El escándalo por la adjudicación de vivienda protegida en Alicante no deja de crecer. A la polémica por el hecho de que una promoción inmobiliaria haya beneficiado hasta a cinco cargos del PP, diversos empleados del consistorio y la Generalitat, se suma la circunstancia de que en el edificio residen más de una decena de familias con diversos miembros a los que se les ha concedido pisos. Entre ellos hay, incluso, tres hermanos y dos primos con edades de entre 18 y 24 años, un dato especialmente llamativo, dado que los primeros trámites del proyecto se remontan al 2018, lo que habría obligado a su inscripción con 14 o 15 años.

Un piso para la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; otros para ambos hijos y el sobrino de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman; otros dos para el arquitecto municipal Francisco Nieto y la esposa del jefe de gabinete de la conselleria de Turismo, Miguel Ángel Sánchez; y, por último, para la mujer del técnico de la conselleria de Vivienda que validó los expedientes. Éste es el balance provisional de la polémica adjudicación de viviendas públicas protegidas entre varios cargos del Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana.

El Ayuntamiento de Alicante cruzará los datos de los adjudicatarios de las viviendas públicas con los de la actual plantilla de funcionarios para saber si algún empleado más está relacionado con la concesión de pisos protegidos a varios cargos municipales. Así lo anunció este martes el concejal de Contratación y Recursos Humanos y dirigente del Partido Popular, Manuel Villar, quien señaló que no pretende llevar a cabo una "caza de brujas", pero quiere aclarar si hay más funcionarios y cargos del consistorio que hayan sido adjudicatarios o que hayan tenido "relación con el procedimiento". Además, detalló que este jueves se hará un pleno extraordinario y monográfico sobre la polémica tal y como habían reclamado los grupos de la oposición.

Polémica en el Ayuntamiento de Alicante por la adjudicación de vivienda pública a varios cargos municipales. La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y la directora general municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, han dimitido por su presunta vinculación con supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas de promoción pública en una zona de la playa de Sant Joan.

Vox tiene entre ceja y ceja debilitar la enseñanza en valenciano. Así lo demuestra el hecho de que la crisis en el gobierno municipal de Alicante provocada por el debate del plan de estabilidad financiera del consistorio se haya resuelto con la aprobación de un decálogo de medidas que incluyen iniciativas sin relación alguna con el ámbito económico como la aprobación de una declaración institucional que reclame a las Cortes Valencianas que modifique la ley de uso y enseñanza del catalán.

Una explosión este mediodía en una fábrica de un polígono del municipio valenciano de Ibi, en la comarca del Alcoyano, ha dejado al menos tres muertos y siete heridos, tres de ellos de mucha gravedad, según las primeras informaciones del Consorcio Provincial de Bomberos y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias. Se trata de una nave de la empresa Climber, en el polígono industrial de Alfàs, que produce poliestireno expandido, lo que se conoce coloquialmente como corcho blanco.

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 17 años como presunto autor del asesinato de una niña de 15 años este domingo por la noche en la costa de Orihuela, en Alicante. Según informó el cuerpo policial este lunes, todo indica que el chico era la expareja de la víctima. La chica había decidido dejar la relación hacía poco tiempo.

El Ayuntamiento de Alicante llevará a la Fiscalía al creador de contenidos Nil Ojeda por haber realizado una campaña publicitaria que animaba a fingir ahogamientos en las playas de la ciudad. Además, pedirá el cierre de sus perfiles en las redes sociales, así como el de las personas y empresas que han participado en la campaña.

El Partido Popular de Alicante ha pactado con el grupo municipal de Vox los presupuestos para 2024 en un acuerdo que incluye la petición de la formación de ultraderecha para que en la ciudad se eviten las multas a los vehículos que no cumplan las exigencias de la zona de bajas emisiones (ZBE).

El PP i Vox han arribat a un polèmic acord per deixar sense efecte la zona de baixes emissions (ZBE) a la ciutat d'Alacant, crear una oficina antiokupes i una altra per ajudar dones embarassades "amb dificultats". En un pacte fet públic aquest dimarts, que inclou el suport als pressupostos de la ciutat, les formacions han deixat clar que l'ordenança sobre la mesura mediambiental deixa en els llimbs la seva aplicació perquè no implicarà cap sanció a partir d'ara. El seu objectiu és evitar "restringir els drets fonamentals" dels ciutadans i "protegir l'economia local".

Una oleada de calor récord agravado por la descarga de tormentas secas continúa poniendo contra las cuerdas al País Valenciano y a Aragón. Si ayer sábado una fuerte ventolera provocó la tragedia en el Medusa Music Festival de Cullera con la muerte de un joven y más de cuarenta heridos por la caída de uno de los escenarios, este domingo el peligro se centra en los incendios forestales.