"Con el entendimiento de que el riesgo cero no existe, con la información recopilada hasta la fecha era difícilmente previsible el desenlace fatal del 13 de marzo", dice el informe interno que ha elaborado el departamento de Justicia sobre el asesinato, por parte de un preso, de la cocinera de la cárcel de Mas de Enric. Y naturalmente me lo creo. Los funcionarios de prisiones, consternados, claro, piden que la consejera, Gemma Ubasart, dimita.

Carles Puigdemont anunciará su candidatura en la presidencia de la Generalitat este jueves a las 7 de la tarde, en una conferencia en Elna, en el Rosellón, a 38 km de La Jonquera, en un mensaje implícito de que todavía no puede decir “Ya estoy aquí” pero sí puede decir "Casi estoy aquí".

La tregua que los funcionarios de prisiones han dado este domingo a los centros penitenciarios volverá a ponerse a prueba este lunes. Tras levantar el sábado por la noche el bloqueo de Quatre Camins y Wad-Ras para permitir que el domingo las visitas a los internos pudieran llevarse a cabo con normalidad, los sindicatos ya alertaron de que su intención era recuperar las protestas este mismo lunes. Esta mañana, la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, les ha avisado de que la situación vivida a las puertas de las prisiones "no se puede repetir" y les ha instado a sentarse en la mesa de negociación. Si no, ha alertado, "todos los escenarios están sobre la mesa". También el de una intervención de los Mossos y el de una denuncia por vulneración de derechos de los presos.

Las cárceles catalanas han vivido un día de protestas generalizadas a raíz del asesinato de una cocinera en el centro penitenciario Mas Enric por parte de un recluso que acabó suicidándose. Se trata de un episodio muy trágico, del que no existen precedentes en democracia, y que debe investigarse para determinar qué falló en los protocolos de seguimiento de los presos y las condiciones de seguridad en las prisiones. Se puede entender la rabia y la impotencia de los funcionarios de prisiones, y ahora más que nunca deben escucharse sus reivindicaciones, pero ahora la prioridad no debe ser pedir la dimisión de la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, o el secretario de servicios penitenciarios, Amand Calderó, sino esclarecer los hechos para identificar los errores que se hayan podido cometer y comprobar si ha habido algún tipo de negligencia.

El consejo de ministros aprobó ayer una ley que reordena el servicio de justicia para hacerlo más eficiente y que incluye la reconversión de los actuales juzgados de paz en oficinas de justicia y la creación de nuevos juzgados de instancia en cada partido judicial, según explicó el ministro de Justicia, Félix Bolaños. En Catalunya el cambio afectará a los 898 juzgados de paz repartidos en los 947 municipios del país. Sin embargo, la Generalitat pretende blindar la figura de los jueces de paz por su papel clave en “la justicia de proximidad, la mediación y la gestión alternativa de conflictos”. El ministro de Justicia y la consejera Gemma Ubasart se reunieron en la Moncloa el 29 de febrero para acercar posiciones al respecto y el Gobierno es optimista al respecto.

Alcalde, conseller, presidenciable. Hay pocos papeles que Quim Nadal (Girona, 1948) no haya tocado en los últimos 43 años, y ahora, cuando ya parecía retirado, ha aceptado afrontar una nueva etapa como titular de la conselleria de Universidades. Cuando Nadal entró en política apenas se acababa de instaurar la democracia –Pere Aragonès todavía no había nacido– y, durante 23 años, fue alcalde de Girona, reconocido por la reforma del Barri Vell. Con las mayorías absolutas conseguidas, se fue haciendo un hombre fuerte en el PSC y en 1995 incluso fue candidato a president de la Generalitat. En 2002 dejó la alcaldía de Girona y, un año más tarde, el president Pasqual Maragall lo fichó como responsable de Política Territorial y portavoz del Govern del tripartito. José Montilla lo mantuvo en su ejecutivo, con la misma cartera, hasta 2010.