A final de año normalmente pensamos cómo podemos ahorrar en el IRPF. Empecemos, sin embargo, con una mala noticia: en Cataluña –en comparación con otras comunidades autónomas– las posibilidades son bastante limitadas. Mientras que en otros territorios se pueden desgravar gastos tan cotidianos como el gimnasio, aquí las deducciones existentes son a menudo difíciles de aplicar para la mayoría de los contribuyentes, como la compra de un vehículo eléctrico, las reformas de viviendas con mejoras de eficiencia energética o la compensación por pérdidas en acciones.

El envejecimiento de la población ha llevado al gobierno español a buscar soluciones para poder hacer frente a las pensiones. Por eso, desde hace años, en Madrid se busca incentivar un modelo híbrido que permita empezar a recibir la jubilación mientras se alarga la vida laboral. Es decir: un sistema que permita trabajar y ser pensionista de forma simultánea. Tras los múltiples fracasos, a partir del 1 de abril entrarán en vigor una nueva serie de cambios en la regulación que pretenden incentivar estas vías.

Los planes de pensiones afrontan una prueba de fuego desde el 1 de enero del 2025. Por primera vez desde que se creó este producto de ahorro hace 38 años, sus propietarios podrán retirar de repente el dinero que tienen acumulado. Sólo con condición: que las aportaciones tengan una antigüedad de más de diez años. Esto se traduce en que, desde el pasado miércoles, estarán al alcance de sus tenedores aproximadamente 64.000 millones de euros. Es justamente la mitad de todo el patrimonio acumulado en estos vehículos de ahorro para la jubilación. Pero hay que tener cuidado: rescatar totalmente o de forma parcial el patrimonio acumulado en un plan de pensiones puede tener un impacto muy importante en forma de impuestos.

Queda poco por acabar el año y si hacemos algo de planificación fiscal es momento de ver cómo podemos ahorrarnos unos euros en la declaración de la renta del 2024 con operaciones hasta el 31 de diciembre.

Este jueves en el Congreso se debatirá una de las medidas más polémicas de la reforma de las pensiones que está llevando a cabo el gobierno español. Se trata de la puesta en marcha de los fondos de pensiones de promoción pública, una especie de planes de pensiones complementarios que tendrán gestión privada a pesar de que será el Estado quien los controlará. Empresas y trabajadores tendrán que hacer aportaciones y serán un complemento, a modo de ahorro, de la pensión final. De momento parece que la votación será ajustada, a pesar de que la semana pasada el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, la quiso asegurar pactando con EH Bildu su abstención a cambio de aumentar un 15% las pensiones no contributivas este año. El proyecto de ley, sin embargo, llega al Congreso sin acuerdo social, puesto que ni sindicatos ni patronales se han sumado, y con la oposición de ERC y del PP y el apoyo condicionado a una retahíla de enmiendas del resto de grupos.