Cada vez conozco más gente que se opone a pagar impuestos. Algunos, jóvenes, dicen que con lo poco que ganan, solo necesitan que les retengan dinero para las contribuciones; al fin y al cabo, no identifican muchos gastos públicos que les favorezcan en términos de prestaciones. Entre pensiones y sanidad, parece que todo les beneficia a las personas mayores. También es fácil ver cómo muchos ciudadanos y profesionales siguen con la política de "con o sin factura" para bajar los precios de los servicios. Por último, conozco a muchos ricos que no pagan impuestos (¡para mí, esta es la mejor definición de quién es rico!), ya que son lo suficientemente ricos como para permitirse lo que implica la ingeniería fiscal y los asesores fiscales que la mantienen. Y, aun así, les compensa todo lo que ahorran pagando impuestos. Y algunos que sí los pagan se quejan, sin embargo, amargamente al ver cómo otros, más atrevidos, optan por lo seguro entre la evasión y la elusión fiscal y apenas pagan impuestos, para abofetear a los cumplidores demostrando que no son "lo suficientemente inteligentes".

En una finca regia de la Diagonal, se abre una puerta de madera maciza. El cartel: Gabarró Herencias. La puesta en escena impresiona, si piensas que quien se acerca hasta aquí lo hace antes o después de una muerte cercana. Pero éste es justamente el tópico que quiere romper la abogada experta en testamentos Meritxell Gabarró (Capellades, 1980) con su naturalidad alegre y una asertividad desbordante: no hace falta tener grandes patrimonios ni llegar a la tercera edad para dejarlo todo atado y bien atado.

Que los ciudadanos más ricos no pagan demasiados impuestos es una conclusión a la que se llega echando un simple vistazo a la mayoría de estudios sobre fiscalidad en Catalunya, en España y en el mundo. Sin embargo, parece que la situación empieza a virar y que los gobiernos de todo el planeta dejan atrás las ideas de décadas pasadas que bajar la tributación era positivo, para centrarse en corregir unas desigualdades que en los últimos años han ido a más.

El maltrato fiscal a los catalanes es una realidad objetiva de la que es importante distinguir dos vertientes. El primero está ligado a la existencia de un déficit fiscal con el Estado, provocado por la diferencia entre lo que el Estado ingresa en concepto de impuestos pagados por los catalanes y lo que el Estado gasta en Catalunya. Este déficit representa cerca del 10% del PIB catalán, un porcentaje escandaloso que se ha ido manteniendo más o menos constante a lo largo de décadas, con independencia de quien gobernara en Madrid. La segunda dimensión de este maltrato fiscal nada tiene que ver con el Estado: es autoinfligida. Quizás por eso los políticos catalanes no hablan. Esta vertiente del maltrato tiene un significado muy tangible: los residentes fiscales en Cataluña llevan mucho tiempo pagando más IRPF, impuesto de patrimonio, impuesto de sucesiones y donaciones e impuesto de transmisiones patrimoniales (además de otros impuestos especiales) que la mayoría de los ciudadanos españoles, cortesía exclusiva de los gobiernos catalanes de turno con el apoyo de sus aliados parlamentarios. No es este el espacio para entrar en detalles, pero es seguro que los lectores damnificados son conscientes de ello.

Es el impuesto más polémico y también el más politizado. No hay muchos datos, pero en los que tenemos (del 2022) lo pagan sobre todo los ricos.

El impuesto de patrimonio, tal y como está diseñado en Catalunya, favorece a las grandes fortunas. Es la principal conclusión del artículo '¿Quién (no) paga el Impuesto sobre el Patrimonio en Cataluña?, publicado en el Centro de Investigación en Economía Internacional (Crey) de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y elaborado por el catedrático de esta universidad Jordi Galí y el economista Èlia Capella. Esta anomalía se produce debido a las exenciones que permiten a las personas con patrimonios muy grandes encontrar mecanismos legales para desgravar gran parte de lo que deberían pagar. De acuerdo con el estudio, a partir de cierto nivel de riqueza, el impuesto tiene incluso un efecto regresivo: proporcionalmente, pagan menos a las personas que más tienen.

¿Pagan suficientes impuestos los ricos? ¿Y las familias más pobres? ¿Y las empresas? ¿Hay que cambiar el modelo fiscal en España? Estas preguntas recurrentes son algunas de las que intentan responder a los técnicos del ministerio de Hacienda José María Mollinedo y Carlos Cruzado con un nuevo libro provocativamente titulado Los ricos no pagan IRPF (Capitán Swing).

La Agencia Tributaria de Catalunya hizo aflorar el pasado año 286 millones de euros defraudados por contribuyentes en impuestos propios y cedidos de la Generalitat, con el impuesto de sucesiones y donaciones encabezando los impagos, según ha explicado el departamento de Economía de la Generalitat este jueves. Esta cantidad representa una leve bajada de 8 millones, un 2,7%, en comparación con 2022.

Junts vuelve a reclamar la bonificación del impuesto de sucesiones (y donaciones). Digo “vuelve” porque ya fue un compromiso electoral de CiU en el 2010 que, como flamante responsable de la hacienda de la Generalitat, me tocó defender en el Parlament.

En 2021 se habrían recaudado unos 648 millones de euros más si el impuesto de patrimonio estuviera armonizado con la normativa estatal en la Comunidad de Madrid. En concreto, de los 1.352 millones de euros que se declararon en toda España en 2022, pero correspondientes al ejercicio de 2021, se habría alcanzado los 2.000 millones de euros si Madrid no bonificara este tributo al 100%, según cálculos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), que depende del Consejo General de Economistas, actualizados este lunes.

El conseller de Economía, Jaume Giró, ha propuesto que la Generalitat deflacte el impuesto sobre la renta (IRPF) y que se aumente el mínimo exento del impuesto de patrimonio. Giró está negociando con varios partidos para presentar antes de que acabe el año los presupuestos del Govern para el 2023.

El presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ha aliñado el anuncio de supresión del impuesto de patrimonio abriendo las puertas de su comunidad a los catalanes más ricos. No a los aragoneses más ricos ni a los gallegos más ricos, exclusivamente a los catalanes más ricos. ¿Por qué? Probablemente, en parte se debe a esa catalanofobia que acostumbra a funcionar en política, especialmente si se habla de dinero, pero señalar a Catalunya cuando el tema de debate es el impuesto de patrimonio no es gratuito. La Generalitat recaudó a partir de este impuesto 546,6 millones de euros en 2020 –el último año del que se tienen datos oficiales– de 80.150 contribuyentes. Es a estas personas a las que se dirige Moreno Bonilla (el 1% de la población catalana), sabiendo que pagaron el 45% del total de lo que se recaudó en el Estado (1.200 millones de euros). Si Andalucía ya hubiera aplicado la bonificación al impuesto en 2020, el porcentaje catalán ya habría supuesto el 49,2%. Es decir, si no hay un efecto fuga, casi la mitad de lo que se recaude en España a partir del año que viene llegará a las arcas de la Generalitat.

El conseller de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, ha abierto hoy la puerta a "replantear" el impuesto sobre el patrimonio: ha dicho que estará "encantado" de hacerlo "si la situación económica lo permite" y si la Generalitat tiene "más margen de maniobra en cuanto a política fiscal".