La agricultura catalana no parece encontrar un momento de paz con Bruselas. Después de las manifestaciones de 2024 y la batalla que supuso el año pasado la aprobación del tratado comercial con el Mercosur, el campo del país ha chocado con las propuestas de la Comisión Europea para el marco financiero plurianual —el presupuesto de la Unión— para el período 2028-2034. El proyecto del ejecutivo de Ursula Von der Leyen incluye cambios profundos en la política agraria común (PAC). Unos cambios que no han gustado ni a las entidades del territorio ni al Gobierno, que han escenificado este martes su unidad contra buena parte de los aspectos del proyecto de los Veintisiete. "No estamos de acuerdo con los recortes, ni con la eliminación de los dos pilares, ni con una recentralización de las competencias", ha enumerado el consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, en un acto organizado en la sede del departamento.

La Comisión Europea aprobó el miércoles el reglamento que prorroga hasta 2023 las medidas excepcionales para paliar los efectos de la guerra de Ucrania sobre los mercados (sobre todo el de cereal) y afrontar una posible emergencia alimentaria en el continente. Se trata de medidas solicitadas por Estados miembros de la Unión Europea (entre ellos, el español) que derogan la obligación de los labradores de practicar la diversificación y las rotaciones de cultivos y de dedicar un 4% de tierra al barbecho.