Cataluña aportó 77.742 millones de euros a las arcas estatales durante 2022 (un 19,3% del total de las comunidades autónomas) y acabó recibiendo 56.650 (un 14% del total). Es decir, el déficit fiscal catalán fue de 21.092 millones de euros. Son los datos de los últimos balances fiscales calculados por la Generalitat, a los que ha podido acceder el ARA, que este viernes se harán públicos tan pronto como el Govern apruebe el proyecto de presupuestos para 2026. El déficit fiscal de Cataluña se situó en el 8,2% del PIB, más o menos en la media que hay desde 1986 (8,1%). Cada catalán aportó, pues, 2.670 euros más de los que recibió.

El ARA ha tenido acceso a los cálculos oficiales del Govern sobre el déficit fiscal correspondiente al año 2022, y la conclusión es que si bien se detecta una ligera bajada respecto a las cifras de 2021, se observa claramente que se trata de un problema estructural en la relación entre Cataluña y el sector público español. En 2022 la diferencia entre lo que Catalunya aportó a las arcas del Estado y lo que éste devolvió en forma de inversiones y políticas públicas ascendió a 21.092 millones de euros, una cifra que equivale al 8,2% del PIB catalán. El año anterior, el déficit fiscal calculado según el método de flujo monetario fue de 22.013 millones, un 9,6% del PIB. En un año, pues la diferencia se redujo en unos 1.000 millones y algo más de un punto de PIB.

Los devastadores incendios de Los Ángeles y otros lugares del sur de California han obligado a desplazar a cientos de miles de personas y han calcinado barrios enteros. Los fuegos han tenido repercusión en diversos ámbitos de la economía -por ejemplo, han impactado de lleno el sector de los seguros-, entre ellos el resurgimiento del debate sobre las balanzas fiscales: qué territorios pagan más y cuáles reciben más dinero del que recauda el gobierno federal.

El Govern se ha comprometido a publicar las balanzas fiscales del año 2022 en los próximos meses. "La voluntad del Govern es cumplir la ley", ha afirmado este martes la portavoz del ejecutivo, Silvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo. Sin embargo, el departamento de Economía de la Generalitat no da una fecha exacta para su publicación.

La no publicación de las balanzas fiscales por parte del Estado es un déficit democrático y de transparencia. Los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo se distribuyen territorialmente los impuestos. El hecho de que desde el 2017 se estén escamoteando estos datos sólo hace que acrecentar las suspicacias de quienes se creen perjudicados. ¿Por qué se esconden, si no? Ante esta ocultación, hasta ahora la Generalitat había decidido asumir el cálculo a partir del sistema de flujo monetario, un cálculo necesariamente aproximativo al no disponer de los datos anuales concretos vía ministerio de Hacienda. Esto ocurrió con el conseller Jaume Giró en septiembre de 2022 (con los datos de 2019) y con la consellera Natàlia Mas Guix en septiembre de 2023, con los datos de las balanzas fiscales de Cataluña para los años 2020 y 2021, que determinaba un nuevo máximo histórico en este último ejercicio: 21.982 millones de euros. En el conjunto de esos tres años, cada catalán pagó al Estado 8.133 euros que no devolvieron.

En septiembre de 2017 fue la última vez que el gobierno central publicó las balanzas fiscales de las comunidades autónomas, también llamadas cuentas territorializadas (aunque estas últimas utilizan un método diferente de cálculo). La balanza fiscal es la diferencia entre lo que pagan los ciudadanos y las empresas catalanas en impuestos al Estado y lo que gasta el gobierno español y otros organismos estatales en territorio catalán. En ese momento, el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, liderado por Cristóbal Montoro, admitió un aumento del déficit catalán de hasta los 10.000 millones de euros en 2014, el equivalente del 5% del PIB, y un 38 % más que el déficit registrado en 2013.

El presidente Aragonés y la consellera Mas han presentado una trabajada propuesta de relación económica con España. La han llamado “Financiación singular. Propuesta de financiación justa para Cataluña”. Evidentemente, el gobierno del Estado se ha apresurado a decir que “ni hablar” y recordar que toda propuesta debe pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El Partido Popular y los inspectores de Hacienda han hablado de inconstitucionalidad y la colección de reacciones contrarias de otras comunidades autónomas (CA) es indescriptible. Sobresale el enfado ofendido del candidato del PNV a las elecciones vascas que se realizarán el 12 de abril. Sabe mal que algunas reacciones catalanas sólo se hayan fijado en que era una propuesta que se anunciaba pensando en el inminente horizonte electoral catalán, a pesar de que el presidente de la Generalitat llevaba tiempo hablando de ello y que la propuesta, en sí misma, es sólida.

El ministerio de Hacienda ha publicado una parte de la información necesaria para que la Generalitat pueda calcular las balanzas fiscales o lascuentas territorializadas, como las bautizó el ministerio de Hacienda durante el mandato de Cristóbal Montoro (PP). En concreto, este martes por la tarde Hacienda ha publicado a través de el Instituto de Estudios Fiscales datos económicos correspondientes al ejercicio 2021 necesarios para poder llegar a este cálculo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Hacienda no publicará las balanzas fiscales en sí, sino sólo la información para poder elaborarlas. De hecho, la última vez que el gobierno español publicó estas balanzasfue en septiembre del 2017, a pocos días del referéndum del 1-O. Desde entonces no se han publicado más.

Cada vez que sube el salario mínimo aparece en la prensa económica de Madrid algún grito de alarma sobre el daño que hace la medida en buena parte de las provincias del Estado. Los artículos se basan en mapas que comparan el salario mínimo y el salario medio por provincia. Me gustan estas comparaciones porque tratan el tema más tabú en la tensión entre los argumentos económicos y los políticos. El salario mínimo es uniforme para toda España, y encarece excesivamente el trabajo en las provincias y comunidades autónomas con los niveles salariales más bajos, hasta el punto de que la diferencia entre salario mínimo y salario medio es pequeña. En cambio, en las provincias donde los salarios medios son altos, los cambios en los salarios mínimos afectan a pequeñas proporciones de trabajadores. Estos artículos reclaman –y lo comparto– una revisión del salario mínimo diferenciada por niveles de renta o, por ser más exactos, por el coste de la vida. Pero ese mismo argumento no lo aplican a la distribución de la financiación autonómica. Sin embargo, me gustan porque el coste de la vida es un tema innumerable –un verdadero tabú– que ayudan a romper.

Ha vuelto a emerger ruidosamente el tema del déficit fiscal de Catalunya. Lo ha provocado directamente y con datos la consellera de Economía del gobierno de la Generalitat. El frame que se nos ha colocado es que el déficit con el Estado se ha disparado hasta el 10% del PIB catalán y una cantidad en el ejercicio 2021 de 21.982 millones de euros. Lo ha tildado de escandaloso, injusto e insostenible. Alguien, además, realizando una proyección histórica, ha hablado de una deuda acumulada de 240.000 millones de euros. Las cifras se han elaborado y vertido por la boquilla grande, sabedores quienes lo hacen que el público dispuesto a estos argumentos ya tiene la convicción previa de que hay un drenaje fiscal orquestado y sistemático. Fake news. Que exista cierto déficit fiscal y que aspiremos a otro sistema de financiación más transparente y más justo no se arregla con la exageración. Al contrario, con el exceso grosero se pierde buena parte de la razón que se pueda tener. No nos entenderemos ni mejoraremos el sistema de financiación si sólo, a ambos lados, se utiliza como un arma arrojadiza en forma de proclama dirigida a los acríticos adeptos. Esta estrategia se utilizó, y mucho, en los primeros años del Proceso. Se creía que, por la vía del bolsillo, se captarían nuevos adeptos al independentismo. El gran concepto que justificaba irse. Así se acuñaron los conceptos de "expolio fiscal" y de "Madrid nos roba". Había poco matiz y escasa explicación. Grandes números exhibidos sin base y de manera tendenciosa. Debía quedar claro que se abandonaban las pretensiones autonomistas de un nuevo pacto fiscal” Aunque Josep Borrell sea un caldo de gusto excesivo para muchos, lo explicó bastante bien en el libro Los cuentas y cuentos de la independencia. Hay en Cataluña y España sólidos académicos que lo han analizado, y es a ellos, y no a los políticos, a los que hay que recurrir para entenderlo y situarlo en su sitio.

Cataluña aportó casi 63.000 M€ a las cuentas del Estado y que no recuperó entre 2019 y 2021, según cálculos del departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat. Esto significa que, en estos tres años, cada catalán pagó de media al gobierno español otros 8.133 euros de los que recibió.

El Govern estima que el déficit fiscal de Catalunya en 2019 fue de 20.196 millones de euros, el equivalente a un 8,5% del producto interior bruto catalán (PIB), según los cálculos de la conselleria de Economía y Hacienda. Unos datos que muestran una profundización en el déficit fiscal catalán respecto de las últimas balanzas fiscales, del año 2016, cuando el déficit era de 17.049 millones y equivalía a un 8% del PIB.

El papel lo aguanta todo. Año tras año y década detrás década, de forma inalterable se reproduce la misma historia. Cuando se aprueban los presupuestos del Estado es habitual escuchar al presidente de turno hablando de lluvia de millones en inversiones en Catalunya, pero, una vez liquidado el ejercicio, resulta que agua ha caído poca. Ahora hemos conocido la liquidación de las inversiones del Estado en Catalunya del 2021 y resulta que de los 2.068 millones de euros presupuestados solo se han ejecutado 740, el 36% del total. Esto quiere decir que dos de cada tres euros se han quedado en el cajón o se han invertido en otro lado.