Aún con un balance provisional de más de 200 muertes y un número indeterminado de desaparecidos por las inundaciones más graves de este siglo en Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía, los supervivientes deben seguir adelante. No es fácil quitarse y preguntarse: "¿Y ahora qué? ¿Cómo hacemos frente a las muertes de familiares y amigos oa las pérdidas materiales del esfuerzo de años". El alcance de la devastación, multiplicada por las imágenes y vídeos distribuidos por todos los canales, ha hecho que el impacto vaya más allá de las comarcas afectadas y claramente es una tragedia comunitaria que, como tal, también necesitará un cuidado global. Es lo que opina Ingeborg Porcar, responsable de la unidad de trauma, crisis y conflicto de Barcelona de la UAB (UTCCB), especialista en gestión de crisis, quien asegura que sería un error pensar que el impacto psicológico se reduce sólo a los supervivientes y los que han sufrido pérdidas.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, anunciaba una medida que nos traerá la ley de familias, una prestación por crianza que, como ya avanzó Yolanda Díaz, quiere alcanzar los 200 euros mensuales. La propuesta ha generado cierto revuelo, también entre las filas de la izquierda, principalmente por el adjetivo que la acompaña: será una ayuda universal.

"Insuficiente, mal dimensionada y mal financiada". Así ha definido la consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, la ayuda estatal del bono alquiler de 250 euros para jóvenes de entre 18 y 35 años. Este miércoles se podía empezar a pedir en Catalunya y la Generalitat ya hacía días que veía venir el problema. Y las previsiones se han cumplido: en menos de 8 horas las solicitudes han fulminado la partida económica destinada a esta prestación: los 29 millones de euros. "A las 16.30 h se habían registrado más de 15.000 peticiones y los cálculos dicen que los 29 millones de euros solo permiten dar respuesta a unos 9.600 jóvenes como máximo", ha explicado la consellera. Esta ayuda era muy esperada y el criterio para otorgarla –fijado por el Gobierno español– era la orden de solicitud. Esto ha hecho que la mayoría de los jóvenes interesados presentaran la documentación a primera hora de la mañana, tanto de manera telemática como en las más de 100 oficinas de atención al ciudadano habilitadas. La conselleria admite que ha habido un pico de demanda en la web, pero asegura que el sistema informático ha funcionado correctamente.