta Teresa Ribera , como máximo responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, órgano al que el PP ha tratado de culpar por un supuesto "apagón informativo".