"El acatamiento de la sentencia significa su íntegro cumplimiento", expresaba el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en octubre del 2019 después de hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Procés. Con aquella frase, Sánchez cerraba la puerta a la posibilidad de indultar a los líderes independentistas condenados, si bien solo un año después empezaría a tramitar la medida de gracia que sería aprobada, finalmente, en junio del 2021. Aquella decisión llevó de cabeza al ejecutivo español, sobre todo al socio mayoritario de la coalición, el PSOE, que a diferencia de Unidas Podemos siempre se había mostrado reticente –Miquel Iceta aparte–. Además, tenía a la derecha encima exigiendo un compromiso explícito de no indultar los presos.