En el mes de febrero el Parlament eliminó las polémicas licencias por edad que permitían a los trabajadores cobrar sin trabajar a partir de los 60 años si cumplían unos requisitos. El escándalo provocado por la publicación al ARA de la noticia, y del coste que estas licencias por edad tenían para el erario público, obligaron a los partidos a poner fin a un sistema que era claramente un privilegio de los trabajadores del Parlament en relación con el resto de funcionarios. Las cifras publicadas por el ARA eran contundentes: el Parlament destinaba 1,7 millones al año para pagar los sueldos de 21 funcionarios que se habían acogido a esta modalidad, y que en algunos casos suponía percibir más de 150.000 al año por no hacer nada.

En marzo los letrados del Parlament hicieron un informe que avalaba el regreso de los funcionarios que estaban cobrando sin trabajar. Es decir, daban luz verde a revocar las licencias por edad con carácter retroactivo, tanto las 21 que estaban vigentes como las 12 que la secretaria general, Esther Andreu, autorizó durante el 2021 pero no se estaban pagando cuando el ARA informó del caso. Ahora bien, esto no es lo que está pasando: no hay acuerdo político para hacer que los funcionarios regresen a su puesto de trabajo y se están empezando a pagar parte de las doce licencias que hasta ahora estaban paradas. Según ha podido saber el ARA, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, defiende que las licencias ya autorizadas no se pueden tocar porque, a pesar de que el informe de los letrados no lo diga, son “derechos automáticos” y “consolidados”.