“Hoy tampoco ha salido”, dice resignada Eglis Manaure, de 50 años, mientras sube la escalera que conduce a su casa en un bloque residencial de Guatire, una localidad a unos 50 kilómetros de Caracas. Sonríe y finge normalidad, pero los ojos la delatan: tiene una mirada profundamente triste. "Casi no duermo. A la una de la madrugada ya estoy despierta mirando noticias para saber si lo han liberado", confiesa. A su marido, Enrique Parada, lo detuvieron hace más de seis años, el 20 de abril de 2020, y desde entonces está en una prisión a más de 450 kilómetros, en la ciudad de Maturín, al noreste de Venezuela. Para llegar allí, Eglis tarda catorce horas en autocar y solo puede ir cada tres o cuatro meses. Tiene que escoger entre pagar el coste del pasaje o sufragar las medicinas que él necesita. Su economía no da para nada más. El hombre, de 45 años, tiene cáncer de páncreas.

El vuelo directo que une Madrid con Caracas iba medio vacío días atrás, y se puede decir que la mayoría de los que viajaban eran venezolanos. Era fácil distinguirlos por su peculiar acento latino y porque, al llegar al aeropuerto internacional Simón Bolívar, esperaban el turno para pasar el control de inmigración con el pasaporte venezolano en la mano. “Migración”, decía un cartel en el mostrador escrito en cuatro idiomas: inglés, ruso, chino y otro con grafía árabe. Por este orden. Una buena metáfora de los dispares aliados internacionales de Venezuela después de que Estados Unidos "extrajera" Nicolás Maduro del país el 3 de enero. Así es como los venezolanos llaman a la detención de quien fue el presidente de Venezuela y de su mujer, Cilia Flores. Es decir, como si se tratara de una muela picada que había que sacar, aunque eso supusiera saltarse la soberanía nacional y el derecho internacional.

Ya hace más de cinco meses que los EE. UU. capturaron a Nicolás Maduro y su mujer, y el país quedó controlado por Washington, a pesar de que en el poder continúan habiendo chavistas.

La segunda audiencia de Nicolás Maduro ante el juez en Estados Unidos termina con más dudas que certezas. Queda claro que el juicio sigue adelante, ya que el juez ha descartado desestimar el caso tal como pedían los abogados de los acusados. Ahora bien, no se han resuelto dos de las principales incógnitas. Por un lado, queda en el aire quién debe pagar la defensa del presidente venezolano depuesto y su mujer, Cilia Flores, que también fue capturada en el ataque de enero y está, como Maduro, detenida en Nueva York. Por otro lado, es todavía incierto cuándo comenzará el juicio; la vista ha terminado sin que se haya fijado una fecha ni ningún horizonte.

Golpe de puerta de la Audiencia Nacional en Hazte Oír. El juez Antonio Piña ha inadmitido la querella que presentó la asociación ultra contra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal por su relación con Nicolás Maduro y el régimen de Venezuela. Tras estudiar el documento, concluye que no puede abrir una investigación "prospectiva" para indagar en la situación patrimonial del expresidente del gobierno español sin que haya indicios de criminalidad y sin que la querella original aporte "ningún hecho" que pueda relacionar a Zapatero con los delitos por los que le acusaba. De hecho, Antonio Piña pica la corteza a Hazte Oír: "No se puede confundir la creencia personal o popular con la existencia de hechos que tengan la entidad suficiente para la apertura de un proceso penal". "La trascendencia pública que tienen querellas como ésta exige la aportación de elementos probatorios que vayan más allá de las informaciones periodísticas", añade.

Ante El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, decenas de familiares de presos se han acumulado este sábado para esperar a sus queridos. Mientras pasaba la tarde, un teléfono retransmitía una prenda pregrabada en la que la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciaba un proyecto de ley de amnistía total a los presos políticos que se acumulan en las prisiones venezolanas. La legislación cubre "todo el período de violencia política", desde 1999, cuando Chávez entró en el poder, hasta "el presente".

No se habían apagado las cenizas de la destrucción que dejó en Venezuela el ataque militar de los Estados Unidos, cuando empezamos oír hablar de una posible transición a la democracia. Hemos escuchado estas palabras tantas veces que se han convertido en una letanía, especialmente a partir de 2013, año en que Nicolás Maduro reemplazó a Hugo Chávez como presidente de Venezuela. No debería sorprendernos, las élites del país no han podido resolver la crisis política que se profundizó a partir de 2004, año en que la reforma constitucional, impulsada por Chávez como eje de su proyecto político, naufragó en las urnas.

Más allá de los cargos por narcotráfico contra Maduro, Trump, que tiene la ventaja de la claridad, ha dicho que busca "recuperar su petróleo". Para Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, la nacionalización venezolana de la industria petrolera de 1976 supuso "el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense".

La Audiencia Nacional ha abierto un nuevo frente judicial en el entorno más cercano a Pedro Sánchez e indagará por primera vez en el papel del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. Cuatro días después de que Hazte Oír presentara una querella contra él por los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de drogas, el juez Antonio Piña considera que los hechos denunciados tienen "características que hacen presumir la posible existencia" de una infracción penal. Sin embargo, según el auto al que ha tenido acceso el ARA, dado que la "naturaleza y circunstancias" de los hechos todavía "no están determinadas", ha decidido impulsar las diligencias previas que sean "esenciales" para ver si la investigación tiene recorrido. Antes, pregunta a la Fiscalía si la Audiencia Nacional es competente hacerlo.

La carencia de apoyos internacionales fue uno de los motivos que hicieron fracasar el Proceso. Solo un líder mundial defendió la consulta del 1-O: Nicolás Maduro. El presidente venezolano descabalgado por EEUU defendió el referendo. "Catalunya tenía el derecho a expresarse democráticamente", dijo el propio 1-O en su programa Los domingos con Maduro, intercalando imágenes de la represión policial, que tachó de "terribles". En abril ya se había fotografiado con la estelada en la presentación del documentalMaduro, lealtad inquebrantable, dirigido por Lluís Bartra, miembro del colectivo Ítaca, de la izquierda independentista. La fotografía enfureció al PDECat. "Si alguien cree que suma haciendo que Maduro se haga una foto con la estelada es que no ha entendido nada", alertó la coordinadora Marta Pascal. Ocho años después, la figura de Maduro, que ha reprimido a la oposición venezolana mientras estaba en el poder, sigue dividiendo el independentismo. En este sentido, el ataque de Trump a Venezuela ha evidenciado la división en el soberanismo en materia de relaciones internacionales.

Todos hemos tenido que volver a la normalidad sin hacer el calentamiento: el 3 de enero Trump bombardeó a Caracas y va llevándose el presidente Maduro para que le juzguen en Nueva York.

La captura de Nicolás Maduro llega en un año cargado de simbolismo: coincide con el 25 aniversario de los atentados del 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York, punto de inflexión que redefinió por completo la (in)seguridad mundial. La coincidencia no es sólo cronológica: sirve también para contrastar dos épocas, dos formas de entender las amenazas globales y dos formas de justificar cosas más o menos injustificables.

La película distópica y de sátira política Don't look up (2021) retrataba a una sociedad incapaz de afrontar una amenaza existencial inminente. Ante la destrucción anunciada del mundo, los protagonistas preferían mirar a otro lado, atrapados en cuestiones irrelevantes. Hoy, en un contexto de profunda desafección política, de impotencia colectiva y superficialidad generalizada, parece que estemos viviendo el nuestro Don't look up particular.

El lenguaje técnico que llena las 25 páginas de la acusación contra Nicolás Maduro, su esposa y otros miembros del gobierno venezolano es la traducción jurídica del relato político de Donald Trump sobre su guerra contra el narcotráfico. El lunes al mediodía, poco más de 48 horas después de ser capturados por la Delta Force, el presidente depuesto y su esposa, Cilia Flores, escuchaban en una sala del tribunal de Manhattan el planteamiento de un caso que Estados Unidos lleva más de una década construyendo. A través de los auriculares de traducción simultánea, el matrimonio asistía a la lectura de los cargos que se les imputan y que se enmarcan así: "Durante más de 25 años, los dirigentes de Venezuela han abusado de sus posiciones de confianza pública y han corrompido a instituciones que antes eran legítimas para exportar toneladas de cocaína".

En los libros de historia del futuro, el nombre de Donald Trump aparecerá junto a aquellos de otros presidentes que definieron la política estadounidense respecto a todo el continente americano. Una lista que comienza hace 200 años, con el nacimiento de la famosa doctrina Monroe.

En las últimas horas se ha producido un sorprendente cambio de tono de la hasta ahora vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, respecto a Estados Unidos. La actual "presidenta encargada" ha rebajado considerablemente el tono contra Washington, coincidiendo con las informaciones que apuntan a que EEUU, tras decir que quería "dirigir" al país una vez secuestrado a Maduro, vería con buenos ojos que sea ella quien releve, al menos por ahora, al heredero de Hugo Chávez en el poder.

Nicolás Maduro declara este lunes ante un tribunal de Manhattan acusado de narcoterrorismo Para defenderse, el presidente venezolano ha escogido a dos letrados conocidos: David Wilkstrom y Barry Pollack.

Es un líder aparatoso a medida para tiempos convulsos. Él es el caos y el caos lo alimenta. Trump ha utilizado los Delta Force para convertir la realidad en una película, y tras capturar al dictador venezolano le ha paseado por las televisiones de medio mundo, primero en avión y después en blindado por las calles de una Nueva York que se le resiste políticamente. El escenario se va aclarando. Tardaremos en tener detalles y en ver el panorama completo, pero las piezas van encajando. El ejército, el mismo que no evitó el asalto ni apareció en las primeras horas, apoya a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. El hermano de la vicepresidenta, Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, se mantienen en el control cívico y militar del chavismo sobre el país. El mensaje de Washington está claro: si cooperan con el acceso de EEUU al petróleo salvarán la piel. Mientras, se pone en marcha la maquinaria legal para juzgar a Maduro. Un proceso que puede augurar otras actuaciones sobre el área de influencia de Washington. Cuando el derecho internacional ya no impera, ¿por qué no actuar sobre Colombia, Cuba, Nicaragua o Panamá?

La operación militar ejecutada por el gobierno estadounidense deja abiertas grandes interrogantes y aclara algunas cosas. Empecemos por decir que el verdadero interés del gobierno de Donald Trump siempre fue tomar el control de las riquezas petroleras de Venezuela. También ha dejado claro en su rueda de prensa en Mar-a-lago, Florida, que los Estados Unidos “manejarán” el país a partir de este momento. Al tiempo que la “extracción” de Nicolás Maduro, como un procesado por narcotráfico, se inscribe como un asunto estrictamente jurídico, sin que tenga validez o consideración política su condición de gobernante de facto de Venezuela.

Durante las horas posteriores a la operación de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, una de las preguntas era cómo había sido posible, teniendo en cuenta el enorme dispositivo de seguridad del presidente venezolano. Este domingo, empezaron a aparecer datos que hacen pensar que los agentes de élite que participaron en la incursión militar provocaron una carnicería. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, informó de que "una gran parte" del equipo de seguridad de Maduro fue asesinado "a sangre fría", aunque no dio una cifra exacta de bajas.